Otra denuncia penal contra el presidente Milei

La realizó ATE e involucra a todos los que firmaron el DNU. Comenzaron los despidos masivos en el Estado nacional

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció penalmente al presidente Javier Milei y al resto de los funcionarios involucrados en la redacción del megadecreto por los delitos de” abuso y usurpación de autoridad y de traición a la Patria”. No es la primera denuncia penal que recae sobre el primer mandatario. Con anterioridad, organizaciones civiles y el constitucionalista Gil Domínguez, respectivamente, también recurrieron al devaluado Poder Judicial en busca de poner límite ante un decretazo inédito en la historia nacional que promete, además de dañar en términos económicos y sociales a la población, perjudicar el andamiaje institucional que se verá resentido.

“La ley penal vigente en nuestro país castiga a todo funcionario que dicte una resolución contraria a la Constitución y las leyes. En este caso, la conducta tanto del Presidente como de todas aquellas personas involucradas en la redacción del DNU se encuentran encuadrados en este accionar”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato, quien firmó la denuncia.

El dirigente indicó que “por más que se trate del Presidente, no puede arrogarse facultades extraordinarias o pretender la suma del poder público. Eso también está penado”, apuntó.

 “No sólo estamos frente a un caso de abuso de la autoridad, sino que además el Ejecutivo pretende arrogarse facultades propias de los otros poderes. Por eso el delito también podría ser tipificado como una usurpación de título”, agregó Aguiar.

En este sentido, el dirigente concluyó: “Luego de hacer un estudio pormenorizado con todos nuestros asesores jurídicos y bajo el convencimiento que las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo que están afectando a toda la ciudadanía son ilegales, hemos decidido hacer esta presentación”.

Por otra parte, y siempre como efecto buscado por el DNU, el gobierno anunció el despido de los primeros 7000 trabajadores del Estado nacional. Se trata de personal contratado durante el último año. Muchos de los y las contratadas vienen trabajando en el Estado desde hace años. No obstante, el gobierno, en esto de ir contra la “casta”, despide, no renueva contratos laborales.