Boulogne: de mendigos a millonarios golpistas; de Nisman a Cristina

Se trata de Jonathan Morel y Leonardo Sosa, integrantes de la agrupación ultraderechista Revolucione Federal impulsores de discursos y acciones de odio que desembocaron con el atentando a la vicepresidenta. Letargo del Poder Judicial, silencio opositor.

La carpintería de Morel, que en realidad parece una invención, ubicad en M. Rodríguez 141. Rossana Caputo paso por ahí y quedó deslumbrada por la carpintería, argumento la empresaria

Por: Tano Armaleo.- A esta altura del partido, y con una investigación judicial que parece moverse al compás de una muy tenue brisa frenada por un Poder Judicial que parece no querer avanzar con la contundencia que el caso amerita, el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reúne mayores imprecisiones que certezas. La certeza de saber que un carpintero de Boulogne, Jonathan Morel, paso de la noche a la mañana, de ser un indigente fiscal ser millonario. Recibió, por parte de Rossana Caputo hermana de Luis “Toto” Caputo, ex ministro de finanza de Macri y primo hermano de Nicky Caputo, “hermano del alma” del ex presidente, 13 millones de pesos para la realización de mesitas de luz para ser destinada a un complejo habitacional en Vaca Muerta. Nunca antes, Morel, había tenido actividad comercial alguna. Lo Nuestro estuvo en el lugar intentando recabar datos sobre la actividad del joven carpintero financiado por empresarios del entorno de Mauricio Macri.

Al igual que tantos otros barrios de Boulogne, la carpintería de Morel pasa inadvertida dentro de un contexto en que la actividad comercial, en esa cuadra, brilla por su ausencia. Vecinos consultados por Lo Nuestro coincidieron en manifestar que “nunca vieron movimiento” en el local. Local, dicho sea de paso, donde supo funcionar un Centro de Jubilados, visitado en su momento por Mauricio Macri.

Detrás de Morel está construcción de un espacio (Revolución Federal) de la ultraderecha nacional basada en el odio y la persecución. El financiamiento, continúan siendo un misterio al que cada vez se le van sumando nuevos indicios de alarma. En uno de los allanamientos que se realizaron el jueves pasado por orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi, hallaron cerca de 50.000 dólares que pertenecerían a Leonardo Sosa, uno de los fundadores del grupo que saltó a la fama por arrojarle antorchas encendidas a la Casa Rosada y por pedir bala para los kirchneristas.

Mientras la justicia los investiga, Sosa, Morel, Gastón Guerra y Sabina Basile continuarán detenidos ya que el juez les rechazó la excarcelación. Al igual que el resto de los implicados, Sabag Montiel, y Brenda Uliarte continúan detenidos.

Paralelamente a este panorama, el Poder Judicial, sintetizado en la Corte Suprema de Justicia, no parece dispuesta en acompañar y reforzar la investigación judicial. Si para el caso AMIA se cero una unidad judicial especial, es indudable que por la gravedad institucional que el atentado contra la vicepresidenta merece, resulta más que oportuno concentrar mayores esfuerzos y recursos que en dejar en soledad a una jueza o un juez.

Si el letargo del poder judicial es significativo, no menos llamativo resulta el silencia de Juntos por el Cambio. Cuando el inconsistente y desprolijo fiscal Alberto Nissman se suicido, JxC sacó redito armando, inventando, junto a medios de comunicación, que detrás de aquel suicidio, en realidad, estaban las manos del gobierno de Cristina Fernández. Ahora, no sólo pisan la investigación judicial. También argumentan que todo fue un autoatentado.