No es la “Maldita Policía”, estúpido

Desde 1983, cuando la dictadura dejó a una Institución corrida y con las manos ensangrentadas, a la fecha, es mucho lo que se ha intentado por recuperarla, hacerla confiable. Sin embargo, a base de insistir con más uniformados, más móviles y más destacamentos, la población continúa padeciendo la falta de un plan estratégico y de largo plazo en materia de seguridad.




Por: Tano Armaleo.-Muchas han sido las acciones políticas, desde 1983 a la fecha, para lograr una adecuada seguridad en la provincia de Buenos Aires. En todos estos años, fueron pocos los cambios dentro de Policía de la Provincia procurando obtener una Institución altamente profesional, eficiente y alejada de fuertes bolsones de corrupción. A 38 años de una dictadura que dejó marca imborrable dentro de la Policía, y las consabidas en la población -además de los 30 mil desaparecidos-, sin temor a exagerar, se podría inferir que el problema continúa siendo el mismo. La Institución policial, por múltiples motivos, no logra ser reconocida como una fuerza que genere seguridad y empatía en la población. No es una fuerza confiable.

El problema no se limita a cuestiones policiales. Muy por el contrario: es político. Fallan las decisiones políticas.

En esto 38 años, y sin ánimo de denostar o cuestionar las intencionalidades, lo cierto es que la dirigencia política, en general, se ha mostrado más preocupada en atender los titulares de prensa que en buscar soluciones de fondos. Se insiste con las mimas receta: más policías, más móviles, más destacamentos, y decenas de varios más. En algún momento, la política debiera intentar plantear, planificar otro recorrido. Aun a costa de que esto lleve a generar rechazo por parte de la población, y de quienes están detrás del millonario negocio que significa la seguridad.


No se trata de plantear la falacia de “inseguridad cero” como en tiempos recientes se vendió el falso relato de “pobreza cero”. Se trata de analizar y consensuar un nuevo modelo en que la educación, la cultura, el deporte y contención le gane a los parches, al oportunismo político y a los titulares.

Si la Bonaerense en una fuerza mal entrenada, sin preparación científica y humanística, no menos cierto es que la falta de prevención de delito no es moneda corriente.

Otra fuerza, peligrosa y sin control serio y responsable por parte del Estado, la constituye la seguridad privada que pulula en las esquinas, barrios cerrados y empresas. En 1983, cuando asume el radical Alejandro Armendaríz la gobernación, la cantidad de efectivos rondaban los 28 mil. Era una Institución viciada, en su mayoría, por la impronta dictatorial del general Ramón Camps detenido por crímenes de lesa humanidad. Hoy, la cifra se acerca a los 90 mil efectivos.


En todos estos años se han llevado adelante infinidades de modificaciones institucionales dentro de la fuerza. Se ha pasado a disponibilidad y eyectado a miles de uniformados por actos de corrupción y, sin embargo, la realidad, ante los ojos de la población, es que la inseguridad se incrementó exponencialmente. Aun cuando las estadística oficiales indican lo contrario.

"Ante el crecimiento exponencial de denuncias efectuadas contra funcionarios policiales y la cada vez más complicada gestión provincial en materia de seguridad, Duhalde envió a la legislatura provincial, a fines del mes de julio del 1996, un proyecto de ley que ponían en disponibilidad a los 47.000 agentes que componían a la bonaerense por el lapso de un año. Según pudo explicar un diario que hacía mención de la noticia (Clarín, 10.09.1996), este recurso permitiría hacer relevos, disponer retiros y jubilaciones, con el fin de' llevar adelante el proyecto de reestructuración”, el texto es parte de una reconocida tesis doctoral presentada en la UBA por Fernando Righini y dirigida por el licenciado Ricardo Ohoka. El trabajo lleva varios años y se lo puede consultar por internet.


“El 19 de diciembre de 1997, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, promulgó el decreto 4506197 (SOLETIN OFICIAL, 31.12.1997) a través del cual dispuso lila intervención de la Poüct« Bonaerense a los efectos de su reorganización" y estableció el plazo máximo de dicha intervención en noventa días. A su vez, esa misma jornada, mediante otro .decreto, el 4508197 (BOLETIN OFICIAL, 31.12.1997), designó al Dr. Luis Lugones, como 'interventor de la Policía Bonaerense". Lugones fue el primer jefe civil de la Bonaerense en más de 30 años, antes de ocupar ese cargo, fue diputado provincial, participó en la comisión que redactó el nuevo' Código de Procesamiento Penal y presidió como diputado la comisión de investigación del caso Cabezas (La Nación, 28.03.1997)” describe, en otra parte de su tesis, Fernando Righini.

Según el plan, se proponía fraccionar a la estructura de la Policía Bonaerense y organizar un nuevo sistema policial sobre la base de una serie de puntos concretos previamente establecidos. Los puntos más sobresalientes fijaba: La creación de una Policía de Investigaciones, encargada de la investigación criminal en colaboración con la Policía Judicial· ya creada por medio de la ley de Ministerio Público. El fortalecimiento de la Policía Judicial mediante el traspaso de los cuerpos técnicos y periciales de la actual policía. La creación de un conjunto de "Policías de Seguridad a la Comunidad de base Departamental", estructurada en cada uno de los 18 departamentos 43 judiciales existentes en la provincia de Buenos Aires y encargadas de la prevención del delito y del mantenimiento de la 'seguridad pública; La creación de un nuevo cuerpo de seguridad encargado del "traslado detenidos" y de su custodia preventiva"; La creación de una Policía de Tránsito Autónoma" encargada de la seguridad vial.


Desde la coalición conformada por el UCR-Frepaso, en 1999 sumaron las críticas en materia de seguridad. Los principales candidatos de este frente, aseguraron que la gestión del gobernador Duhalde “era el culpable de la ola delictiva en el conurbano" (Clarín, 21.04.1999). Además solicitaron la renuncia del ministro Arslanian, titular de la cartera en materia de seguridad y responsable en gran parte de los cambios realizados en este sentido en la provincia de Buenos Aires. Melchor Posse, candidato a vicegobernador, sostuvo que las políticas implementadas eran "un rotundo fracaso", a pesar que las leyes en este sentido aprobadas por la legislatura provincial contaron con el voto positivo de los diputados y senadores de esta fuerza.


El 27 de mayo de 1999, la legislatura provincial promulgó la ley 13.202, dando inicio a la creación de la Policía de Buenos Aires 2, basada en patrones de descentralización y escalafón único. Esta nueva policía era independiente del resto de las fuerzas provinciales y nacionales existentes, pero conformante del sistema de seguridad provincial y dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.


“El objetivo con la creación de la presente fuerza de seguridad es, que por medio de su estructura desburocratizada, se tuviese un accionar más rápido y ágil, poniendo más énfasis a tareas como prevención, disuasión y conjuración del delito”, describe Righini. Y agrega: esta nueva fuerza no alojaría detenidos, ni tomaría denuncias por escrito, lo que le permitiría tener una mayor disponibilidad de recursos humanos para las tareas de policiamiento básicas. Esta fuerza debía estar afectada a los partidos del Gran Buenos Aires, por su compleja realidad en materia de seguridad y al alto número de delitos registrados.

También se dio forma institucional a los denominados Foros de Seguridad. Una instancia en que la comunidad civil podía tomar contacto con el trabajo cotidiano de la policía. Como era de esperar, la iniciativa fue resistida por los uniformados al verse sometidos al control ciudadano. Los intendentes, que debieran dar lugar a los Foros, fueron los primeros en esquivarlos.

Pasaron 38 años, millones de recursos económicos fueron y son volcados en comisarías y en miles de uniformados, y a la luz de los acontecimientos, los resultados no son los esperados por la población. En estos 38 años, la dirigencia política continuó con los mismos métodos; y más preocupada en atender la tapa de algunos medios que en dar cabida a un plan estratégico a largo plazo.


Se podrá decir que gobernación de Duhalde, a partir de asesinato del fotógrafo José Luís Cabeza, dio nacimiento a la denominada “Maldita Policía”. Sin embargo, con sus más y menos, la “Maldita Policía” nunca dejó de estar en el escenario. Salvo en tiempos de la gobernadora Vidal que, a base de poner millones de pesos de los bonaerenses, logró un blindaje informativo al extremo de presentar la realidad como si no hubiese robos y crímenes. Tanta protección mediática tuvo la policía de Vidal que poco más que parecían niños de jardín de infantes. Bajo dicho paraguas (blindaje informativo), fue que el rimbombante “triple crimen de Gral. Rodríguez” fue facturado a Aníbal Fernández. Operadores periodísticos (entre ellos Jorge Lanata) debieron, fallo judicial mediante, explicar que todo había sido una burda maniobra política con el objeto de proteger al poder macrista de la provincia de Buenos Aires.


Frente a semejante panorama, para quien esto escribe, resulta imperioso cambiar de método. Es decir, ir por más educación, por más cultural, por más deportes, por más atención y contención al adicto. Por más protección laboral al liberado, por mejores cárceles. Es ir por más prevención del delito. Más profesionalidad y capacitación científica y humanística dentro de la Institución Policial. La fórmula, más uniformados, más destacamentos, más móviles, más cámaras y más y más, no han dado los resultados esperados. Salvo para la industria de la inseguridad.


Tal vez, en la necesidad de ganar votos, el discurso facilita de “meter balas” o permitir que la población se arme como propuso la ex Montonera de barrio Norte Patricia Bullrich, lleve a que nadie se anime a cambiar de método. A mirar la política con sentido estratégico, a largo plazo y como política de Estado que incluya a todos los sectores sociales y políticos. La seguridad no es un tema estrictamente policial. La solución es, fundamentalmente política.

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