La reforma laboral libertaria afectará la caja de la ANSES, al jubilado

La reforma laboral no es sólo un ataque a los derechos de quienes trabajan hoy: es el primer paso para vaciar el sistema previsional y condenar a millones a una vejez sin protección.

Columna de Opinión

Por: José "Pepe" Armaleo*

Hay una trampa discursiva que se repite cada vez que se intenta avanzar sobre los derechos laborales: se presenta la reforma como un proceso “moderno”, “técnico” o inevitable. Se habla de productividad, de competitividad, de rigideces del mercado. Pero se oculta lo esencial: la reforma laboral es una pieza central de una estrategia deliberada para vaciar el sistema previsional y apropiarse de su caja.

El sistema jubilatorio no flota en el aire. No es una abstracción contable ni un problema demográfico. Se sostiene sobre una base concreta: trabajo registrado, salarios dignos y aportes regulares. Cuando esa base se erosiona no sólo se precariza el presente de millones de trabajadores, sino que se compromete su futuro. Y ese deterioro no es accidental: es inducido.

La reforma laboral que hoy se impulsa -por decreto, por leyes ómnibus, por fallos judiciales o por la vía de los hechos- tiene un objetivo claro: abaratar el trabajo y debilitar la relación laboral. Para lograrlo se atacan las indemnizaciones, los convenios colectivos, la ultraactividad, la negociación sindical, la estabilidad, las licencias y la protección frente al despido. Se promueve la informalidad “legal”, el monotributo forzado y la figura del trabajador aislado, sin derechos colectivos ni horizonte previsional.

El resultado es conocido y buscado: menos empleo registrado, salarios más bajos, mayor rotación y trayectorias laborales fragmentadas. Con ese esquema, los aportes previsionales caen, las carreras contributivas se vuelven incompletas y el sistema comienza a ser presentado como “deficitario”, “ineficiente” o “insostenible”. No es un error de cálculo ni una consecuencia no deseada: es el camino diseñado para deslegitimar el sistema solidario.

En ese punto queda claro que no hay ingenuidad ni improvisación. Primero se desfinancia el sistema; después se lo señala como el problema. La destrucción de la base contributiva es la condición necesaria para justificar la privatización. La reforma laboral no conduce involuntariamente a ese desenlace: lo prepara y lo legitima.

Lo que sigue ya lo conocemos. Se instala la idea de que “no hay plata para jubilaciones”, de que el reparto es una carga para el Estado, de que cada trabajador debe “hacerse cargo de su propio futuro”. El discurso de la responsabilidad individual oculta lo esencial: el traspaso de recursos previsionales desde un sistema público y solidario hacia el mercado financiero. No se trata de mejorar jubilaciones, sino de transformar un derecho en negocio.

La experiencia argentina y regional es contundente. Cuando se privatizó la previsión social no hubo jubilaciones más altas ni mayor seguridad: hubo jubilados más pobres, mayor desigualdad y un sistema capturado por intereses privados. Del mismo modo, cuando se flexibilizó el trabajo no se generó empleo de calidad, sino precariedad estructural. Sin embargo, el mismo libreto vuelve con otros nombres y el mismo objetivo.

En la mesa de los viernes solemos decirlo sin eufemismos: atacar a una parte es atacar al todo. No se puede defender a los jubilados si se destruyen los derechos de los trabajadores activos. No se puede sostener un sistema solidario con un mercado laboral diseñado para individuos descartables, sin estabilidad ni protección colectiva. Y no se puede hablar de futuro cuando el presente es precarización planificada.

Por eso esta discusión no es teórica ni técnica. Es profundamente política. La caja previsional no es un problema de gestión: es el botín. Y la reforma laboral es la herramienta que permite vaciarla primero para quedarse con ella después.

Frente a esto, no alcanza con advertir ni con escribir bien. No podemos hacernos los distraídos. La reforma laboral y el vaciamiento del sistema previsional se enfrentan con organización, con conciencia y con presencia en la calle. El 18, en la Plaza, hay una convocatoria que expresa esa defensa colectiva del trabajo, de las jubilaciones y de un modelo de país que no descarte a sus mayores ni condene a los jóvenes a una vida sin derechos.

Construir el futuro sigue siendo la tarea. Y hoy, construir el futuro también es estar en la Plaza.

"La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse."

*José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro Arturo Sampay y de Primero Vicente López.