La nueva estafa oficial: cortesanos por la claraboya

El presidente dispuso nombrar, por Decreto, dos jueces para integrar la Corte Suprema de Justicia.

Lijo y Mansilla.

Mientras la estafa en criptomonedas avanza en nuevos tribunales internacionales -ahora España-, el gobierno del intolerante, autoritario y violento primer mandatario dispuso nombrar dos jueces para integrar la Corte Suprema de Justicia. Se trata del juez federal Ariel Lijo y el abogado Manuel García Mansilla. Muy a pesar de que en días más se abren las Sesiones Ordinarias en el Congreso, ámbito natural y legal donde deben elegirse los cortesanos, el gobierno prefirió sortear este trámite. Lo hizo tras el fracaso (no reunió los votos en el senado) de nombrarlos como marca la institucionalidad.

Mientras el Decreto presidencial permanezca en vigencia, continuará el trámite administrativo en el Senado.

Más allá de todo lo conocido de ambos nominados, Lijo, seriamente objetado por su apego al denominado lawfair, y Mansilla por ser parte de estudios de abogados que velan por intereses de empresas extractivistas y por ser parte de una Cámara de este rubro, las objeciones a la metodología merecieron el repudio de vastos sectores de la justicia.

Desde juristas como Andrés Gil Domínguez, hasta el radical macrista Ricardo Gil Lavedra han salido a refutar el nombramiento de ambos candidatos. También refutaron la iniciativa gubernamental, desde Mauricio Macri y Elisa Carrió, pasando por el gobernador Kicillof y el senador peronista Mariano Recalde y su par radical Martín Lousteau. También el Partido Obrero y el Frente de Izquierda rechazaron el ingreso de estos dos letrados.

En tanto, fiscales y jueces federales, a través de un chat expresaron “vergüenza” frente a los hechos. Y no dejaron de alarmarse por el "ensordecedor silencio de muchos colegas”. Además manifestaron estar "indignados y desilusionados".

Sólo en la intención de generar distracción ante la denuncia que investiga la estafa donde los hermanos Milei aparecen seriamente preocupados, o tener una Corte adicta que garantice impunidad frente a actos corrupción, se comprende tanto apresuramiento y destrato institucional y desapego a la ley por parte del gobierno nacional.