Galmarini sobre la extranjerización de tierras: sospecha y se pregunta si los cortesanos no fueron parte de un gran negociado

Entiende que entre los dos fallos, emitidos en menos de 30 días, existió una ventana que bien podría haber sacado varias escrituras demoradas en el Registro Nacional de Tierras Rurales.

“El 29/9 la Corte dejó firme la derogación de la Ley de Tierras. El 9/10, la misma Corte la suspendió. Durante 10 días, un extranjero pudo comprar campos, costas de lagos o tierras de frontera sin ningún límite. ¿Qué pasó en esos 10 días?”, escribió el diputado nacional y vecino de San Isidro, Sebastián Galmarini, en referencia a lo que todo el mundo entiende es una contradicción de la Corte Suprema.  

Una Corte, vale recordar, que el 29 de septiembre revocó un fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras Rurales, al considerar que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata no tenía legitimación para impulsar esa demanda. De aquella fecha al nuevo fallo que retrotrae todo a lo aprobado por el Congreso pasaron menos de 30 días. El último fallo emitido el 9 de octubre con anuencia de conjueces, cambió el criterio aplicado en la causa reclamada por el CECIM. El viraje partió de la causa iniciada por una asociación ambiental. En este contexto la Corte suspendió, provisoriamente, los efectos de ese artículo del decreto, por lo que volvieron a regir las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros.

“¿Qué pasó en esos 10 días?”, escribió Galmarini en X.

Y agregó: “No es una pregunta retórica. ¿Había operaciones frenadas en el Registro Nacional de Tierras Rurales esperando que cayera la ley? ¿Alguna se escrituró en esa ventana? ¿Cuántas? ¿Dónde? ¿Quién compró?”.

Dentro de este contexto nacional en que la corrupción institucional parece ser parte de la agenda oficial del gobierno de Milei, el dirigente y referente del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, cuestionó los cambios de criterio de la Corte Suprema de Justicia respecto de la derogación de la Ley de Tierras por el DNU 70/2023. No conforme, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer “si se concretaron operaciones de compraventa de tierras rurales durante los diez días en que estuvo vigente”.

En ese sentido, explicó que el pedido busca determinar “si el Registro dejó de funcionar, si se avisó a los escribanos que ya no había controles, qué solicitudes estaban pendientes y qué operaciones se concretaron en esos días”.

El dirigente señaló que la presentación pone especial atención en “salares de la Puna, Acuífero Guaraní, lagos patagónicos y zonas de frontera”. Y advirtió: “si no pasó nada, que lo muestren con datos. Si pasó, el país tiene derecho a saberlo”.

Galmarini también apuntó contra el mecanismo de vigencia de los decretos de necesidad y urgencia y recordó que la derogación de la Ley de Tierras fue dispuesta por el DNU 70/2023.

“¿Por qué una ley que el Congreso votó en 2011 terminó dependiendo de una cautelar y de dos fallos de la Corte? Porque un DNU la borró de un plumazo en 2023. Y porque ese DNU sigue vigente aunque el Senado ya lo rechazó”, concluyó el dirigente peronista.