Duro fallo de la ONU contra Argentina que impone acción inmediata

El país enfrenta dos desafíos urgentes: garantizar la progresividad de los derechos sociales como la vivienda y proteger los recursos estratégicos frente a privatizaciones y proyectos privados que amenazan la soberanía. Leyes claras son necesarias para que los avances sean permanentes y el interés público prevalezca.

Columna de Opinión

Por: José "Pepe" Armaleo

El reciente fallo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU que protege a seis familias de Ciudad Oculta evidencia lo que la sociedad y la ley deben consolidar: los derechos sociales no pueden retroceder. El Estado argentino tiene la obligación de garantizar la vivienda adecuada y avanzar progresivamente en todos los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), respetando la jerarquía constitucional del PIDESC.

Sin embargo, la vulneración de estos derechos por desalojos ejecutados sin evaluar la vulnerabilidad de los habitantes demuestra la ausencia de un marco legal sólido que proteja a quienes viven en situación de vulnerabilidad. Por eso, urge la creación de una ley nacional de progresividad de los DESC, que incluya la vivienda como derecho fundamental, establezca procedimientos claros de desalojo con alternativas habitacionales, contemple la reurbanización con participación comunitaria y asegure que ningún avance social pueda perderse.

A la par, la reciente ofensiva del Gobierno por privatizar parte de Nucleoeléctrica y abrir la puerta a la empresa privada Open IA para instalar un centro de datos en la Patagonia evidencia que la soberanía sobre recursos estratégicos y tecnológicos también requiere protección legal. La negociación de José Mayans para conseguir los dos tercios necesarios en el Senado y blindar la empresa estatal muestra la importancia de contar con normas claras que regulen la gestión de infraestructura crítica, evitando que decisiones discrecionales pongan en riesgo el interés público y la seguridad nacional.

Estos dos casos, aunque distintos, comparten un mismo principio: la necesidad de que el Estado actúe como garante de derechos y recursos estratégicos, estableciendo marcos legislativos que aseguren progresividad, participación y protección frente a retrocesos o privatizaciones prematuras. Ya sea para proteger el derecho a la vivienda o para resguardar la soberanía energética y tecnológica, la ley es la herramienta que garantiza que los avances no dependan de decisiones aisladas o de la discrecionalidad del Ejecutivo, sino que se institucionalicen y se consoliden en beneficio de toda la sociedad.

En definitiva, elaborar leyes que protejan derechos sociales y recursos estratégicos es avanzar hacia un Estado responsable, soberano y comprometido con el bienestar de la población, asegurando que la progresividad de los derechos y la defensa del interés público sean obligaciones permanentes.

"La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse."

José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro Arturo Sampay y de Primero Vicente López.