DNU presidencial promete dañar valores democráticos al darle mayor poder a la SIDE

La ultraderecha gobernante centralizó la conducción del sistema de inteligencia dejando abierta la puerta al control de políticos, periodistas o personas físicas sin la debida intervención judicial. Duro rechazo de amplios sectores políticos.

Cuando todavía la población no terminaba de digerir los nuevos tarifazos, el Gobierno nacional se despachó este viernes, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, con una amplia reforma de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, con cambios estructurales en la organización, funciones y conducción del sistema. Es decir, el gobierno metió mano a la oscura Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que de este modo modifica de manera sustancial su funcionamiento. Una medida que empodera, según se desprende del nuevo organigrama de la SIDE, la interna en Casa Rosada: mayor poder a Karina Milei. Pero, sobre todo, promete dañar valores democráticos al darle mayor poder a la SIDE, entienden quienes desde distintos ámbitos legislativos salieron a cuestionar el DNU del presidente Milei.

Según se interpreta del texto DNU, se habilita la persecución a dirigentes, activistas y periodistas opositores, sin la debida intervención judicial del caso. También reduce el control del Congreso y reorganiza las competencias que incluye, entre otros puntos, la separación entre las áreas de ciberinteligencia y ciberseguridad. Esta última área quedará bajo la Jefatura de Gabinete, que comanda Manuel Adorni, que responde a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

El decreto crea la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), integrada por ministerios y organismos públicos que, sin producir inteligencia en sentido estricto, aportarán información relevante para el análisis estratégico nacional. Entre ellos figuran los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia, Seguridad Nacional, el Registro Nacional de las Personas, la Dirección Nacional de Migraciones, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Dirección General de Aduanas, entre otros.

"El Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU. La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie. Defendamos la libertad, pero la de verdad", explicó el diputado socialista Esteban Pauló (Provincias Unidas).

Desde la Coalición Cívica señalaron que el decreto es una herramienta para el “espionaje político”, ya que define de manera ambigua las amenazas a la seguridad nacional. Desde el mencionado bloque parlamentario solicitarían la inmediata intervención de la Comisión Bicameral de Inteligencia alertados por el riesgo que depara el DNU para el ciudadano. .

Para el diputado Leopoldo Moreau estas modificaciones “obligan a toda la administración nacional y provincial a transformarse en delatores de la oposición política. Es un claro retroceso democrático”.

El Centro de Estudios Arturo Sampay de Zona Norte e integrante del espacio Primero Vicente López, también se refirió al DNU al considerar que “es claramente un retroceso en materia de calidad institucional y valores democráticos; desgraciadametne tenemos un gobierno que degrada”.

En tanto el diputado de Fuerza Patria, Jorge Taiana, aseguró que el DNU "subordina la inteligencia militar al área de seguridad, dando un paso más en convertir a las Fuerzas Armadas en un auxiliar de las fuerzas de seguridad". Según sostuvo el también exministro y actual diputado, "se avanza así en el objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional, como impulsan desde hace años desde el Comando Sur".