Defender el agua es defender la vida

Mientras el agua contaminada envenena pueblos y el gobierno intenta privatizar su acceso, urge construir una nueva política hídrica nacional: con control público, participación popular y una mirada ambiental que enfrente al agronegocio, al extractivismo y a los negociados.

Columna de Opinión

Por: José "Pepe" Armaleo- Hipólito Covarrubias*

En Lobos, la Justicia ordenó instalar centros de distribución de agua potable por la presencia de arsénico y agrotóxicos en el agua corriente. Al mismo tiempo, el gobierno nacional avanza con la privatización total de AySA, habilitando tarifazos, cortes por deuda y pérdida de control público. El contraste es brutal: cuando el agua se convierte en mercancía, el derecho se transforma en privilegio.

La lucha de los vecinos de Lobos, respaldada por el fallo judicial, es una muestra concreta de lo que está en juego. Como denunció una de las amparistas, Florencia Polimeni: “nadie en Lobos puede seguir tomando una gota de agua envenenada”. Lo que ocurre allí refleja un patrón más amplio: ausencia de controles, avance del agronegocio sobre zonas habitadas y exposición cotidiana a sustancias tóxicas como el glifosato, sin respuesta estatal.

Argentina necesita una nueva política hídrica nacional, pública, federal, participativa y ambientalmente responsable. Una política que supere la fragmentación institucional y el enfoque sectorial, y que incluya con claridad que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano fundamental.

Este cambio de paradigma exige también transformar la forma en que concebimos la relación entre naturaleza, Estado y comunidad. Y Argentina no parte de cero: fue precursora regional con la creación de ACUMAR, un ente interjurisdiccional con competencias para planificar, controlar y ejecutar políticas en la cuenca más degradada del país. Reconocida por la Corte Suprema en el fallo Mendoza, la experiencia de ACUMAR demuestra que es posible construir institucionalidad democrática para el manejo del agua como bien común. Ese modelo debe ser fortalecido y extendido.

Pero no alcanza con la institucionalidad. La nueva política debe proteger todos los recursos hídricos, regular su uso en función del bien común y establecer límites frente a toda forma de contaminación, ya sea por agrotóxicos, por la minería o por la explotación petrolera no convencional.

En este marco, reconocer a los recursos hídricos como sujetos de derecho, no es una curiosidad jurídica. Es un acto de soberanía y justicia intergeneracional. Es el inicio de una nueva ética del cuidado, que desafía la lógica de saqueo y mercantilización de los bienes comunes y apuesta por otro modelo de desarrollo, con equidad y protagonismo social.

El agua no es mercancía: es vida. El agua no se vende. El agua se defiende. Desde cada barrio, cada cuenca y cada cuerpo afectado. Porque sin agua no hay futuro posible.

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“La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse”.

*José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro Arturo Sampay y de Primero Vicente López, en colaboración con Hipólito Covarrubias, Militante e integrante del Centro de Estudios de la Realidad Social y Política Argentina Arturo Sampay y de Primero Vicente López.