De los derechos sociales al mercado sin límites gracias a un gobierno cómplice

Bajo el discurso de la eficiencia, el gobierno impulsa una contrarreforma que precariza el trabajo, debilita la seguridad social y fortalece al capital concentrado. La discusión no es técnica: es de clase. Y también es interna.

Santilli, "Karina3%" y Adonri festejando la media sanción de la reforma laboral

Columna de Opinión

Por: José “Pepe” Armaleo*

Cada época tiene su eufemismo. En los años noventa fue la “flexibilización”. Hoy la llaman “reforma laboral”. Pero detrás del lenguaje técnico y las promesas de modernización se esconde lo mismo de siempre: una transferencia regresiva de poder y de ingresos desde el trabajo hacia el capital.

No estamos frente a una actualización normativa pensada para los desafíos del siglo XXI. Estamos ante un cambio de paradigma. Lo que se presenta como incentivo a la inversión es, en realidad, el debilitamiento de derechos conquistados tras décadas de organización, huelgas, persecuciones y lucha. La reducción de indemnizaciones, la ampliación de períodos de prueba, la fragmentación contractual y la desresponsabilización empresaria no son innovaciones neutras: son herramientas destinadas a disciplinar al trabajador y abaratar el costo laboral en beneficio de quienes concentran la renta.

Pero esta reforma no puede analizarse en forma aislada. Forma parte de un programa económico más amplio: desfinanciar progresivamente el sistema previsional, erosionar el salario real y consolidar una transferencia masiva de recursos hacia los sectores concentrados. Menos aportes, más informalidad y menos contribuciones patronales no sólo precarizan el presente; hipotecan el futuro de millones de jubilados. Cuando se debilita el empleo formal, se debilita la caja previsional. Y cuando se debilita la caja previsional, el paso siguiente es el ajuste sobre los haberes.

El círculo es evidente: precarizar hoy para justificar el recorte mañana.

En ese contexto, no resulta anecdótico que el ministro de Economía declare con naturalidad que sólo se viste con ropa importada. No es una frase frívola ni un desliz. Es una definición cultural y política. Expresa un modelo que desprecia la industria nacional, que asume como virtud el consumo externo y que revela, sin disimulo, la pertenencia a un sector social que no depende del mercado interno ni del salario argentino para sostener su nivel de vida.

No es un error comunicacional. Es coherencia de clase.

El actual gobierno no improvisa: responde de manera consistente a los intereses del sector que representa. Gobierna para quienes viven de la renta financiera, de la especulación, de la importación irrestricta y de la valorización de activos, y algún otro sector, por caso, minero, energético y/o

agroganadero. Para ellos, el salario es un costo; la jubilación, un gasto; el derecho laboral, un obstáculo. En esa lógica, el “orden macroeconómico” no es otra cosa que la subordinación del trabajo a la acumulación concentrada.

La pregunta entonces no es sólo qué hace este gobierno. Eso está claro. La pregunta es qué hace el campo popular frente a esto.

La crisis del progresismo en general -y del peronismo en particular- no es únicamente electoral: es estratégica. Durante años se administró el conflicto social sin resolver su raíz estructural. Se ampliaron derechos y consumo en determinados ciclos, pero no siempre se consolidó una arquitectura de poder capaz de resistir el avance de los sectores concentrados cuando recuperaran iniciativa.

Hoy esa iniciativa está en marcha.

El peronismo nació para representar al trabajo (al Hombre) frente al capital concentrado. Si pierde esa centralidad, pierde su razón histórica. No alcanza con denunciar el ajuste; hace falta reconstruir un programa que vuelva a poner en el centro la producción, el empleo registrado, el fortalecimiento de la seguridad social y la defensa irrestricta del mercado interno.

Y también hace falta asumir con honestidad política que el gobierno logró dar media sanción a este proyecto con el voto favorable de algunos legisladores que se reivindican peronistas. Eso no puede pasar desapercibido como si nada ocurriera.

Cuando se acompañan iniciativas que lesionan derechos laborales históricos, no estamos ante una diferencia menor de táctica parlamentaria, sino ante una discusión de identidad y de representación. Si el peronismo pretende volver a ser alternativa real para las mayorías trabajadoras, debe ordenar su coherencia interna y fijar con claridad de qué lado está.

La reforma laboral no es el inicio de un ciclo virtuoso. Es el intento de cerrar un ciclo histórico de conquistas sociales. Y vale decirlo con claridad: desde el peronismo nunca nos opusimos a debatir una reforma laboral de cara al siglo XXI, que incorpore nuevas realidades productivas, tecnologías y formas de organización del trabajo sin resignar derechos. Lo que rechazamos es una contrarreforma que nos retrotrae al siglo XIX, donde el trabajador queda librado a la voluntad unilateral del empleador y el mercado se erige como único regulador de la vida social.

No estamos discutiendo eficiencia económica. Estamos discutiendo poder.

Y cuando el poder se redistribuye hacia arriba, la democracia se vacía hacia abajo.

La historia argentina enseña que los derechos laborales nunca fueron concesiones graciosas: fueron conquistas colectivas. Y cada vez que el trabajo se desorganizó o la política popular se desorientó, esos derechos fueron puestos en cuestión (para no decir que están siendo pisoteados).

Si el gobierno expresa con claridad el interés de su clase, el peronismo debe decidir si vuelve a expresar, con la misma claridad, el interés de la suya.

"La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse."

*José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro Arturo Sampay y de Primero Vicente López.