Vidal: frente abierto con Macri e intendentes
Por el presupuesto y autonomía municipal
No es ningún secreto que la relación de la gobernadora Vidal con el gobierno nacional, desde hace un tiempo a esta parte, atraviesa un camino escarpado. En el medio de la tensa calma, aparece el tema del presupuesto provincial 2019 sobre el cual la gobernadora carga con la pretendida transferencia que la Nación le realiza a las provincias (transporte, agua por caso), que derivaría en mayores erogaciones por parte de los Estados provinciales; Buenos Aires no es la excepción. Además, Vidal le reclama que Macri le garantice 19.000 millones de pesos a modo de compensar al Fondo del Conurbano. Si esto de por sí resulta una alquimia compleja de trabajar para las autoridades provinciales, el otro frente es el que tiene abierto con intendentes opositores. Tanto Justicialistas, como algunos Renovadores.
Ayer, cerca de 30 jefes comunales de la provincia de Buenos Aires pertenecientes al peronismo se reunieron con legisladores bonaerenses, objetaron la intromisión de la Ley de Leyes en la autonomía de los municipios, exigieron su reformulación y que el recorte de nación a provincia en materia de subsidios, por caso en transporte, no recaiga en los municipios. De ser así, no pocos distritos terminarán pagando boletos muy por arriba de los $40.
Los intendentes consideraron (ayer) que la ley de leyes representa una “intromisión en la autonomía de los municipios” y establece “recortes inadmisibles en áreas clave”. Según expresaron a través de un comunicado, “los intendentes peronistas nos oponemos al proyecto de presupuesto 2019 presentado por el Gobierno de la provincia y exigimos su reformulación”.
También rechazaron el traspaso de los subsidios a la tarifa social eléctrica, el transporte y los cargos de la Ceamse. “La gente vota a los intendentes para que gobiernen los Municipios. ¿Cómo vamos a hacerlo si tenemos cada vez menos recursos y más trabas para hacerlo?”, indicaron, al tiempo que cuestionaron el tope para el aumento de las tasas municipales, ya que consideran que “la disposición lesiona aún más la autonomía en un escenario de absorción de obligaciones sin precedentes”.
