Voces de Zona Norte se suman al rechazo del proyecto de "Ficha Limpia"

El Centro de Estudios para la Realidad Social y Política Argentina “Arturo Sampay” de Zona Norte funda su rechazo en cuestiones jurídicas y políticas.

(Foto NA) El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, gran impulsor del proyecto, es investigado por no poder justificar millonario patrimonio en dólares y propiedades en el exterior, ampliar información en siguiente link: Corrupción oficial

El Centro de Estudios para la Realidad Social y Política Argentina “Arturo Sampay” de Zona Norte expresa su absoluto rechazo al tratamiento del proyecto de ley conocido como "Ficha Limpia" en la Cámara de Diputados, el cual constituye una preocupante amenaza al Estado de Derecho y a los principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional. Bajo la apariencia de una iniciativa para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción, el proyecto pretende imponer una restricción arbitraria a los derechos políticos de los ciudadanos, desconociendo principios esenciales como la irretroactividad de la ley y la presunción de inocencia.

El Principio de Irretroactividad de la Ley

Nuestra Carta Magna establece de manera inequívoca en su artículo 18 que "ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso". La irretroactividad de la ley penal, así como de cualquier normativa que imponga sanciones o limitaciones a los derechos individuales, es un principio fundamental del Derecho argentino y de los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

El proyecto de "Ficha Limpia", en su versión actual, busca aplicar sus disposiciones a situaciones preexistentes, lo que significa que se estaría castigando a personas por hechos ocurridos antes de la sanción de la norma. Esto no sólo es una violación flagrante de la seguridad jurídica sino que también representa un claro intento de utilizar el derecho electoral como una herramienta de proscripción política.

Vulneración de la Presunción de Inocencia

El principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 8.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que "toda persona se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley". En Argentina, la condena penal sólo se considera firme cuando ha sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia, lo que garantiza que no haya margen de error en la privación de derechos fundamentales.

El proyecto en discusión busca impedir candidaturas basándose en condenas de segunda instancia, lo que vulnera este principio y deja abierta la posibilidad de que personas sean inhabilitadas sin contar con una sentencia definitiva. Esta situación no sólo es inaceptable desde el punto de vista jurídico, sino que también introduce un peligroso precedente de arbitrariedad y manipulación política del sistema judicial.

Una Ley con Fines Políticos

Es evidente que la verdadera intención detrás de "Ficha Limpia" no es fortalecer la democracia, sino condicionar el proceso electoral y excluir selectivamente a ciertos actores políticos. La falta de consenso en torno a los delitos incluidos, la aplicación retroactiva de la norma y la insistencia en condenas que no son firmes demuestran que se trata de una iniciativa dirigida a sectores específicos de la oposición.

El Congreso de la Nación debe actuar con responsabilidad y evitar el avance de normativas que violen los principios fundamentales del Derecho y la democracia. La lucha contra la corrupción no puede ser utilizada como excusa para vulnerar derechos constitucionales ni para proscribir adversarios políticos. En un Estado de Derecho, las reglas deben ser claras, justas y aplicarse sin distinción de nombres ni apellidos.

Por lo expuesto, el Centro de Estudios para la Realidad Social y Política Argentina “Arturo Sampay” de Zona Norte, expresa su absoluto rechazo al proyecto "Ficha Limpia" y exhorta a los legisladores a defender la legalidad y la institucionalidad, garantizando que ninguna ley se convierta en un instrumento de persecución política.