Vicentín y la matriz libertaria: embargaron a altos funcionarios del gobierno macrista

Javier González Fraga y Lucas Llach, expresidente y vice del Banco Nación, involucrados en la entrega de más de 300 millones de dólares a la empresa mientras se encontraba al borde de la quiebra. Corrupción disfrazada de transparencia.

Fraga y Llach

Sorteando los tiempos que tienen ciertos sectores de la justicia, más cuando se trata de casos donde los imputados son gente del poder, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10, que entiende en la causa Vicentín, estableció el embargo y la inhibición de bienes para los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri que estuvieron al frente del  Banco Nación. Se trata del expresidente de la entidad, Javier González Fraga, y su vice, Lucas Llach.

Una maniobra, la entrega de dinero por parte del Banco Nación, considerada oscura y turbia que pone de relieve la matriz de corrupción con la que suele manejarse la derecha cuando le toca gobernar: argumenta transparencia mientras satisface la voracidad empresarial a expensas de destruir la producción nacional. Lo mismo sucede en estos momentos con La Libertad Avanza donde la corrupción institucional, que tiene en la mira judicial a los máximos exponentes del poder, es materia de investigación. En este sentido, aún nadie sabe, por ejemplo, dónde fueron a parar las barras de oro del Banco Central que Luis Caputo ordenó sacar del país. Dentro de este marco de corrupción y connivencia con el poder judicial, el caso #Libra es otra muestra de la matriz con la que se conduce, en este caso, la ultraderecha gobernante.

La imputación sostiene que “los funcionarios del Banco de la Nación Argentina conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentín, entre agosto y diciembre de 2019 habrían generado que las compañías Vicentín SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de U$S 304.328.665,75 -según reclamara el banco en el concurso preventivo de la primera firma señalada-, que hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto”.

De acuerdo con la investigación judicial, maniobra pergeñada entre la conducción del Banco Nación y los empresarios “implicó la omisión de retener desde aquel mes hasta diciembre del mismo año los importes depositados en las cuentas nro. 4280047390 en dólares y nro. 4280047287 en pesos -ambas radicadas en el BNA y de titularidad de Vicentin SAIC-, que habían sido constituidas como garantía de los empréstitos, y por las que entre agosto y diciembre de 2019 circularon U$S 795.651.945 y $ 2.031.118.902 respectivamente”.

“Los funcionarios habrían posibilitado entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 que desde las dos cuentas mencionadas se liberaran un total de $ 43.449.104.966, al autorizar que dicha suma fuera progresivamente transferida a través de 125 operaciones a la cuenta corriente nro. 4282044266 -también radicada ante el BNA-, desde la que las empresas carecían de restricciones para operar y sobre la que el banco carecía de facultades para cobrarse”, apunta la decisión judicial.

Luego entre “el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019” desde las dos cuentas mencionadas se liberaron un total de $ 43.449.104.966, a través de 125 operaciones. Sumado al “otorgamiento presuntamente irregular de veintiocho préstamos por un total de U$S 105.500.000, que fueron concedidos al Grupo Vicentin entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019”.