Un gobierno acorralado por la crisis y la corrupción y una sociedad que comienza a decir basta

La movilización universitaria más grande del año coincidió con un nuevo recorte del gobierno nacional sobre áreas sensibles del Estado. El mensaje oficial buscó reafirmar la motosierra como marca política, pero la multitud en las calles dejó una señal opuesta: la resistencia al ajuste empieza a encontrar un cauce colectivo.

 

Columna de Opinión

Por: José “Pepe” Armaleo*

La coincidencia temporal entre el brutal ajuste presupuestario y la masiva Marcha Federal Universitaria no parece responder a una casualidad administrativa. Mientras más de un millón y medio de personas colmaban las plazas del país para defender la universidad pública, el gobierno de Javier Milei hacía pública una nueva poda de casi 2,5 billones de pesos que golpea a la educación, la salud, la obra pública, las provincias y los programas sociales. El mensaje político es evidente: frente a la movilización popular, el oficialismo redobla la apuesta y exhibe la motosierra como señal de autoridad hacia el poder económico y hacia el núcleo duro de sus votantes.

El mecanismo elegido para comunicar el ajuste también revela una intencionalidad política. El decreto fue presentado como una “adecuación técnica” con ampliaciones previsionales puntuales, pero en los anexos escondía un recorte feroz sobre áreas sensibles del Estado. Horas antes de la marcha universitaria, el gobierno recortaba más de 5.300 millones de pesos a las universidades nacionales y profundizaba el desfinanciamiento educativo que ya acumula una caída cercana al 45% en términos reales desde 2023. Mientras el discurso oficial intenta instalar la idea de eficiencia y equilibrio fiscal, la realidad muestra otra cosa: un ajuste defensivo para sostener un superávit cada vez más frágil en medio de una economía paralizada y una recaudación en caída.

No es menor que el gobierno haya decidido avanzar con esta señal justamente el día en que cientos de miles de estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores y familias salían a las calles. Milei busca mostrarle al llamado “círculo rojo” que está dispuesto a ir hasta el fondo con el programa de ajuste, incluso frente a una sociedad movilizada. También busca consolidar ante los sectores más radicalizados de su base electoral la imagen de un gobierno que no retrocede frente a la protesta social y que convierte el conflicto en una demostración de fuerza.

Pero la movilización universitaria dejó al descubierto otra realidad: existe una mayoría social que empieza a rechazar el desmantelamiento del Estado y la destrucción de derechos básicos. La marcha no fue solamente una defensa corporativa de las universidades. En las plazas del país confluyeron trabajadores, jubilados, científicos, artistas, organizaciones sociales y sectores productivos que entienden que el ataque a la educación pública forma parte de un proyecto más amplio de transferencia de recursos y disciplinamiento social.

El reclamo universitario, además, expuso una contradicción central del gobierno. Mientras se ajustan salarios docentes, se recortan programas de investigación, se paralizan obras y se vacían hospitales, el Ejecutivo insiste en mostrar el superávit fiscal como un símbolo de fortaleza. Sin embargo, cada nuevo recorte enfría más la economía, reduce el consumo y deteriora la recaudación, obligando a profundizar todavía más el ajuste. La motosierra deja de aparecer como una solución y empieza a mostrarse como una espiral que conduce a una crisis social cada vez más profunda.

La respuesta popular del 12 de mayo marca entonces algo más que una protesta sectorial: señala el comienzo de una resistencia más amplia frente a un modelo que pretende fragmentar las luchas y aislar a cada sector afectado. Y allí aparece el desafío político de fondo. La defensa de la universidad pública no puede quedar encerrada únicamente en el ámbito académico. Así como estudiantes y docentes recibieron el acompañamiento de amplios sectores de la sociedad, también es necesario construir solidaridad activa con los jubilados que sobreviven con haberes de miseria, con los trabajadores despedidos, con los desocupados, con quienes sostienen comedores populares y con todos los sectores golpeados por el ajuste.

Porque el gobierno apuesta justamente a lo contrario: a dividir, enfrentar y desgastar por separado cada conflicto. Frente a eso, la única respuesta capaz de frenar este avance es una movilización solidaria y unificada. La lucha no puede ser por sectores aislados; debe transformarse en una causa común de quienes defienden el derecho a estudiar, a trabajar, a jubilarse dignamente y a vivir en una sociedad menos desigual.

"La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse."

*José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro de estudio de la realidad social y política argentina Arturo Sampay y de Primero Vicente López.