Tarifas o Derechos: por qué ningún argentino debería vivir peor que ayer

Sin agua no hay vida. Sin reglas no hay derechos. La Argentina necesita transformar los servicios esenciales en una política de Estado que garantice un piso de dignidad y evite que cada cambio de gobierno implique empezar de nuevo.

 

En la Argentina hay discusiones que vuelven una y otra vez, como si nunca terminaran de resolverse. Entre ellas, una de las más silenciosas -pero también de las más determinantes- es la que gira en torno al acceso a los servicios básicos: el agua, el saneamiento, la energía, la conectividad.

No se trata sólo de tarifas. Tampoco es únicamente una cuestión de infraestructura. En el fondo, lo que está en juego es algo más profundo: si esos servicios son considerados mercancías sujetas a las reglas del mercado o condiciones indispensables para una vida digna.

Ahora bien, no todos esos derechos se ubican en el mismo plano. Existe un orden de prelación que no puede soslayarse. El acceso al agua potable y al saneamiento constituye el núcleo más básico e inmediato de la vida humana. Sin agua, la existencia misma se vuelve inviable. Sin saneamiento, la salud se deteriora de manera inevitable.

Esto no implica restar importancia al resto de los servicios esenciales. La energía, el gas o la conectividad son hoy condiciones estructurales del desarrollo social y del ejercicio de múltiples derechos. Pero sí supone reconocer que hay un punto de partida insoslayable: sin agua potable, todo lo demás pierde sentido.

No es casual que el acceso al agua potable y al saneamiento haya sido reconocido como un derecho humano por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya desarrollado con claridad el principio de progresividad y su contracara, la prohibición de regresividad: los derechos deben avanzar, no retroceder.

Sin embargo, la experiencia argentina muestra otra cosa. Los niveles de acceso, calidad y precio de los servicios públicos no han seguido una trayectoria sostenida, sino que han oscilado al ritmo de los cambios políticos y económicos. No es casualidad: responde a dos miradas en tensión.

Por un lado, una concepción que entiende estos servicios como derechos que el Estado debe garantizar. Por otro, una lógica que los reduce a bienes transables, donde el acceso depende centralmente de la capacidad de pago.

En ese cruce de modelos, lo que una gestión amplía, otra lo reduce. Lo que hoy se garantiza, mañana se vuelve incierto.

Esa lógica pendular tiene consecuencias concretas. No es una discusión abstracta: son millones de personas que, según el momento, pueden acceder o no a condiciones básicas de vida. Y en ese vaivén, los derechos pierden su sentido más elemental: el de ser garantías estables.

Frente a este escenario se vuelve necesario introducir un criterio distinto. Un principio simple pero profundamente transformador: que ningún gobierno pueda dejar a la sociedad en una situación peor a la que encontró.

No se trata de congelar la realidad ni de negar las dificultades económicas. Se trata de establecer un piso. De fijar una línea a partir de la cual sólo sea posible avanzar. De asumir que ciertos derechos -empezando por el acceso al agua y al saneamiento- no pueden quedar sujetos a retrocesos.

Pero, en el fondo, la discusión es aún más profunda. No se trata solamente de mejorar la gestión de estos servicios, sino de cambiar su lógica. Dejar de administrarlos como políticas de gobierno, sujetas a los vaivenes de cada etapa, para convertirlos en una verdadera política de Estado, sostenida en el tiempo y ajena a las alternancias políticas.

Este enfoque, basado en la progresividad y la no regresividad, no es una consigna circunstancial. Forma parte del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Pero su incorporación efectiva en la legislación interna sigue siendo una deuda.

Además, hay un aspecto que no puede soslayarse: el acceso formal no alcanza. Un servicio es verdaderamente accesible cuando su costo no obliga a elegir entre pagar la factura o cubrir otras necesidades básicas. Hablar de tarifas justas no es una consigna demagógica; es reconocer que un derecho deja de ser tal cuando se vuelve inaccesible.

Porque, en definitiva, no hay neutralidad posible en esta discusión. Se elige entre derechos o mercado. Entre ciudadanía o intemperie.

Y hay decisiones que no deberían volver a discutirse nunca más:

Que el agua llegue a todos.

Que los servicios esenciales no sean un privilegio.

Que ningún argentino viva peor que ayer por decisión del gobierno de turno.

Ese debería ser el punto de partida.

No el resultado de una elección.

"La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse."

*José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro de estudio de la realidad social y política argentina Arturo Sampay y de Primero Vicente López.