¡Siiiii!: AySa le cobró 100 palitos al Jockey Club de San Isidro
Producto de los tarifazos del macrismo,3000%, a la centenaria entidad se le hizo imposible enfrentar el pago de los servicios
Tras años de hacerse los giles, y demasiados guiños por parte del anterior gobierno, finalmente, la empresa AYSA logó cobrarle más de 100 millones de pesos al Jockey Club de San Isidro en concepto de deudas atrasadas. Así lo confirmaron desde la estatal AySA que conduce la pero nista Malena Glamarini al detallar que la empresa llegó a un acuerdo con el Jockey Club de San Isidro para la regularización de su importante deuda. Debido a los tarifazos impuesto por el gobierno de Juntos por el Cambio, cercanos al 3000%, el Jockey en el 2016 dejó de pagar por el servicio.
El acuerdo le permitió a AySA recuperar el 100% del capital adeudado por la entidad y adicionalmente facturar y cobrar 72,4 M$ en concepto de recargos e intereses, lo que equivale 240% sobre el capital adeudado.
La historia reciente, la que acaba de escribirse al momento de que el selecto Jockey Club de San Isidro se aviene a pagar la deuda con AySA, es el resultado de un año de negociaciones. Negociaciones, que todoindica, fueron tensas y donde también habrían abundado fuertes presiones empresariales y políticas (de la oposición) e intentos de operaciones mediáticas. Todo al solo efecto de lograr ventajas especiales. Tema que finalmente no ocurrió. AySA se paró de mano, dio batalla, buscó soluciones, y, finalmente, el Jockey Club de San Isidro pareciera haber comprendido que el mercado no todo lo puede.
De acuerdo con lo surgido en los expediente, a fines de 2019, el Jockey Club se acerca a AySA con la intención de tramitar la factibilidad de nuevo servicio y se genera un primer acuerdo -que no llega a firmarse- para cancelar la deuda por un monto irrisorio. Con la deuda ya judicializada, se ofrecieron alternativas por parte de AySA para el pago. En más de 5 oportunidades las propuestas fueron rechazadas por el Jockey Club, aludiendo una situación económico-financiera precaria.
Vale recordar que el predios del Jockey Club tiene una superficie cercana a las 300 hectáreas incluyen el hipódromo, campo de golf, restaurantes y otras actividades. Un sitio exclusivo y selecto, a excepción del hipódromo, donde no todo el mudo puede ingresar. Un aspecto complejo es que la actividad turfísticas, desde hace años, viene padeciendo la pérdida de ingresos. Cuestión que llevó a las autoridades de Jockey a ventilar la posibilidad del cierre total de las actividades. De concretarse, dejaría a cerca de 500 trabajadoras y trabajadores fuera del sistema.
Con la deuda ya judicializada, se ofrecieron alternativas por parte de AySA para el pago. En más de 5 oportunidades las propuestas fueron rechazadas por el Jockey Club, aludiendo una situación económico-financiera precaria.
Detrás del acuerdo sellado entre la presidenta de AySA, Malena Galmarini, el Presidente del exclusivo club, Miguel Croto Sojo y Diego Quiroga, y Secretario General del sindicato APHARA, entre otros, se cae el falso relato de que el Estado es un mal administrador. En realdiad, los fundamentalistas de esta postura, lo que en buscan es un Estado que los beneficie a expensas de sacarle derechos a la población a fin de obtener privilegios. Pero sobre todo, este tipo de situaciones sirve para comprender por qué los hospitales, escuelas, y rutas, están como están: entre la evasión, la fuga de capitales y el paga Dios, de grandes contribuyentes las arcas estatales enflaquecen mientras la población es condenada a la pauperrización.
El otro capítulo
En medio de semejante negociación, surge otro capítulo que si bien lleva décadas alcanzó fuere repercusión en el 2013. En este caso de la mano de la entonces concejal Marcela Durrieu (FR), madre de Malena Galmarini.
Con el argumento de poder financiar y sostener la actividad deportiva y toda la estructura que implica el funcionamiento del Jockey Club, la Comisión Directiva en infinidades de oportunidades busco la manera de obtener un beneficio municipal que le permitir vender las tierras a fin de poder levantar torres y complejos comerciales
El último fue en el 2013 cuando empresarios presentaron un polémico proyecto con la intención de levantar un estadio y complejo cultural, y torres, lo que alteraría la zona. Para esto, el municipio debía adecuar el Código Urbano. La situación llevó a la concejal a denunciar el hecho ante los Tribunales, entre otras cuestiones, por el impacto ambiental -negativo- que esto traería a la zona. Y
Finalmente, la justicia _Contencioso Administrativo de San Martín- le dio la razón a la presentación judicial. El proyecto quedó en el camino.
