Privatizan AySA: viejas y fracasadas recetas

Presionado por organismos nacionales y desesperado por la falta de dólares, el gobierno anunció la iniciativa.

Presionado por organismos financieros internacionales y necesitado de dólares que nunca llegaron para inversiones, el gobierno del autoritario y violento presidente Milei dispuso la privatización de AySA. Según información oficial, el proceso de privatización será regulado por la Comisión Nacional de Valores y “permitirá modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio”. Argumento calcado de los años 90 cuando, bajo la presidencia de Carlos Menem, fue vendida al estado francés.

Para justificar la privatización, el gobierno recurrió al viejo y tradicional relato de no decir toda la verdad. Esto quedó expuesto al momento en que el vocero presidencial, Manual Adorni, -que tiene a no pocos familiares cobrando suculentos salarios del Estado nacional- dijera que “desde su estatización en 2006, AySA requirió aportes de los argentinos por 13.400.000.000 de dólares”. Sin embargo, nada dijo sobre que más de 1 millón de personas logró acceder a la red de agua potable y red cloacal.  Con sólo saber que entre las principales causas de muerte en el mundo está la falta de agua potable, no es complejo comprender la importancia.

Así como en los 90 el primer paso fue desprestigiar a la entonces estatal Obras Sanitarias de la Nación (OSN), el segundo paso fue privatizarla permitiendo que los empresarios aplicaran fuertes tarifazos. Los empresarios -Aguas de Francia-prometieron obras que nunca llegaron. Debió ser, una vez más, el Estado nacional que tras la reestatización (2006) comenzara a tender cloacas y red de agua potable en toda la región norte donde AySA presta servicios.

Tras la llegada de Milei, además de suspenderse todas las obras de extensión de redes, aplicar fuertes tarifazos y despedir a cerca de 1500 profesionales, logró, como era de suponer, tener balance positivo en el 2024, pero con millones de personas sin servicios y mala atención al cliente.

En el año 2023 -la presidenta de AySA era Malena Galmarini- se invierte la curva a partir de la segmentación tarifaria y la reducción de los subsidios, haciendo que la facturación alcance el 95% de los costos operativos”, destacó el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). Lo que deja al descubierto que la privatización responde a un claro interés: atender las presiones externas y hacerse de dólares. Según trascendió, detrás de la privatización está una empresa israelí.

"Privatizar significa poner la gestión del agua en función del lucro. Es esperable que suban tarifas, se prioricen zonas rentables y se achique personal. El agua deja de ser un derecho para convertirse en un negocio", advirtió el abogado Pablo Serdán en declaraciones a la prensa.