Preocupación nacional: cuando el rumor también es un mensaje

La posibilidad de retrocesos en materia de derechos humanos y sociales no es una anécdota: es una prueba para los límites democráticos que la sociedad argentina decidió fijar hace más de cuatro décadas.

Algunos de los 30.000 desaparecidos por la dictadura cívico-militar. Abajo, ex predio de la ESMA

Columna de Opinión

Por: José "Pepe" Armaleo

En los últimos días comenzó a circular una versión inquietante: la posibilidad de que el Presidente anuncie un indulto a condenados por delitos de lesa humanidad durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el próximo 1° de marzo.

No es una noticia confirmada. No hay comunicación oficial ni trascendida verificable que indique que el Gobierno vaya a avanzar en esa dirección. Es, por ahora, un rumor que desde las propias usinas del poder se encargan de alimentar "sotto voce”.

Pero en política los rumores no son inocentes.

A veces funcionan como globos de ensayo. Se lanzan, circulan, miden temperatura. Se observa la reacción social, el volumen de la crítica, la capacidad de movilización, la respuesta de los actores institucionales. Se evalúa si el costo político es asumible o si conviene retroceder. No siempre anticipan decisiones; muchas veces exploran límites.

Y ese es el punto.

En la Argentina, los delitos de lesa humanidad no constituyen una discusión ideológica más. Forman parte del núcleo ético sobre el que se reconstruyó el Estado de Derecho desde 1983. Los juicios a los responsables del terrorismo de Estado consolidaron un consenso democrático que atravesó gobiernos de distinto signo político: hay crímenes que el Estado no puede relativizar porque hacerlo implicaría relativizarse a sí mismo.

Ese consenso tiene además respaldo jurídico. La Constitución Nacional incorporó con jerarquía superior los tratados internacionales de derechos humanos. La jurisprudencia de la Corte Suprema reafirmó la imprescriptibilidad de esos delitos y la obligación del Estado de investigarlos y sancionarlos. No se trata sólo de memoria histórica; se trata de compromisos legales asumidos por la Nación.

Por eso, aun tratándose de una versión no confirmada, el silencio público que la rodea resulta llamativo.

Pero el eventual indulto no es el único rumor que circula. En paralelo, han surgido versiones sobre un posible vaciamiento o cierre de actividades vinculadas al predio de la Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), uno de los sitios más emblemáticos del país en materia de memoria histórica.

La ex-ESMA no es simplemente un edificio estatal. Fue uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la dictadura. Convertida en espacio de memoria, su existencia expresa una decisión política de enorme profundidad: transformar un símbolo del terror en un ámbito de reflexión democrática. Su reconocimiento internacional y su centralidad en la política de derechos humanos argentina la convirtieron en referencia global.

No hay confirmación oficial de un cierre integral del predio. Sí han existido tensiones, recortes y denuncias sobre reducción de actividades y personal. Pero, más allá de los hechos administrativos concretos, lo significativo es que la sola posibilidad de su debilitamiento pueda instalarse como hipótesis plausible.

Cuando rumores de este tipo se superponen -indultos por un lado, vaciamiento simbólico por otro-, el debate deja de ser puntual y adquiere espesor político. Lo que aparece en discusión no es una medida aislada, sino el sentido de un consenso construido durante cuatro décadas.

La democracia no se debilita únicamente cuando se adoptan decisiones extremas. También se erosiona cuando la sociedad se acostumbra a que ciertos límites puedan ponerse en cuestión sin reacción. Primero aparecen como provocación. Luego como debate legítimo. Más tarde como opción posible. El desplazamiento cultural no ocurre de manera abrupta; avanza por habituación. Naturalizar lo inaceptable es peligroso.

No se trata de dramatizar ni de clausurar el debate público. La democracia necesita discusión, incluso incómoda. Pero también necesita claridad respecto de sus pilares. Memoria, verdad y justicia no son consignas partidarias: son la base sobre la cual el Estado argentino redefinió su legitimidad después del terrorismo de Estado.

Tal vez estos rumores no sean más que especulaciones. Pero cuando lo que se pone en juego son los cimientos éticos de la democracia, la prudencia no consiste en esperar, sino en afirmar con claridad los límites.

Hay consensos que no están en revisión. No porque sean sagrados o intocables, sino porque costaron demasiado dolor, demasiado tiempo y demasiado esfuerzo colectivo como para volver a negociarlos. La memoria, la verdad y la justicia no son una etapa superada: son la base sobre la cual se sostiene el Estado de Derecho argentino.

No se trata de defender el pasado. Se trata de proteger el futuro.

Cualquier retroceso en materia de derechos humanos no sería una simple decisión administrativa o un gesto político más: sería un mensaje sobre el tipo de país que se pretende construir. Y frente a eso no cabe la indiferencia ni la neutralidad.

La democracia no se fortalece relativizando sus propios fundamentos. Se fortalece ampliando derechos, consolidando garantías, profundizando los consensos que la hicieron posible.

Por eso, ante rumores de esta naturaleza, la respuesta no es el silencio expectante sino la afirmación clara: en la Argentina de hoy no hay espacio para retrocesos en materia de justicia por crímenes de lesa humanidad ni para el vaciamiento de los lugares que sostienen la memoria colectiva.

Pero tampoco hay espacio para retroceder en los derechos sociales, laborales y económicos que forman parte de nuestra arquitectura constitucional. La democracia argentina no se edificó únicamente sobre el juzgamiento del terrorismo de Estado; también se consolidó ampliando ciudadanía, protegiendo el trabajo, fortaleciendo la educación pública, garantizando seguridad social y reconociendo derechos que durante décadas habían sido negados.

Los derechos humanos no son un capítulo aislado del pasado. Son un entramado vivo que incluye memoria y justicia, pero también igualdad material, dignidad laboral, organización colectiva y protección frente a la exclusión. Cuando se relativiza uno de esos pilares, el edificio entero se resiente.

Defender la memoria sin defender lo social sería una defensa incompleta. Y proteger lo social sin sostener la justicia histórica sería una democracia sin raíces.

Por eso la discusión no es meramente defensiva. No se trata sólo de impedir un eventual retroceso. Se trata de afirmar un rumbo. Lo conquistado no es un exceso a corregir ni un privilegio a revisar: es el piso sobre el cual la sociedad argentina decidió reconstruirse después de la noche más oscura.

Ni un paso atrás en memoria, verdad y justicia. Ni un paso atrás en derechos sociales y laborales.

La democracia argentina no necesita achicarse para sobrevivir. Necesita profundizarse, crecer y ampliar el alcance real de la libertad y la igualdad. Crecer en derechos, no en excepciones. Crecer en garantías, no en discrecionalidad. Crecer en inclusión, no en intemperie.

Porque una democracia madura no revisa sus consensos fundacionales para reducirlos: los consolida para proyectarlos hacia adelante. Y esa tarea no es patrimonio de un partido ni de una generación. Es una responsabilidad histórica colectiva.

"La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse."

*José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro Arturo Sampay y de Primero Vicente López.