Otra mala para el gobierno: Venezuela y AFA no logran tapar la cruda realidad nacional

Con un tubo de oxígeno que comienza a consumirse, el gobierno de Milei no logra recuperar la economía: caída de consumo, capacidad industrial instalada por debajo del 60%, salarios en baja, cierre de Pymes y de comercios barriales. Un combo que se agrava por el fuerte endeudamiento y la falta de ingresos de dólares genuinos. Además, la corrupción libertaria día a día suma más ribetes.

Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela sostenida por el imperio de los EE.UU

Así como el gobierno que regentea Milei logró recuperar oxígeno gracias a las elecciones de octubre tras la contundente derrota de septiembre, particularmente en la provincia de Buenos Aires, en estos momentos también se entusiasma con la invasión de los EE.UU a Venezuela que incluyó el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa. Se entusiasma porque entiende que todos los ojos mediáticos están puestos en ver cómo se desarrollan los acontecimientos.También se le debe añadir el caso AFA.

Sabido es que desde el gobierno actúan y operan con su ejército rentado de “tecnoñoquis” para inundar las redes sociales con estos temas mientras la crisis económica y social, al igual que la institucional, se consolida. Lo hace con el afán de tapar la realidad. Pretende opacar, esconder -en parte lo logran-, negar toda la investigación judicial, nacional e internacional, que tiene en la mira a varios funcionarios, y ex, nacionales por denuncias de corrupción:“Karina Coimas”, ANDIS, NarcoEspert, oro del Banco Central, estafa  #LIBRA, entre otros.

Sin embargo, el ciudadano de a pie, el que produce, trabaja, educa, produce, cura, investiga y hasta el que vela por la seguridad comunitaria y tiene la mira en el desarrollo productivo nacional y piensa en Malvinas, padece la crudeza del modelo libertario, el de la ultraderecha gobernante en carne propia.

Las Universidades de todo el país se quejan y demuestran con números en la mano que con el presupuesto que tienen no lograrán llevar adelante el normal funcionamiento académico. No menos compleja es la situación salarial de la comunidad educativa: perdieron cerca del 23% de masa salarial.

El consumo de nafta, en particular de gasoil, descendió un 6% lo que evidencia caída en la matriz productiva.

Salarios y haberes jubilatorios corren detrás de una inflación que durante los últimos tres meses estuvo escalando.

Venezuela y AFA tampoco tapan tarifazos mensuales que superan aumentos salariales y jubilatorios. Los precios de góndolas  le ganan por goleada a los aumentos salariales (promedio 1% mensual ya que el gobierno no autoriza paritarias libres).

Breve pantallazo de la crisis nacional

Situación del empleo: entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron 224 mil puestos de trabajo asalariado registrado. El empleo privado cayó en 138.600 puestos y el sector público en 60.500. A su vez, el 43,3% de los trabajadores en Argentina se encuentra en la informalidad. El problema de la creación de empleo de calidad es el modelo económico.

Costo fiscal y financiamiento: el proyecto oficial implica un costo fiscal de mínima de 5,6 billones de pesos (0,7% del PBI).

Con el Fondo de Asistencia Laboral se propone usar 3 puntos de las contribuciones patronales (0,4% del PBI) para despidos del sector privado reduciendo los aportes a la ANSES en un 16%. Esto equivale a aumentar en un 120% el bono que cobran los jubilados de la mínima, llevándolo a $154.000.

Impacto en la salud: la reducción de la contribución patronal a las Obras Sociales del 6% al 5% genera una caída del 11% en los recursos del sistema y del Fondo Solidario de Redistribución.

Inconstitucionalidad de forma: el proyecto ingresó por el Senado, violando el artículo 52 de la Constitución Nacional que reserva a la Cámara de Diputados la iniciativa de leyes sobre contribuciones.

Retroceso en derechos: se cuestiona la violación del principio de no regresividad, la afectación del principio protectorio y la limitación de la libertad sindical.

Trabajadores de plataformas: el proyecto elimina la presunción de relación de dependencia para repartidores y conductores, obligándolos a inscribirse como monotributistas y asumiendo ellos sus aportes de salud y jubilación.

Restricción del derecho a huelga: se amplía la lista de "servicios esenciales" con una prestación mínima obligatoria del 75% y se crea la categoría de "servicios de importancia trascendental" con una cobertura mínima del 50%.

Indemnizaciones y juicios: se excluyen premios y el aguinaldo de la base de cálculo indemnizatorio. Se permite el pago de sentencias judiciales en hasta 12 cuotas mensuales para PyMEs.