No es crisis, es un plan: por qué el modelo de Milei es espejo del de la Dictadura

A 50 años del golpe, el ajuste, la parálisis productiva y el desmantelamiento del Estado no son hechos aislados: configuran un proyecto que impacta sobre el trabajo, la ciencia, las juventudes y la vida cotidiana, en un escenario de creciente desigualdad y disputa por el sentido.

Videla y Martínez de Hoz

Columna de Opinión

Por: José "Pepe" Armaleo*

A 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976, la memoria no puede reducirse a una conmemoración. Es, ante todo, una herramienta para interpretar el presente.

Porque si algo enseña la historia argentina es que los proyectos económicos no son neutros: necesitan condiciones para imponerse. Ayer fue el terrorismo de Estado. Hoy, esas condiciones se construyen de otro modo, pero con efectos cada vez más visibles en la vida cotidiana.

Nada de esto es casual ni aislado: es parte de un mismo proceso. La crisis productiva, el ahogo de las economías regionales y el deterioro del entramado económico expresan una lógica que avanza sobre el conjunto de la producción nacional.

Pero a ese cuadro se suma algo más profundo: una parálisis creciente de la economía real. En los últimos años, miles de empresas (sobre todo pequeñas y medianas) cerraron sus puertas, mientras cientos de miles de trabajadores fueron expulsados del empleo formal o empujados hacia la informalidad.

La consecuencia es una sociedad donde el trabajo pierde centralidad como organizador de la vida. Salarios deprimidos frente a precios internacionales, jubilaciones que no alcanzan, familias que se endeudan para subsistir. Una economía donde, para no caer en la pobreza, ya no alcanza con trabajar: hacen falta varios ingresos simultáneos.

En ese contexto, el gobierno de Javier Milei no sólo impulsa un programa de ajuste estructural sino que además intenta explicarlo en términos culturales. La crisis no sería consecuencia de las políticas aplicadas, sino de una supuesta dificultad social para “comprender” el rumbo.

Así, el problema parecería estar en cómo la gente percibe la economía y no en la economía misma. Pero la realidad -hecha de precios, salarios y condiciones de vida- desmiente esa idea.

Y mientras tanto, avanzan reformas que reconfiguran profundamente el mundo del trabajo: debilitamiento sindical, flexibilización laboral y transferencia de ingresos desde los sectores del trabajo y jubilados hacia los sectores más concentrados.

Nada de esto resulta completamente novedoso.

La historia argentina muestra que los ciclos financieros, los de apertura indiscriminada de importaciones y endeudamiento externo suelen ir acompañados de desindustrialización, caída del salario real y crisis sociales profundas. También muestra que esos procesos rara vez terminan de manera estable.

En ese marco, el ataque a áreas estratégicas del Estado adquiere otro significado.

El ajuste sobre áreas clave, el debilitamiento del conocimiento y el vaciamiento de la educación y la cultura, entre otros, no son hechos aislados: responden a qué proyecto de país queremos.

Un país que investiga y desarrolla tecnología propia o uno que depende; un país que produce valor agregado o uno que se limita a exportar materias primas; un país que incluye o uno que expulsa.

Las respuestas a esas preguntas no son abstractas. Se juegan en decisiones concretas.

También se juegan en la memoria.

Porque a 50 años del golpe siguen habiendo aspectos que no terminan de iluminarse del todo: el rol del poder económico, las complicidades civiles, eclesiásticas, las responsabilidades empresariales.

No es casual que el gobierno de Javier Milei tome como punto de referencia la Argentina de comienzos del siglo XX, la del “granero del mundo”. Esa mirada no es inocente ni meramente histórica: expresa un modelo de país basado en la exportación primaria, la subordinación a los mercados internacionales y la concentración de la riqueza. En esa lógica, los procesos de ampliación de derechos, de industrialización y de fortalecimiento del Estado -despectivamente etiquetados como “populistas”- aparecen como desvíos a corregir, obstáculos a remover para reencauzar a la Argentina en un rumbo que privilegia a los sectores más concentrados.

Por eso, cuando se mira el conjunto -áreas claves del Estado, las economías regionales, el sistema financiero, la educación, la ciencia, etc.- ya no se trata de problemas sectoriales. Se trata de un proyecto.

Un proyecto que impacta de lleno en la vida de los jóvenes, que ven achicarse sus horizontes laborales y proyectan su futuro entre la precariedad y la emigración. Que golpea el empleo, no sólo en su cantidad sino en su calidad. Que tensiona los avances en materia de igualdad de género y desarticula políticas que buscaban reducir desigualdades estructurales.

Y que, además, se retira de un terreno decisivo: el rol del Estado en la regulación de las plataformas digitales, de la inteligencia artificial y de las nuevas formas de producción y circulación del conocimiento. Porque cuando el Estado se corre de allí, no desaparece la regulación: queda en manos de grandes corporaciones que fijan las reglas según sus propios intereses.

A la par de este proceso, crece la conflictividad social.

Huelgas generales, movilizaciones, protestas territoriales, el protagonismo sostenido de los movimientos feministas y de la diversidad, y una multiplicidad de resistencias cotidianas muestran que amplios sectores de la sociedad no aceptan pasivamente este rumbo.

Como en otros momentos de la historia, el ajuste convive con la resistencia. Pero hay otra dimensión, menos visible y no por eso menos decisiva: la disputa por el sentido.

Durante la última dictadura, la construcción de una “imagen país” no fue un aspecto secundario, sino parte constitutiva del dispositivo de poder. A través de estrategias de propaganda cuidadosamente diseñadas se buscó no sólo ocultar el horror, sino producir un relato capaz de legitimarlo ante el mundo y ante la propia sociedad.

Hoy, en un contexto democrático y con herramientas diferentes, esa disputa reaparece bajo nuevas formas. Redes sociales, plataformas digitales y estrategias de comunicación directa configuran un escenario donde la realidad también se narra, se interpreta y se disputa. Cuando la experiencia cotidiana (marcada por la pérdida de empleo, la caída del ingreso y la incertidumbre) entra en tensión con el relato oficial, lo que se abre no es sólo una crisis económica sino también una crisis de sentido.

No se trata de equiparar contextos ni de forzar analogías. Pero sí de reconocer continuidades.

Ayer, la represión fue el instrumento para imponer un modelo económico regresivo. Hoy, ese modelo avanza mediante el ajuste, la desarticulación del Estado y la construcción de sentido común que busca legitimarlo.

En ambos casos, lo que está en disputa es la soberanía… Soberanía para decidir qué producir, soberanía para garantizar derechos, soberanía para construir futuro.

A 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976, la memoria no es pasado: es una herramienta del presente. Porque los procesos históricos no se repiten de la misma manera, pero sí persisten en sus lógicas. Y cuando esas lógicas no se reconocen a tiempo, avanzan, se consolidan y vuelven a marcar el rumbo de un país.

Porque cuando se debilita la producción, cuando se desmantela el Estado, cuando se precariza la vida y, al mismo tiempo, se intenta redefinir el sentido de lo que ocurre, lo que está en juego no es sólo un programa económico. Es la forma en que una sociedad se piensa a sí misma. Y en ese terreno, la disputa no es menor.

Se trata, en última instancia, de decidir si la Argentina será un país con capacidad de construir su propio destino o uno que, una vez más, acepte que ese destino le sea impuesto.

Pero esa decisión no es abstracta ni lejana. Se juega todos los días, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en cada espacio donde se defiende lo público y se construyen derechos. Se juega en la capacidad de una sociedad de reconocerse como parte de un mismo proyecto.

Porque nadie se salva solo.

La salida -como tantas veces en nuestra historia- no será individual, sino colectiva. Dependerá de la posibilidad de reconstruir lazos, de volver a poner en valor la solidaridad, de organizarse para defender lo conquistado y para imaginar un futuro distinto.

Un país se hereda, con su historia, sus luchas, sus conquistas y sus avances y retrocesos. Pero también se construye, todos los días, en las decisiones que una sociedad es capaz de tomar.

Y en esa tensión entre lo heredado y lo que está por hacerse, se juega -una vez más- el destino de todos.

"La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse."

*José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro Arturo Sampay y de Primero Vicente López.