Los Juzgados de Familia bajo amenaza

Informes del Poder Judicial Provincial y estudios aportados por el Centro de Investigación y Formación de la Asociación Judicial Bonaerense revelan que, producto de la sobrecarga laboral y ante la falta de personal, se ve seriamente afectado el sistema judicial.

Si el Poder Judicial nacional sintetizado en los tres miembros que regentean la Corte Suprema es considerado ineficiente, vidrioso y corrupto a la hora de defender los intereses de la población del país, lo que sucede en la provincia de Buenos Aires se inscribe en el plano de la ineficiencia. Así se desprende de un reciente relevamiento del Centro de Investigación y Formación de la Asociación Judicial Bonaerense (CIyF-AJB) referido, puntualmente, al funcionamiento de los Juzgados de Familia en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el estudio, el mismo ofrece una radiografía contundente: “el volumen de causas creció de manera descomunal en la última década y media, pero los recursos humanos y materiales asignados al fuero siguen siendo insuficientes”.

El informe, elaborado a partir de estadísticas oficiales de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, confirma que el fuero de Familia, que atiende problemáticas de alta sensibilidad social como violencia, niñez, género, alimentos, salud y cuidado parental, “se encuentra bajo una presión que amenaza tanto la calidad del acceso a la justicia como las condiciones laborales de quienes lo sostienen día a día”, explicó el sanisidrense Hugo Russo, Secretario Gral. de la Asociación Judicial Bonaerense.

Siempre de acuerdo con el trabajo, en 2024 se iniciaron 300.261 causas, un 7,7% menos que en 2023, pero por tercer año consecutivo el volumen se mantuvo por encima de las 300.000. Se trata de una cifra inédita si se la compara con la serie histórica: en 2010 apenas superaban las 41.000 causas. El salto interanual acumulado en estos 14 años es del 626%.

Los picos se registraron en 2022 y 2023, que fueron los años de mayor cantidad de ingresos del período analizado. Incluso con la baja de 2024, el número sigue siendo muy superior a cualquier año previo.

Territorios más afectados: un mapa de la desigualdad.

El crecimiento no fue homogéneo: departamentos judiciales como Avellaneda–Lanús (+379%), Morón (+297%), Quilmes – sede Florencio Varela (+295%) y San Isidro (+260%) encabezan el aumento en la última década.

En el corto plazo (2023–2024) hubo saltos abruptos como Escobar (+90%), Pehuajó (+47%) y Moreno–General Rodríguez (+8%), lo que evidencia la presión creciente en zonas ya sobrecargadas.

La desigualdad también se expresa en la carga de trabajo por juzgado. Mientras el promedio provincial de 2024 fue de 2634 causas, hay sedes que lo duplican o triplican:

Escobar (Zárate–Campana): 7383 causas.

Moreno–General Rodríguez: 5353.

Zárate–Campana: 4478.

Tigre (San Isidro): 4114.

La Plata: 3740.

Mientras estos datos duros, concretos, aportados por los que garantizan que, aún ante la complejidad y limitación administrativa que implica garantizar el normal funcionamiento de los Tribunales, los trabajadores judiciales, la Legislatura provincial no logra nombrar a nuevos magistrados para cubrir las vacantes pendientes en toda la provincia. Faltan jueces, fiscales, empleados y nuevos juzgados para que la eficiencia judicial sea una realidad efectiva. Sin embargo, internas partidarias, puja de intereses y codicia opositora impiden que diputados y senadores se pongan de acuerdo.