Licencia profesional: la provincia prorroga vencimiento

Debido a controversia planteada por el gobierno nacional.

“Ante versiones difundidas en las últimas horas sobre los cambios en el régimen de licencias profesionales, la cartera que conduce Martín Marinucci aclara que las condiciones para la obtención y renovación de estas licencias no fueron definidas por la Provincia de Buenos Aires, sino que derivan de las modificaciones introducidas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto N.º 196/2025 y de la reglamentación dictada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)”, reza el parte oficial del gobierno provincial.

Cabe recordar que la Provincia se encuentra adherida al Sistema Nacional de Licencias de Conducir y, en ese marco, ejerce las funciones que “el Estado Nacional delegó a las jurisdicciones para la emisión de las Licencias Nacionales de Conducir profesionales de carácter interjurisdiccional”.

La reforma nacional eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) como trámite y credencial independiente. A partir de ese cambio, la habilitación para el transporte interjurisdiccional pasó a instrumentarse mediante las Licencias Nacionales de Conducir profesionales clases C, D y E, cuya emisión realizan las provincias que suscribieron el correspondiente convenio de delegación con la ANSV.

Por ello, “resulta incorrecto atribuir al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decisiones vinculadas con los requisitos”, el esquema de prestadores o los costos de estas evaluaciones, ya que “se trata de aspectos definidos por la normativa nacional y por la autoridad nacional competente”.

Frente a las dificultades el Ministerio de Transporte bonaerense dispuso una “prórroga excepcional de 60 días para el vencimiento” de las licencias profesionales alcanzadas por este régimen, con el objetivo de que los trabajadores puedan completar los nuevos requisitos sin perder la posibilidad de continuar desarrollando su actividad.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires ratifica su compromiso con la seguridad vial, el cumplimiento de la legislación vigente y la defensa de los conductores profesionales. Asimismo, manifiesta su preocupación porque el nuevo esquema nacional deja a los trabajadores sujetos a un mercado de prestadores privados sin una tarifa de referencia establecida por el Estado Nacional, situación que puede dar lugar a diferencias significativas de costos y afectar el acceso equitativo al trámite en todo el país.