Fuerte crítica de Bullrich al Presupuesto 2027: discapacidad, afuera; educación, afuera; salud, afuera…

Por otro carril, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) revela cómo afectaría, a buena parte de la población, el Presupuesto enviado por el gobierno al Congreso.

Por distintas vertientes, el Presupuesto 2027 está siendo objeto de duras críticas. Así como la presidenta del Bloque oficialista, Patricia Bullrich, manifestó sentirse birlada en su buena fe, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) dio a conocer un interesante informe objetando temas sociales. Dentro del Presupuesto las partidas por discapacidad, fondos universitarios, inversiones en salud y en programas de contención social marcan un franco perjuicio en materia de calidad de vida.

“El tema de la discapacidad es muy fuerte. La mesa política es para evaluar cómo caen en las cámaras los proyectos, qué es viable y qué no. El año pasado nosotros la pasamos muy mal cuando perdimos gobernabilidad. Romper mayorías que nos ayudan a generar gobernabilidad, a sacar leyes como todas las que sacamos este año. El presupuesto siempre es una herramienta fundamental. En vez de mantener eso, de golpe viene una bomba atómica”, aseguró Patricia Bullrich ante las pantallas de A24.

Además, le facturó a Karina Milei al sostener que “habíamos estado el día anterior en una mesa política, se habían dado los números macro. Se habían dado los fundamentos, pero nadie dijo nada de esto”. Una mesa política, vale mencionar, que integran, además de ambas dirigentes, los ministro Diego Santilli y Luis Caputo, respectivamente, Lule y Martín Menem, y Santiago “Billetera” Caputo.

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron un informe que identifica como uno de los puntos más críticos del proyecto el artículo 17, que “busca eliminar la fórmula de movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares”.

Y agregan: “al no proponer un mecanismo sustituto ni una periodicidad obligatoria, la actualización de estos ingresos pasaría a depender exclusivamente de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. La experiencia reciente de las partidas no indexadas evidencia el peligro de este esquema: mientras las prestaciones atadas a la movilidad recuperaron un 31,9% real desde 2023, la Prestación Alimentar permaneció 23 meses sin aumentos, deteriorando gravemente su capacidad de cobertura sobre la Canasta Básica Alimentaria”.

Dentro del estudio del presupuesto, la Asociación detalló que a través de los artículos 39 y 41 “se elimina la homogeneidad del Nomenclador de Prestaciones Básicas”, habilitando a cada ente obligado a fijar unilateralmente sus propios aranceles con los prestadores. En este sentido, destacaron que “la iniciativa deroga la Pensión No Contributiva creada por la Ley de Emergencia en Discapacidad -que garantizaba la compatibilidad con el trabajo formal- y restringe el acceso a la pensión tradicional por invalidez laboral, mientras el programa Incluir Salud registra un recorte del 13,9% respecto de 2026 y del 19% frente a 2023”.

Con respecto a educación superior y salarios docentes, el Poder Ejecutivo proyecta partidas por $7,5 billones para el programa Desarrollo de la Educación Superior. Esta cifra se ubica un 32% por debajo de los $11 billones calculados por el Consejo Interuniversitario Nacional para cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, a pesar de existir una medida cautelar confirmada por la Corte Suprema de Justicia que ordena su cumplimiento.

En infraestructura, el proyecto consolida la reducción de la participación directa del Estado nacional y la transferencia de obras a provincias y municipios: de una cartera de 2.339 proyectos, 1.683 fueron dados de baja o ingresaron en rescisión, 457 se transfirieron o están en proceso de traspaso y sólo 199 continúan bajo gestión federal directa. Con un gasto de capital en infraestructura que sigue cerca de un 80% por debajo de 2023 ($3,8 billones frente a $18,4 billones a precios constantes), el proyecto reemplaza parte del financiamiento presupuestario directo por gastos tributarios. En esa línea, el artículo 67 fija para nuevos concesionarios viales privados beneficios impositivos como amortización acelerada, crédito fiscal de IVA y el cómputo total del impuesto al cheque a cuenta de otros tributos, sujeto a que las provincias eximan Sellos e Ingresos Brutos.

Finalmente, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia refiere que las áreas vinculadas a género y salud reproductiva continúan enfrentando el desfinanciamiento y una severa falta de transparencia. Políticas fundamentales como el Programa Acompañar y la Línea 144 continúan por tercer año consecutivo sin partidas presupuestarias específicas que permitan auditar sus recursos y ejecución.