La necedad libertaria priva a la Argentina de una apertura cultural y política multilateral

Reducir la Argentina a una sola identidad cultural no sólo deja afuera a buena parte de su pueblo: también achica su lugar en el mundo. Frente a esa mirada cerrada, hace falta más política, más apertura y una convicción clara: la patria no se construye excluyendo sino integrando.

Columna de opinión

Por: José “Pepe” Armaleo*

Hay definiciones que no son inocentes. Cuando el presidente Javier Milei afirma que “Occidente es la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y la cultura judeocristiana” no sólo está trazando un mapa cultural: está también estableciendo quiénes quedan dentro y quiénes, inevitablemente, quedan fuera. Más aún, cuando agrega que cuestionar a determinados actores internacionales equivale a atacar esos valores (y, por extensión, al capitalismo), lo que se construye es una equivalencia forzada que simplifica y empobrece una realidad mucho más compleja.

Esa forma de entender el mundo, presentada como un posicionamiento doctrinario, funciona en los hechos como una anteojera ideológica, política, filosófica, social, cultural y también comercial. Porque al reducir el universo de interlocutores legítimos no sólo se empobrece la mirada: se condiciona la acción. En un escenario global atravesado por la multipolaridad, adoptar una visión excluyente implica, en términos concretos, limitar la capacidad de un país para vincularse con actores diversos, explorar desde culturas a mercados, a construir alianzas estratégicas y defender sus propios intereses.

No es una discusión abstracta. Cuando se establecen jerarquías culturales rígidas, esas jerarquías tienden a trasladarse al terreno de la política exterior y del comercio internacional. Se privilegian ciertos vínculos en detrimento de otros, no necesariamente por razones de conveniencia nacional, sino por afinidad ideológica (o parecería que en algunos casos por conveniencia personal). Y en ese movimiento se corre el riesgo de resignar oportunidades: socios comerciales, fuentes de inversión, espacios de cooperación cultural, comerciales, tecnológica o científica que quedan fuera del radar simplemente por no encajar en una definición restringida de “Occidente”.

Pero además hay un riesgo mayor, más concreto y más urgente: el de subordinar la política exterior a alineamientos automáticos que no responden a los intereses propios. Una relación casi excluyente con potencias como Estados Unidos o Israel puede derivar no sólo en dependencia, sino también en involucramientos indeseados. La historia reciente demuestra que los conflictos internacionales no son ajenos ni inocuos: alinearse sin matices puede implicar quedar arrastrado a disputas geopolíticas en las que la Argentina no tiene ni arte ni parte, pero sí mucho que perder.

A ello se suma una contradicción difícil de soslayar. Uno de esos socios estratégicos, Israel, ha avanzado en acuerdos con Reino Unido vinculados a la explotación de recursos en el área de Islas Malvinas, en abierta tensión con el histórico reclamo argentino de soberanía. Más allá de las explicaciones diplomáticas que puedan ensayarse, el dato político es claro: la alineación no ha garantizado reciprocidad ni respaldo en una causa central para el país. Y, lo que resulta aún más preocupante, la ausencia de una reacción firme por parte de la cancillería expone una debilidad que trasciende lo coyuntural.

La Argentina, como tantas otras sociedades, no es el resultado lineal de una sola tradición. Es un cruce, a veces armónico y otras veces conflictivo, de múltiples herencias: las europeas, sí, pero también las de los pueblos originarios, las afrodescendientes, las migratorias más recientes. Reducir esa pluralidad a un único tronco cultural implica invisibilizar a una parte sustancial de quienes somos.

Los pueblos originarios, por ejemplo, no sólo preceden a la conformación del Estado nacional: también están reconocidos en el propio texto constitucional, que no parte de una tabula rasa sino de la existencia de “pactos preexistentes”. Esa afirmación no es menor: implica reconocer que la Nación no se funda negando lo anterior, sino integrándolo. En esa línea, la Constitución no sólo admite la preexistencia étnica y cultural de los pueblos ancestrales, sino que también obliga al Estado a respetar su identidad, sus formas de organización y su relación con la tierra. Es decir, reconoce que hay otras matrices culturales que forman parte constitutiva del país, más allá de cualquier definición restrictiva de “Occidente”.

Pero no se trata únicamente de ellos. También estamos quienes, desde convicciones laicas, desde otras religiones o desde posicionamientos críticos (políticos o filosóficos), no se identifican con esos “valores” presentados como universales. ¿Acaso su lugar en la sociedad es menor? ¿Su condición de ciudadanos está supeditada a una adhesión cultural determinada?

Cuando el poder político pretende fijar una identidad única, corre el riesgo de convertir la diferencia en exclusión. Y en ese gesto, que puede parecer meramente discursivo, se juega algo más profundo: la calidad misma de la convivencia democrática y, también, la inteligencia estratégica con la que un país se inserta en el mundo.

Frente a ello, el multilateralismo no es sólo una estrategia internacional; es, ante todo, una ética y una forma de ejercer el poder. Supone reconocer que ningún país, ninguna cultura ni ningún sistema de valores pueden erigirse como medida única de lo humano. En un mundo interdependiente, la cooperación, el respeto por la soberanía y la construcción de consensos no son signos de debilidad, sino condiciones de posibilidad para una inserción internacional más inteligente, autónoma y beneficiosa.

Aceptar al otro “tal cual es” no es una consigna ingenua ni un gesto declamativo. Es una definición política de fondo. En la tradición democrática argentina, esa idea encontró una síntesis potente en la expresión “la patria es el otro”, muchas veces repetida pero no siempre comprendida en toda su dimensión. No se trata de un eslogan vacío: implica reconocer que el destino propio está indisolublemente ligado al destino colectivo, que la comunidad no se construye excluyendo sino integrando, y que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que esa diversidad no se traduzca en desigualdad o marginación. Pero también implica, en clave contemporánea, entender que “el otro” no se agota en las fronteras nacionales: es también el otro pueblo, el otro Estado, el otro mercado con el que se puede “y se debe” construir una relación basada en el respeto mutuo y el beneficio recíproco.

En tiempos donde las simplificaciones ganan terreno y los discursos se endurecen, recuperar esa perspectiva no es un gesto retórico: es una necesidad política. Porque cuando se impone una idea estrecha de identidad, lo que se pone en juego no es sólo un debate cultural, sino el rumbo mismo del país. La Argentina no se define por la pureza de sus raíces o su raza, sino por la amplitud de su proyecto colectivo. Un proyecto que no puede construirse desde la exclusión, el alineamiento automático ni la resignación de intereses propios, sino desde la defensa activa de su soberanía, su diversidad y su capacidad de decidir con autonomía en el mundo. En ese horizonte, más amplio, más justo, más consciente de sí mismo, es donde la Política recupera su sentido y donde, necesariamente, entramos todos.

"La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse."

José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro de Estudio de la realidad social y política argentina Arturo Sampay y de Primero Vicente López.