“La Justicia” metió mano en la UOM logrando desplazar al Secretario Gral., Abel Furlán

Dispuesto por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que declaró la nulidad de las elecciones realizadas en la seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOM).

Una vez más, “la justicia”, la “familia judicial” echó mano contra los intereses de los trabajadores, por ende, de la producción nacional. Así fue leído el reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que declaró la nulidad de las elecciones realizadas en la seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOM) y también de la elección nacional que había consagrado a Abel Furlán como secretario general del gremio. Además, ordenó el cese inmediato de toda la conducción y dispuso la intervención judicial de la organización por un plazo de 180 días.

El fallo fue dictado por la Sala VIII del tribunal laboral en el expediente iniciado por la Lista Naranja de la seccional Campana, que denunció irregularidades en el proceso electoral desarrollado entre el 2 y el 4 de marzo de 2026.

La sanción contra la UOM y en particular sobre el diputado nacional y Secretario Gral. del gremio metalúrgico no podría sustraerse de quién es y qué representa Furlán como dirigente. Reconocido por una impronta claramente opuesta al modelo que regentea Milei junto a sus socios, por ahora del PRO y la UCR y algunas manos de gobernadores “peronistas con peluca”.  Un gremio, cabe destacar, que tiene la capacidad de articular con el sector empresarial políticas que potencien el trabajo y la producción a partir de calidad laboral y salarios dignos. Y priorizando, particularmente -aún sin lograrlo- una justa distribución de la riqueza: 50/50 para trabajadores y empresarios, respetivamente. Tema, este último, que no ingresa en la agenda oficial de la derecha gobernante. Tampoco en el corrupto Poder Judicial.

Además, Furlán se muestra cercano a la peronista Cristina Fernández.

En el fallo en cuestión, los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González concluyeron que el proceso electoral “no garantizó una elección confiable, segura ni transparente” y sostuvo que se vulneraron principios de democracia y libertad sindical protegidos por la Constitución Nacional y el Convenio 87 de la OIT.