La APDH Zona Norte se solidariza con trabajadores de Lustramax

Empresa que, usufructuando de la debilidad institucional garantizada por La Libertad Avanza, deja de lado a cerca de 30 empleados.

“La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires (APDH ZONA NORTE) comunica que como parte de la solidaridad con los trabajadores de la empresa Lustramax SRL en conjunto con otras organizaciones de la Zona Norte y personalidades defensoras de los derechos humanos hemos presentado, con el patrocinio de Victoria Moyano, nieta recuperada, un Amicus Curiae en favor de los derechos de los obreros y contra su persecución penal”, expresa el comunicado que, además de solidarizarse, avanza con acciones concretas.

Cabe recordar que la empresa, a partir de la compleja crisis disparada por el modelo nacional, dispuso el despido de 35 empleados. Entre estos despidos hubo delegados gremiales. Ante esa situación, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria, ordenó la reincorporación inmediata del personal despedido y dispuso retrotraer la situación laboral al 9 de enero. Sin embargo, el conflicto continúa.

De acuerdo con lo comunicado por la APDH Zona Norte, esta presentación legal tiene el fin de ”clarificar las claras violaciones a los derechos humanos en las que está incurriendo el Estado, tanto provincial, nacional como municipal, al permitirle a la empresa vulnerar derechos básicos de los trabajadores y clarificar además con ello que no existe delito por parte de los trabajadores que reclaman sus derechos”.

‘’Si hubiera que determinar cuál es el primero de los derechos a garantizar por parte del Estado, esta parte considera que debe priorizarse el derecho de manifestación y de protesta’’, expresa el escrito al cual tuvo acceso Lo Nuestro.

“Debemos clarificar que quien viola los derechos humanos es el Estado, y en este sentido existe la violación mediante la aquiescencia estatal, término que define el consentimiento implícito o tácito de entes o funcionarios del Estado ante acciones perpetradas por otros que vulneran derechos humanos individuales o colectivos”, finaliza el texto.