Italia juzga a un represor argentino: ¿qué hace el país con su memoria?

El caso Malatto vuelve a poner frente a nosotros una pregunta que excede largamente un expediente judicial: ¿qué sucede cuando un país comienza a olvidar la violencia que el propio Estado ejerció contra su pueblo? Porque la memoria no es solamente una forma de recordar el pasado. También es una responsabilidad frente al futuro.

Columna de Opinión

Por: José “Pepe” Armaleo

Hay noticias que dicen mucho más por lo que cuentan que por el lugar que ocupan en los medios. En febrero de 2025, el diario italiano La Repubblica publicó una noticia que debería haber provocado, al menos, una discusión entre nosotros: Italia se había constituido como parte civil en el proceso contra Carlos Luis Malatto, teniente coronel del Ejército argentino acusado de secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la última dictadura.

La Argentina de Javier Milei no lo hizo. La noticia pasó prácticamente inadvertida. Ahora vuelve a cobrar actualidad. La Justicia italiana continúa avanzando en la causa contra Malatto, quien permanece en Italia desde que huyó de nuestro país en 2011, cuando debía enfrentar un proceso judicial. La investigación italiana busca determinar su responsabilidad en la muerte de ocho personas y en otros crímenes cometidos durante la represión en San Juan.

Malatto no es un desconocido para la Justicia argentina. Su nombre aparece reiteradamente en las investigaciones sobre la represión ilegal desarrollada en San Juan y en la sentencia que condenó a otros integrantes del aparato represivo. La Repubblica señaló que aquella sentencia lo menciona 283 veces y que distintos testimonios lo identificaron por su participación en interrogatorios bajo tortura.

Italia decidió juzgarlo. Y allí aparece una primera paradoja. Un Estado extranjero está dispuesto a asumir institucionalmente la persecución de crímenes cometidos en nuestro territorio, mientras el Estado argentino no se constituyó como parte civil en ese proceso.

No sería justo decir que la Argentina no hizo nada. Durante el gobierno anterior, la Secretaría de Derechos Humanos aportó a la fiscalía romana un expediente de unas diez mil páginas con documentación sobre los crímenes atribuidos a Malatto y sobre las víctimas ítalo-argentinas.

Y en 2025, las fiscalías federales de San Juan y Mendoza solicitaron que Malatto pudiera ser juzgado en ausencia en la Argentina.

Pero hay una diferencia que no deberíamos ignorar. Durante años, memoria, verdad y justicia fueron asumidas como una política de Estado. Hoy esa convicción parece haber perdido centralidad.

Y quizás para comprender qué está en juego debamos mirar mucho más atrás que 1976. Porque la dificultad argentina para recordar la violencia política ejercida desde el Estado no comenzó con la última dictadura.

Antes de los desaparecidos hubo muertos que aprendimos a olvidar. El 16 de junio de 1955, aviones de la Marina y de la Aeronáutica bombardearon Plaza de Mayo y otros puntos de Buenos Aires con el propósito de derrocar al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón.

Pero hay un detalle que no deberíamos olvidar. La gente que estaba en la Plaza no había concurrido allí para enfrentarse con un ejército. Había sido convocada a un acto de desagravio a la bandera y esperaba un desfile aéreo. La presencia de los aviones, por lo tanto, no era inicialmente motivo de alarma: formaba parte de aquello que la multitud esperaba ver. Hasta que comenzaron a caer las bombas. La propia documentación del Senado de la Nación recuerda que el bombardeo comenzó sobre una multitud que esperaba aquel desfile aéreo. Se arrojaron alrededor de cien bombas y murieron más de 400 personas; otras fuentes oficiales registran 455 civiles muertos y más de 600 heridos.

Una de las primeras bombas cayó sobre un transporte público. Entre sus víctimas había niños.

No fue un accidente. No fue un enfrentamiento entre dos ejércitos. Fue un intento de golpe de Estado que utilizó las armas de la Nación contra una parte de su propio pueblo. Una masacre contra la población civil.

Y, sin embargo, durante décadas aquellos muertos quedaron en una zona casi invisible de nuestra memoria colectiva. Como si también ellos hubieran sido desaparecidos. No de sus familias. No de la historia. Sino de la memoria pública. Ese dato debería hacernos pensar.

Los bombardeos de 1955, la violencia política que siguió, la dictadura de 1976 y los crímenes de lesa humanidad no son hechos idénticos y no corresponde confundirlos. Pero existe entre ellos una pregunta común: ¿Qué sucede cuando quienes tienen las armas o el poder del Estado dejan de considerar ciudadanos a quienes piensan diferente y comienzan a tratarlos como enemigos?

La respuesta democrática debería ser inequívoca: El Estado no puede disponer de la vida de sus ciudadanos. Nunca.

Por eso la memoria no puede ser una cuestión partidaria. Los muertos de 1955 no pertenecen a un partido. Los desaparecidos tampoco. Son parte de nuestra historia.

Y recordar no significa vivir atrapados en el pasado. Significa construir una conciencia colectiva capaz de reconocer aquello que no queremos volver a repetir.

La memoria también es una política de Estado. Por eso el caso Malatto importa. No solamente porque un represor argentino pueda finalmente sentarse frente a un tribunal.

Importa porque Italia está diciendo que los crímenes contra la humanidad no pierden gravedad porque hayan ocurrido hace cincuenta años, porque sus responsables hayan envejecido o porque los gobiernos cambien.

El Estado italiano, sindicatos y organizaciones políticas y sociales decidieron participar del proceso como partes civiles. La Argentina, en cambio, permanece en la causa como parte ofendida. Y entonces la pregunta deja de ser exclusivamente judicial. Se vuelve política.

¿Qué lugar ocupa hoy la memoria en la Argentina? ¿Qué lugar ocupa la responsabilidad del Estado frente a las víctimas? ¿Qué significa que una política que durante décadas fue construida como una conquista democrática pueda volver a ser presentada como una cuestión partidaria?

Porque memoria, verdad y justicia no fueron una concesión de ningún gobierno. Fueron una conquista de la sociedad argentina. Fueron construidas por las Madres, las Abuelas, los hijos, los familiares, los sobrevivientes, los organismos de derechos humanos, los abogados, los trabajadores, los estudiantes y por millones de argentinos que entendieron que una democracia no podía edificarse sobre el silencio.

Hubo que enfrentar las leyes de impunidad. Hubo que enfrentar los indultos. Hubo que enfrentar las resistencias de quienes pretendían cerrar definitivamente aquellas heridas. Y hubo que esperar décadas para que muchos de los responsables fueran llevados ante la Justicia.

Por eso ningún gobierno debería sentirse con derecho a desandar ese camino. Pueden cambiar las políticas económicas. Pueden modificar las instituciones. Pueden ganar o perder elecciones. Pero hay cuestiones que deberían permanecer por encima de la alternancia política. Una de ellas es la obligación de investigar y juzgar los crímenes cometidos desde el Estado.

Quizás por eso, en este momento, adquiere una fuerza especial una frase del padre Pablo Tissera: “somos responsables de su esperanza”.

La frase puede leerse de muchas maneras. Pero también puede ser una definición de nuestra responsabilidad democrática. Somos responsables de la esperanza de quienes sufrieron. De quienes no volvieron. De quienes todavía buscan los restos de sus familiares. De quienes sobrevivieron a la tortura. De quienes debieron exiliarse. De quienes fueron perseguidos por sus ideas.

Y también somos responsables de la esperanza de quienes nacieron después y tienen derecho a recibir una democracia que conozca su propia historia.

Somos responsables de que los muertos de Plaza de Mayo de 1955 no vuelvan a ser olvidados. Somos responsables de que los desaparecidos de la última dictadura no sean reducidos a una cifra. Somos responsables de que nuestros hijos y nuestros nietos sepan que hubo momentos en que el Estado decidió que una parte de su propio pueblo podía ser perseguida, torturada, asesinada o desaparecida. Y somos responsables, sobre todo, de que eso no vuelva a suceder.

Por eso la memoria no mira solamente hacia atrás. Mira hacia adelante. Recordar es decirles a quienes sufrieron que sus vidas tuvieron y siguen teniendo valor.

Es decirles a las nuevas generaciones que la democracia no se construyó sola y que tampoco está garantizada para siempre.

Es asumir que cada generación recibe una historia y tiene la obligación de entregarla a la siguiente un poco más justa, un poco más humana y un poco más consciente de sus propias heridas.

Tal vez por eso resulta tan significativo que tengamos que enterarnos por un periódico italiano de que Italia está juzgando a un represor argentino. No se trata de mirar a Italia para avergonzarnos. Se trata de mirarnos a nosotros mismos.

Porque un país no se vuelve más fuerte cuando olvida a sus muertos. Se vuelve más vulnerable. La memoria no es una carga que nos impide avanzar. Es una de las herramientas que tenemos para saber hacia dónde no debemos volver.

Italia juzga a un represor argentino. La pregunta que queda abierta, entonces, no es solamente qué ocurrirá con Carlos Malatto. Es qué hará la Argentina con su memoria.

Porque si alguna enseñanza puede dejarnos nuestra historia es que los muertos pueden ser enterrados. Pero cuando una sociedad los olvida, también entierra una parte de sí misma.

Y si, como decía el padre Pablo Tissera, somos responsables de su esperanza, también somos responsables de que esa esperanza no sea traicionada por el olvido.

"La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse."

José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro de estudio de la realidad social y política argentina Arturo Sampay y de Primero Vicente López.