El verdadero rostro del poder político mundial: la IA

Argentina enfrenta problemas urgentes vinculados al empleo, la producción, el poder adquisitivo y la creciente desigualdad social y Javier Milei decidió intervenir en una discusión internacional sobre la regulación de la inteligencia artificial. Pregunta central: quién controlará las nuevas formas de poder que emergen en el siglo XXI y qué capacidad conservarán las democracias para regularlas.

 

Columna de Opinión

Por: José “Pepe” Armaleo

Resulta llamativo que, en un país donde la discusión cotidiana gira alrededor del empleo, los salarios, el cierre de industrias, la caída de la actividad económica, el aumento de la pobreza y la pérdida del poder adquisitivo, el Presidente haya decidido intervenir en una controversia internacional sobre la regulación de la inteligencia artificial. La elección no deja de sorprender en un contexto atravesado por cuestionamientos sobre la gestión económica, crecientes conflictos sociales y una sucesión de denuncias y escándalos que periódicamente ocupan el centro de la escena política.

Sin embargo, sería un error interpretar este episodio únicamente como una maniobra de distracción o una polémica circunstancial.

Porque detrás de esa discusión aparece una pregunta mucho más profunda: quién tendrá capacidad para controlar las nuevas formas de poder que emergen en el siglo XXI.

Las observaciones realizadas por el historiador Yuval Noah Harari sobre la posibilidad de otorgar personería jurídica a empresas gestionadas por inteligencia artificial motivaron una extensa respuesta del presidente Javier Milei. Pero no estamos frente a un debate personal entre ambos.

Harari viene advirtiendo desde hace años sobre los riesgos políticos, económicos y culturales asociados al desarrollo de la inteligencia artificial. Sus reflexiones forman parte de una discusión global que involucra a gobiernos, universidades, organismos internacionales y empresas tecnológicas. Lo novedoso es que el caso argentino apareció como uno de los primeros intentos concretos de avanzar hacia un esquema que permita reconocer personalidad jurídica a organizaciones administradas por sistemas de inteligencia artificial.

Fue entonces cuando Milei decidió intervenir. Y al hacerlo dejó expuestas dos formas profundamente distintas de pensar el futuro. Para el Presidente, la cuestión central parece ser jurídica y económica. Si una organización gestionada por inteligencia artificial puede contratar, invertir, adquirir bienes o generar daños, resulta razonable que exista una estructura legal capaz de atribuirle derechos y responsabilidades. Desde esa perspectiva, otorgar personalidad jurídica a este tipo de organizaciones no implica lanzar el “Día del Juicio Final” de Terminator, sino adaptar instituciones ya existentes a una nueva realidad tecnológica.

Harari, en cambio, formula una pregunta diferente. No se pregunta solamente quién responderá por los daños ocasionados por una inteligencia artificial. Se pregunta quién ejercerá efectivamente el poder cuando agentes no humanos puedan administrar empresas, acumular patrimonio, realizar operaciones económicas, litigar judicialmente, financiar actividades políticas o influir sobre millones de personas sin que exista necesariamente una voluntad humana claramente identificable detrás de cada decisión.

La diferencia parece sutil, pero es enorme. Mientras Milei discute sobre responsabilidad jurídica, Harari discute sobre poder.

Durante gran parte del siglo XX la disputa política estuvo centrada en el control del Estado. Las grandes confrontaciones ideológicas giraban alrededor de quién gobernaba, quién administraba los recursos públicos y qué proyecto político conducía las instituciones.

Pero el siglo XXI está modificando profundamente ese escenario.

Una parte creciente del poder ya no reside exclusivamente en los gobiernos, los parlamentos o los partidos políticos. También se encuentra en una compleja red de corporaciones tecnológicas, fondos globales de inversión y conglomerados financieros que operan más allá de las fronteras nacionales y cuya capacidad económica supera, en muchos casos, la de numerosos Estados. Los algoritmos, las plataformas digitales y la inteligencia artificial no constituyen fenómenos aislados. Forman parte de una nueva arquitectura del poder que no reemplaza las formas tradicionales de dominación, sino que se superpone a ellas. Los recursos naturales, el control territorial, la capacidad industrial y el poder financiero continúan siendo factores decisivos. La novedad es que, junto a ellos, la concentración de datos, información y capacidad de procesamiento comienza a ocupar un lugar cada vez más estratégico en la disputa por la riqueza, la influencia y el poder global.

La pregunta ya no es solamente quién gobierna. La pregunta es quién construye el sentido a partir del cual las sociedades toman sus decisiones.

Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial representa mucho más que una innovación tecnológica. Representa una transformación profunda en las formas de acumulación y ejercicio del poder.

El riesgo no parece ser la fantasía cinematográfica de máquinas rebelándose contra la humanidad. El riesgo es mucho más silencioso. Es la posibilidad de que sistemas algorítmicos lleguen a conocer nuestros hábitos, emociones, preferencias y comportamientos mejor que nosotros mismos y utilicen ese conocimiento para orientar decisiones individuales y colectivas a una escala sin precedentes históricos.

Pero existe otro aspecto igualmente preocupante. La discusión planteada por Harari coincide con un momento en el que distintos sectores de la nueva derecha global impulsan un cuestionamiento sistemático de las capacidades regulatorias del Estado.

La Argentina constituye un caso paradigmático. Javier Milei llegó al gobierno proclamando su intención de reducir drásticamente el Estado e incluso definiéndose a sí mismo como “un topo” dispuesto a destruirlo desde adentro. Más allá del tono provocador de la frase, la definición expresa una concepción política concreta: cuanto menor sea la intervención estatal, mayor será el espacio para la libertad individual y el desarrollo del mercado.

Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial plantea una paradoja difícil de ignorar.

Si las nuevas tecnologías concentran cada vez más capacidad de influencia económica, cultural e informacional; si los algoritmos adquieren una capacidad creciente para modelar comportamientos y construir sentido; si las grandes corporaciones tecnológicas administran más información que muchos Estados nacionales, ¿quién ejercerá los controles necesarios para evitar abusos, concentraciones excesivas o nuevas formas de dominación?.

La cuestión ya no gira únicamente alrededor de la inteligencia artificial. Gira alrededor de la capacidad de las sociedades democráticas para establecer límites al poder.

Porque la historia demuestra que la “libertad” no depende solamente de la ausencia de regulaciones. También depende de la existencia de instituciones capaces de impedir que el poder se concentre hasta volverse incontrolable.

Por eso la discusión excede largamente el caso argentino. No se trata solamente de determinar si una inteligencia artificial puede administrar una empresa. Se trata de decidir quién tendrá capacidad para fijar las reglas de funcionamiento de las sociedades futuras.

¿Quién controlará a quienes controlan los datos?

¿Quién supervisará a quienes diseñan los algoritmos?

¿Quién protegerá el interés público cuando los centros de poder sean cada vez más globales, más opacos y más difíciles de identificar?

Quizás el desafío de nuestro tiempo ya no consista únicamente en decidir quién gobierna. Tal vez consista, antes que nada, en comprender quién decide sobre qué hablamos, qué vemos, qué consumimos y qué dejamos de ver.

Porque cuando el poder deja de tener rostro, cuando ya no se expresa solamente a través de gobiernos e instituciones visibles sino mediante plataformas, algoritmos y sistemas capaces de moldear silenciosamente la realidad, la defensa de la democracia exige algo más que elecciones periódicas.

Exige reconstruir capacidades colectivas, fortalecer instituciones públicas, democratizar el acceso al conocimiento y desarrollar nuevas formas de participación ciudadana capaces de actuar sobre los desafíos de nuestro tiempo.

La respuesta no puede ser el miedo a la tecnología ni el regreso nostálgico a un pasado que ya no existe. Tampoco la resignación frente a poderes que se presentan como inevitables. El desafío consiste en construir una democracia capaz de gobernar la innovación en lugar de ser gobernada por ella.

Si durante el siglo XX los pueblos conquistaron derechos para limitar los abusos del poder económico y político, el siglo XXI deberá encontrar los mecanismos para someter también al control democrático a los nuevos poderes tecnológicos. No para impedir el progreso, sino para garantizar que sus beneficios alcancen al conjunto de la sociedad.

La historia demuestra que ninguna forma de dominación es eterna y que ninguna concentración de poder permanece incontestable para siempre. Las herramientas deberán ser nuevas, porque nuevos son los desafíos. Pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma que atravesó todas las luchas democráticas de la modernidad: cómo construir una sociedad donde el desarrollo, la libertad y la dignidad humana estén por encima de cualquier forma de poder, por sofisticada e invisible que esta sea.

"La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse.

José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro de estudio de la realidad social y política argentina Arturo Sampay y de Primero Vicente López.