El progreso que vemos y lo que dejamos de ver: el trabajo que desaparece

Cada vez que una máquina reemplaza a una persona vemos una parte del progreso: hacemos las cosas más rápido, más barato y, muchas veces, con mayor comodidad. La otra parte casi nunca la vemos: qué trabajador dejó de ser necesario, qué ocurrió con sus ingresos y quién se hace cargo de las consecuencias.

Columna de Opinión

Por: José "Pepe" Armaleo*

Las transformaciones están delante de nuestros ojos. Las autopistas avanzan hacia sistemas de peaje sin cabinas ni barreras. En los supermercados crecen las cajas de autoservicio. Las operaciones bancarias se realizan desde el teléfono y los chatbots reemplazan parte de la atención personal. Los algoritmos intervienen en la selección de trabajadores y la organización de tareas.

Todo eso puede significar progreso. La tecnología puede mejorar servicios y aumentar la productividad. Pero hay una pregunta que casi nunca acompaña esas transformaciones: ¿qué pasó con el trabajo que había detrás de esas tareas?.

Nosotros vemos la comodidad. La empresa ve la eficiencia y la rentabilidad. El trabajador puede estar viendo desaparecer una tarea que hasta ayer era su fuente de ingreso.

Cuando una empresa incorpora una tecnología que le permite producir lo mismo, o más, con menos trabajadores, obtiene un beneficio económico: reduce costos, aumenta productividad y puede mejorar su rentabilidad. Es legítimo que quien invierte en tecnología aspire a beneficiarse. Lo que debemos discutir es quién asume los costos de la transformación.

¿Qué ocurre con el trabajador que pierde su puesto? ¿Quién sostiene sus ingresos durante la transición? ¿Quién financia su capacitación y reconversión? ¿Qué sucede con los aportes que dejan de ingresar a la seguridad social?.

Porque aquí reaparece un viejo mecanismo que conocemos demasiado bien: privatizar los beneficios y socializar los costos. La ganancia de una mayor productividad queda en manos de quien obtiene el beneficio económico, mientras que parte de las consecuencias -pérdida de empleo e ingresos, reconversión y menor financiamiento de la seguridad social- termina siendo afrontada por el trabajador y por el conjunto de la sociedad.

El problema, entonces, no es la tecnología. Es cómo distribuimos los frutos de su capacidad de producir más con menos esfuerzo humano.

La tecnología también puede abrir una oportunidad histórica. Si una sociedad puede producir más con menos trabajo, ese aumento de productividad puede traducirse en mejores condiciones laborales, reducción de la jornada sin pérdida de ingresos, nuevas actividades y más tiempo para la vida familiar y comunitaria. Pero para eso hacen falta decisiones políticas y reglas que orienten el progreso hacia el bien común.

Esta discusión adquiere una dimensión mayor con la inteligencia artificial. Ya no se trata solamente de automatizar tareas manuales. La IA puede escribir, traducir, programar, analizar información, atender consultas, seleccionar candidatos y participar en decisiones que afectan el trabajo y otros derechos.

Por eso no alcanza con decirle a quien pierde su empleo que debe “capacitarse”. Hay que preguntarse quién paga esa capacitación y cómo se sostiene al trabajador durante la transición. Esta debe ser anticipada y participativa, con trabajadores, sindicatos, empresas, universidades y sistema científico y tecnológico.

También debemos discutir los límites. No todo aquello que técnicamente podemos automatizar necesariamente debemos automatizarlo. Hay actividades en las que la intervención humana constituye un valor esencial: el cuidado, la educación, la salud, la justicia, la seguridad y otros derechos fundamentales. La inteligencia artificial puede asistir y ampliar capacidades, pero no debe diluir la responsabilidad humana.

En este sentido resulta significativa la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV, que advierte sobre los desafíos de la inteligencia artificial para la dignidad, el trabajo, la justicia social y la concentración del poder tecnológico. Su planteo parte de una idea fundamental: la innovación debe estar orientada por la persona humana y el bien común.

El Estado tiene aquí una responsabilidad indelegable. No para detener la innovación, sino para establecer reglas, anticipar impactos y asegurar que una parte de los beneficios derivados de la sustitución del trabajo humano contribuya a financiar la capacitación, la reconversión, la generación de empleo y la seguridad social.

No se trata de gravar la tecnología por existir. Se trata de establecer una regla de justicia: quien obtiene un beneficio económico mediante la sustitución de trabajo humano debe contribuir también a afrontar los costos sociales que esa sustitución genera.

Estamos frente a un cambio de era. No sabemos exactamente cuáles serán todos los trabajos del futuro, pero sí podemos decidir bajo qué reglas vamos a atravesar esa transformación.

Y aquí hay una responsabilidad que no podemos eludir. Hay que mirar de frente este proceso, anticiparse a sus consecuencias y comenzar a discutir hoy las reglas que van a ordenar el mundo del trabajo de mañana. No alcanza con reaccionar cuando los empleos ya desaparecieron, cuando los ingresos ya cayeron o cuando la desigualdad ya se profundizó. Gobernar también significa anticipar, regular y decidir qué lugar queremos que ocupe la tecnología en nuestra sociedad.

Porque no se trata de estar a favor o en contra de la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías. Se trata de decidir quién se beneficia con ella, quién asume sus costos y qué hacemos para que el progreso tecnológico no vuelva a reproducir las desigualdades del pasado.

La pregunta fundamental es qué estamos dispuestos a permitir que hagan las nuevas tecnologías, bajo qué reglas y para qué sociedad.

Porque si la respuesta vuelve a ser la misma de siempre, “privatizar los beneficios y socializar los costos”, estaremos utilizando una tecnología extraordinariamente avanzada para reproducir un modelo social profundamente antiguo.

La tecnología debe estar al servicio del hombre y no en sustitución de éste.

"La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse."

*José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro de estudio de la realidad social y política argentina Arturo Sampay y de Primero Vicente López.