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Devaluación y remarcación de precios: quejas de empresarios cercanos a Milei

  • Foto del escritor: Editorial Tobel
    Editorial Tobel
  • 18 abr
  • 3 Min. de lectura

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas emitió un comunicado cuestionando y rechazando aumentos. Además, piden bajar “costos ocultos”.

“Ante la reciente liberación del cepo cambiario, desde el sector mayorista expresamos nuestro rechazo a las listas de precios que están llegando con aumentos injustificados”, expresa el comunicado emitido por CADAM - Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas- luego de recibir considerables aumentos -entre un 7 y 15%, en el mejor de los casos- por parte de fabricantes de productos de primera necesidad.


No pocos coinciden que el comunicado de CADAM, quien se muestra cercana al pensamiento ideológico del gobierno, fue el producto de presiones por parte del equipo económico que preside Luis “Toto” Caputo, el endeudador serial. El ministro también metió “apriete” (así lo sintieron en el sector empresarial) al puñado de fabricantes para que retrotraigan precios con un par de semanas antes a la devaluación. 


Devaluación (30%) e inflación rozando el 4%, que impulsó, como era de esperar, una fuerte remarcación de precios. Así como alguien va a pagar el dólar barato que ofrece el gobierno, los empresarios lógicamente no pueden ni quieren perder rentabilidad. Mucho menos en un mercado donde el consumo de marzo tuvo una nueva caída. En este caso, del 5,7%.++


Dando muestra de confianza en la receta -vieja y conocida- utilizada por La Libertad Avanza, CADAM expresó que “la liberación del cepo no representa una devaluación, sino la apertura positiva del mercado. Ya de por sí las empresas operaban con el dólar MEP o Contado con Liqui, que incluso registraron una baja tras la apertura del dólar oficial, lo que refuerza la idea de que no hay fundamentos para remarcar precios”.


“El verdadero problema de la economía no es el dólar sino los impuestos (especialmente los distorsivos como son los IIBB y tasas municipales) y los "costos ocultos" que se trasladan a precios”, argumentaron, de manera un tanto particular, empresarios del sector. Una postura que se contradice con la de especialistas y doctores en economía sostiene que uno de los principales, sino el principal, problema del país es que “nuestra economía es bimonetaria desde hace décadas y el punto central es la incapacidad para generar dólares genuinos, no vía deuda”.


Supermercadistas y mayoristas, al igual que otros sectores de la economía, por caso agroexportadores, también reclaman al gobierno por los "costos ocultos" que se trasladan a precios desde la industria al consumidor.  Nunca mencionan o hacen referencia a mejorar salarios por arriba de la inflación, lo que permitiría potenciar el consumo. Mucho menos mencionan la noción “distribución de la riqueza”.


Al respecto, señalan seis puntos.


Por cada empleado de comercio:


1.   Contribución Adicional Solidaria a la obra social por COVID-19, que se sigue cobrando hasta el día de hoy. La “contribución solidaria” hay que abonarla “tengan o no esa obra social”.

2.   Aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Desde el año 2008 hay que aportarlo mensualmente, aunque el empleado no se capacite nunca.

3.    Seguro obligatorio de retiro: se creó en octubre de 1991, y representa el 2,5% de la remuneración del trabajador. El 50% de lo recaudado se deposita en la cuenta individual del trabajador y el otro 50% va al sistema colectivo “solidario”. Para obtener el beneficio del retiro, el empleado debe tener aportados al menos 20 años.

4.   Aporte al sindicato: se le descuenta al empleado esté afiliado o no. Implica el 0.5% del salario.

Desde la industria:

5.   Aporte obligatorio al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA). Fue creado por la Ley 25.507 en el 2001.

6.   Aporte a la COVIAR: obligatorio para la promoción del vino. Mediante la ley 25.849, promulgada en 2004, se crea la CORPORACION VITIVINICOLA ARGENTINA – COVIAR, para ejecutar el “Plan estratégico Argentina vitivinícola 2020”. Si no se paga, la bodega puede sufrir el bloqueo. “Los incumplimientos de la contribución obligatoria serán sancionados con la paralización de los procedimientos donde se tramiten los permisos de traslado y/o permisos de despacho de libre circulación y/o solicitudes de exportación por parte del I.N.V….”, sostiene el Artículo 13 de la ley.

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