Cuando la política se duerme, el conflicto avanza y el colectivo no circula

La crisis del transporte en San Isidro expone mucho más que un problema de gestión: revela la ausencia de conducción política frente a conflictos que golpean a trabajadores y usuarios. Entre el ajuste, la fragmentación y la pasividad, el vacío se llena pero no siempre en favor de las mayorías.

 

Columna de Opinión

Por: José "Pepe" Armaleo*

La crisis del transporte en San Isidro -con la interrupción de servicios esenciales como las líneas 707, 333, 407 y 437- no es sólo un problema de gestión ni un episodio aislado. Es la expresión concreta de un modelo que ajusta sobre lo público y traslada el costo a trabajadores y usuarios.

En este contexto, la irrupción de Gustavo Posse proponiendo una salida -más allá de las especulaciones políticas que puedan haber detrás- deja en evidencia algo más profundo: cuando hay vacío de conducción, alguien ocupa ese lugar. Y no siempre son los espacios que históricamente representaron los intereses populares.

Porque mientras miles de vecinos quedan virtualmente incomunicados, obligados a gastar más en transporte (y en tiempo) o reorganizar su vida cotidiana, y mientras trabajadores del sector ven peligrar su fuente de ingreso, buena parte de la dirigencia política parece observar la situación desde afuera, sin intervenir con la urgencia que el caso amerita.

No se trata de una discusión menor. El transporte público es un derecho que garantiza el acceso al trabajo, la salud y la educación. Cuando ese derecho se interrumpe, lo que está en juego es la vida cotidiana de la comunidad.

Pero, además, este conflicto deja al descubierto una falla más estructural: la desconexión entre la dirigencia y los problemas reales. Sin conducción política no hay organización, y sin organización no hay capacidad de respuesta frente a crisis como esta.

En ese sentido, el movimiento obrero -y particularmente la CGT en la región- tiene un rol que no puede eludir. Pero no alcanza con interpelar únicamente a las organizaciones sindicales. La responsabilidad es más amplia y compromete al conjunto de la dirigencia política, especialmente a aquellos sectores que se oponen (o dicen oponerse) al rumbo económico actual.

La defensa del trabajo y de las condiciones de vida no puede quedar reducida a declaraciones ni a posicionamientos discursivos. Requiere presencia territorial, articulación entre actores y, sobre todo, decisión política para intervenir en los conflictos concretos.

Porque acá el problema es doble: trabajadores del transporte que pierden su empleo y usuarios -también trabajadores- que quedan sin movilidad. Es decir, una misma política que golpea por partida doble a los sectores populares.

Cuando la respuesta no aparece de manera coordinada -entre sindicatos, dirigencia política y representación institucional- lo que se impone no es la solución, sino la fragmentación. Y en esa fragmentación, los conflictos se profundizan y las salidas quedan en manos de quienes tienen otros intereses.

La fragmentación, las internas y la especulación terminan generando parálisis. Y en política, la parálisis no es neutral: siempre beneficia a alguien.

Hay momentos en los que la política tiene que dejar la siesta y asumir su responsabilidad.

Porque si no hay conducción, alguien más la va a ejercer. Y probablemente no en favor de las mayorías, algo sabemos ya que hoy vivimos la consecuencia de ello.

"La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse."

*José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro de estudio de la realidad social y política argentina Arturo Sampay y de Primero Vicente López.