Accidentes laborales: ¿por qué el discurso de las ART vuelve una y otra vez?

La retórica sobre un supuesto “colapso” del sistema de riesgos del trabajo reaparece cíclicamente. Detrás del relato de la “industria del juicio” se oculta lo esencial: sin siniestros, sin precarización y sin incumplimientos patronales no habría reclamos judiciales. El problema no son los trabajadores; es el modelo de trabajo que prioriza bajar costos por sobre la salud y la vida.

Columna de Opinión

Por: José "Pepe" Armaleo.-

Leyendo la nota sobre la “industria del juicio” publicada en La Política Online, me lleva a una reflexión inevitable: la narrativa del colapso de las ART vuelve a escena pública cada vez que el sistema financiero y asegurador necesita presionar por nuevas desregulaciones o por blindajes normativos que limiten los derechos de los trabajadores. Es un libreto conocido, repetido y previsible.

El argumento central -que habría una “epidemia de juicios” provocada por peritos inescrupulosos, abogados oportunistas o trabajadores supuestamente incentivados a litigar- omite el dato más básico y elemental: no existiría un solo juicio por riesgos del trabajo si no existieran accidentes laborales, enfermedades profesionales, incumplimientos de seguridad o incapacidades que la ART no reconoce en tiempo y forma.

Las ART dicen temer un “colapso del sistema”. Pero lo que está colapsado -y desde hace décadas- es la prevención, los controles estatales, la inversión empresaria en condiciones de trabajo y la aplicación efectiva de la Ley 24.557. Lo que nunca colapsa, en cambio, es el nivel de ganancias del negocio asegurador, aun en contextos de crisis.

La nota afirma que hay juicios de más de 300 millones de pesos por lesiones lumbares. La pregunta que nunca aparece es la esencial: ¿cómo se llega a una incapacidad tan grave por una simple lumbalgia, si no hay precarización, ausencia de controles ergonómicos, ritmos de trabajo insalubres o falta de prevención por parte del empleador?.

Sin explicación de las causas reales, la “industria del juicio” aparece como un fenómeno casi mágico que sólo serviría para justificar la reforma permanente del sistema en perjuicio de los mismos de siempre.

También se denuncia que “los peritos actúan sin control”. Pero el verdadero problema es otro: si la justicia les termina dando la razón a los trabajadores es porque las ART previamente rechazaron o minimizaron incapacidades que luego se comprueban. Es decir, el proceso judicial aparece porque hubo un conflicto previo generado por la negativa o la insuficiencia del reconocimiento administrativo.

Se menciona como solución la plena aplicación de la ley macrista de 2017 y la creación de los Cuerpos Médicos Forenses. Pero esa ley -cuestionada desde el inicio por su sesgo antiobrero- no solucionó el fondo del problema: la enorme brecha entre la realidad de los lugares de trabajo y las prácticas de las ART, más preocupadas por reducir costos que por invertir en prevención.

Hablar de “epidemia de demandas” sin hablar de la epidemia de precarización, tercerización y subregistro laboral es deshonesto intelectualmente.

Hablar de “colapso inminente” sin mencionar la falta de inversión en seguridad e higiene, también.

Hablar de “círculo perverso de peritos y abogados”, pero no de los rechazos sistemáticos, de las altas médicas prematuras o de las incapacidades subvaluadas, es sencillamente tomar una parte mínima del problema para culpar al eslabón más débil.

Por último, la nota advierte que, si las ART colapsan, “serán los empleadores quienes se tendrán que hacer cargo”. Esa frase es reveladora: el sistema de riesgos del trabajo fue creado precisamente para que los empleadores asuman responsabilidades sobre la salud laboral. Si el modelo de ART se muestra inviable es porque -tal vez- no cumple con su función esencial.

En definitiva, la “industria del juicio” no existe.

Lo que existe -y duele- es la industria del accidente, sostenida por un mercado laboral que se flexibiliza, un Estado que se retira y un sistema asegurador que intenta garantizar su rentabilidad aun a costa de la salud de millones de trabajadores.

No hay que desregular aún más: hay que invertir en prevención, fortalecer las inspecciones, mejorar los ambientes de trabajo y garantizar que los trabajadores cobren lo que corresponde cuando su salud es afectada. Todo lo demás es marketing político y lobby sectorial.

"La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse."

*José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro Arturo Sampay y de Primero Vicente López.