El síndrome de down "no es discapacidad"; manda la meritocracia
Patética mirada macrista
Aquellos que muchos aseguran de que los ricos no tienen sensibilidad -lo único sensible son sus bolsillos-, cobra volumen luego de que se conociera que el gobierno nacional diera de baja a unas 170.000 pensiones por discapacidad. Desde diciembre de 2015, cuando asumió el macrismo, la gestión de Carolina Stanley al frente del Ministerio de Desarrollo Social dio de baja a pensiones por invalidez mediante un endurecimiento de las condiciones para acceder al beneficio. Basado en cuestiones financieras, el gobierno aduce que no pude ser que la Argentina tenga cerca del 14% de la población con algún grado de discapacidad. La OSM asegura que el 15% de la población mundial padece algún discapacidad, por lo que amerita que los Estados garanticen derechos. El sólo hecho de tener, por ejemplo, un auto modelo 2003, o bien que un padre que gane $22.000, son motivos suficiente para el beneficiario pierda todo derecho.
A pesar de semejante realidad, el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), Guillermo Badino, defendió los recortes y aseguró que una persona con cierto grado de discapacidad, como alguien con síndrome de down, “puede trabajar si lo desea”. Una mirada comprensible (reprochable por cierto) dentro del nuevo esquema que plantea el gobierno: meritocracia. Es en este punto en que la perversidad tiene nombre y apellido. “Evidentemente no sabe y no quieren saber qué significa tener y convivir con la discapacidad que afecta a todo el núcleo familiar”, comentaba ante Lo Nuestro la dirigente Marcela Cortellia.
Ante la repercusión mediática del ajuste, la ministra Stanley se comunicó ayer con la vicepresidenta de la comisión de Discapacitados de la Cámara de Diputados, Gabriela Troiano, para comunicarle que su cartera está dispuesta a “reconsiderar” los casos que lo ameriten, aunque se trata de una política que ya lleva un año y medio y no de errores puntuales.“Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad. Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”, declaró Badino para justificar el ajuste sobre sectores vulnerables.
Según reconoció la cartera de Stanley en un comunicado oficial, el año pasado se eliminaron 90.000 pensiones no contributivas. En lo que va de este ya se eliminaron otras 5713 pensiones a madres con más de siete hijos y se suspendieron 5714, se dieron de baja 19.215 por invalidez y se interrumpieron otras 52.491 por el mismo concepto. El total fueron 83.133 pensiones eliminadas o suspendidas en lo que va de 2017. La justificación fue la revisión de los beneficios en el marco de un cumplimiento estricto de las condiciones para al acceso a este derecho de los más vulnerables. En la mayoría de los casos las suspensiones fueron sin aviso y el beneficiario se enteró al ir a cobrar la pensión al banco. Frente a los reclamos de los damnificados, en el 40 por ciento de los casos las pensiones fueron restablecidas, pero luego de un arduo proceso que se demora seis meses en promedio.
