Un chico de 14 años frente a un país de adultos que lo excluye

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años volvió a la escena. Y, como tantas veces, amenaza con quedar atrapada entre dos posiciones que se presentan como irreconciliables: de un lado, quienes reclaman más penas, más castigo y “mano dura”; del otro, quienes somos ubicados bajo el rótulo de “garantistas”, como si defender las garantías constitucionales significara ser indiferentes frente al delito o frente a las víctimas.

Guernica de Pablo Picasso pintado en París​ en 1937 cuando el nazismo avanzaba matando a diestra y siniestra con anuencia popular. El artista no miró para otro lado, no se hizo el distraído, reflejó aquella realidad.

Columna de Opinión

Por: José "Pepe" Armaleo*

Quizás debamos salir de esa trampa. Porque detrás de la discusión jurídica sobre qué puede hacer el Estado con un adolescente de 14 años existe una pregunta anterior y mucho más incómoda: ¿qué hicimos los adultos durante esos catorce años?

Un chico de 14 años no aparece de repente frente a un juez. Antes estuvo frente a nosotros. Estuvo frente a su familia, frente a la escuela, frente a sus docentes, frente al sistema de salud, frente a un club, frente a una iglesia o comunidad religiosa, frente a organizaciones sociales, deportivas y culturales. Estuvo frente a un barrio, frente a los medios, frente a las redes y, fundamentalmente, frente al Estado.

No todos tienen el mismo grado de responsabilidad, por supuesto. Pero todos forman parte del mundo en el que ese chico creció. Y hay algo que deberíamos mirar especialmente: los chicos que no llegan a esos espacios.

Los que quedan fuera de la escuela. Los que no encuentran un club. Los que no tienen un lugar de pertenencia. Los que carecen de un adulto que los acompañe, los escuche, les ponga límites y les permita imaginar un futuro. Son los excluidos.

Pero exclusión no significa delincuencia. Y este punto es fundamental. Está claro que no todos los chicos pobres delinquen, como tampoco todos los adolescentes que delinquen provienen de hogares pobres o desestructurados.

Hay niños y adolescentes menores de 14 años que también pueden cometer delitos y que, precisamente por su edad, no quedan alcanzados por el régimen penal juvenil. También ellos nos interpelan. La respuesta no puede ser simplemente esperar que cumplan la edad suficiente para ingresar al sistema penal. Si queremos prevenir, tenemos que llegar antes.

Pero existe también la otra cara, mucho menos cómoda para ciertos discursos. También delinquen quienes lo tuvieron todo. Personas que crecieron con familia, educación, oportunidades, confort económico, buenas escuelas y acceso a la universidad. Personas que jamás conocieron la exclusión y que, sin embargo, pueden estafar, defraudar, corromper, evadir o perjudicar deliberadamente a miles de personas desde una empresa, una oficina, un banco o una posición de poder. Son los llamados delincuentes de cuello blanco.

Y aquí aparece una pregunta que deberíamos hacernos como sociedad: ¿por qué reclamamos con tanta facilidad disciplina para el delito cometido desde abajo y somos muchas veces mucho más tolerantes frente al delito cometido desde arriba? No se trata de equiparar situaciones que jurídicamente son diferentes. Se trata de poner en discusión una misma palabra: responsabilidad.

Porque educar no significa solamente aprender conocimientos. También significa aprender a vivir con otros, reconocer límites y comprender que nuestras acciones tienen consecuencias sobre los demás.

Un chico puede haber sido excluido de la escuela y delinquir. Pero también un hombre puede haber pasado por las mejores universidades y delinquir. Por eso el problema no puede reducirse exclusivamente a la pobreza.

Hay algo más profundo: qué valores transmite una sociedad acerca del éxito, del poder, del dinero, de los límites y del respeto por el otro.

La Ley 27.801 establece un régimen penal juvenil específico para adolescentes desde los 14 años. No se limita formalmente a trasladarles el régimen penal de los adultos: habla de responsabilidad, pero también de educación, resocialización e integración social, y contempla medidas educativas, capacitación, actividades deportivas y culturales, atención de salud y equipos interdisciplinarios.

Es difícil objetar esos objetivos. Pero entonces aparece una pregunta inevitable: ¿con qué recursos? Porque educación, salud, capacitación, deporte e integración no se consiguen con declaraciones. Requieren docentes, profesionales, escuelas, clubes, programas, instituciones y presupuesto.

Y aquí aparece una de las contradicciones políticas que debemos discutir. El mismo gobierno que sostiene como una de sus consignas que “no hay plata” tiene ahora que garantizar los recursos necesarios para que este régimen pueda cumplir con sus objetivos de educación, resocialización e integración.

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Mientras tanto, continúa el conflicto alrededor del financiamiento de las universidades públicas. Entonces la pregunta deja de ser solamente penal. ¿Qué valor le damos realmente a la educación? Porque no podemos decir que la educación es una herramienta fundamental para prevenir el delito y, al mismo tiempo, tratarla como un gasto que debe ajustarse cada vez que se decide que “no hay plata”, pareciera una actitud “hipócrita” ¿no?  Y aquí llegamos al núcleo político de la discusión.

El gobierno ha colocado el orden, el castigo y las consecuencias en el centro de su discurso sobre seguridad. La reforma penal juvenil forma parte de esa concepción. No es ilegítimo que un gobierno quiera fortalecer la capacidad del Estado para perseguir el delito. Lo que sí debemos discutir es qué lugar ocupa el poder punitivo dentro de su idea de sociedad. Porque una cosa es un Estado que ejerce legítimamente su autoridad para proteger a la sociedad y otra es un Estado en el que la represión se convierte en la principal herramienta de disciplinamiento social.

La seguridad no comienza cuando aparece la policía. Se construye mucho antes: cuando un chico tiene padres presentes que lo puedan contener, cuando tiene escuela, cuando encuentra un docente que lo reconoce, cuando puede jugar en un club, cuando tiene acceso a la salud, cuando participa de una comunidad, cuando puede estudiar y cuando puede imaginar un futuro.

Y también se construye cuando el Estado es capaz de perseguir el delito cometido desde posiciones de poder. Por eso no acepto la falsa oposición entre garantismo y seguridad.

Soy garantista. Y ser garantista no significa justificar el delito ni abandonar a las víctimas. Significa sostener que el Estado también está sometido a la ley; que no puede castigar arbitrariamente; que existen garantías que protegen a todos y que esas garantías son todavía más importantes cuando quien enfrenta el poder punitivo del Estado es un menor.

Pero ser garantista tampoco significa ser ingenuo. El adolescente que delinque debe responder por sus actos dentro del régimen jurídico que corresponda. La víctima debe ser protegida. El Estado debe investigar. La sociedad tiene derecho a vivir segura.

Lo que discutimos es cómo construimos esa seguridad. Porque si la única respuesta que tenemos frente a un chico de 14 años es el Código Penal, estamos llegando demasiado tarde. Y si frente al delito de quien tiene poder nuestra respuesta es la tolerancia, estamos llegando tarde y mal.

La cuestión, entonces, no es solamente qué hacemos con quien delinque. También, y fundamentalmente, es qué hicimos antes.

Y esto nos lleva inevitablemente al voto. Porque cuando votamos no elegimos solamente un candidato. Elegimos un proyecto de país. Elegimos cuánto Estado queremos antes del delito y cuánto Estado queremos después del delito. Elegimos cuánto estamos dispuestos a invertir en educación, salud, universidades, ciencia, cultura, clubes, infancia y trabajo, en definitiva, elegimos cuánto queremos invertir en el futuro de nuestros jóvenes. Elegimos qué entendemos por autoridad y qué entendemos por seguridad. Elegimos si queremos una sociedad que llegue primero con la escuela, la comunidad, la salud y las oportunidades, o una sociedad que llegue primero con la policía, el juez y la cárcel.

Y también elegimos qué hacemos con quienes delinquen desde el privilegio. Porque no existe una verdadera cultura de la responsabilidad si la ley es implacable con el débil y tolerante con el poderoso.

La responsabilidad debe alcanzar a todos, cualquiera sea su origen social, su patrimonio o el lugar que ocupen en la sociedad, siempre dentro de las garantías y las reglas jurídicas correspondientes.

Por eso, quizás, la discusión sobre los 14 años debería servirnos para mirar mucho más lejos. Un chico de 14 años puede tener que responder por lo que hizo. Pero nosotros, los adultos, también deberíamos preguntarnos qué hicimos -y qué dejamos de hacer- durante esos catorce años.

Porque un chico que delinque interpela a sus padres. Interpela a la escuela. Interpela al club. Interpela a la iglesia. Interpela a la comunidad. Interpela al Estado. Interpela a la sociedad.

Pero también nos interpela a nosotros. Y cuando votamos, estamos decidiendo qué respuesta queremos darle a esa interpelación. No solamente quién va a gobernar. Estamos eligiendo qué país queremos construir.

Un país que llegue antes o un país que llegue después. Un país que eduque antes de castigar o que castigue cuando ya fracasaron todas las instancias anteriores. Un país que proteja al débil y también controle al poderoso. Un país que entienda que la autoridad no es sinónimo de represión y que las garantías no son sinónimo de impunidad.

Porque una sociedad no se mide solamente por la manera en que castiga a quienes quedan afuera. También se mide por todo lo que hace para que nadie quede afuera.

Y quizás esa sea la pregunta que deberíamos hacernos frente a un chico de 14 años: ¿Qué hicimos para que pudiera elegir otro camino? Y, sobre todo: ¿qué país estamos eligiendo para que los que vienen detrás de nosotros puedan elegir el suyo?

"La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse."

José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro de estudio de la realidad social y política argentina Arturo Sampay y de Primero Vicente López.