Senadores del PRO cuidan el bolsillo de empresarios agropecuarios

En referencia a la licitación de la Terminal Quequén SA

En medio de una puja distributiva que no termina de clarificar ante los ojos del ciudadano de a pie, donde intereses de grandes grupos exportadores de granos, acopiadores y productores rurales se cruzan, el gobierno de la provincia postergó el llamado a licitación de la Terminal Quequén s.a. que debía llevar adelante el Consorcio de Gestión integrado por representantes del estado provincial y empresarios. La postergación se debió que los integrantes de Consorcio, aseguran, integrantes recibieron el pliego de la licitación que fue confeccionado por legales de la Provincia sin el debido tiempo que exige un llamado de estás características.

Frente a este panorama senadores provinciales del PRO  presentaron un pedido de informes a través del cual buscan conocer detalles acerca de la situación que gira en torno a la licitación.

Al respecto, el presidente del bloque PRO, Alejandro Rabinovich dijo: “No vamos a permitir que Kicillof intervenga y se lleve puestos a los productores rurales. Hay que esclarecer la situación de la licitación que se va a llevar adelante. Porque Kicillof está haciendo todo lo contrario. Está generando preocupación a los productores agropecuarios con la situación del Puerto de Quequén”.

El pedido de informe fue acompañado por el vicepresidente del bloque Radical, Ariel Martínez Bordaisco, y el senador sanfernandino Alex Campbell. Los legisladores pidieron respuestas acerca del proceso licitatorio para esa concesión. Si se hubiera iniciado, solicitaron datos tales como fecha, plazos y pliegos de bases y condiciones. Y en caso de no haberlo iniciado pretenden conocer cuáles serían las determinaciones administrativas que garanticen la continuidad operatoria portuaria de la empresa.

Esta solicitud de informes de la Cámara Alta se da en un periodo de prórroga de la concesión que se encuentra próxima a vencer (en noviembre). Entre los productores rurales se ha generado una fuerte preocupación dada la posibilidad de que la Provincia de Buenos Aires accediera a una reserva del 30% de los granos de acopio para su comercialización, considerada una “intervención estatal perjudicial para la actividad”.

En esto de que cada sector cuida su, quinta, mientras el Estado provincial intenta poner orden y garantizar equidad comercial frente a la puja empresarial, el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, y parte de la sociedad que controla la empresa Terminal Quequén SA, se refirió a la situación que atraviesa la concesión del elevador de la ex Junta Nacional de Granos y afirmó que “queremos una licitación transparente, pero que se nos reconozca lo realizado en los últimos 33 años”.