San Isidro: Centros comerciales en retroceso

Locales vacíos, comercios en crisis y un clima que preocupa.

Columna de Opinión

Por: Federico Meca*

Los centros comerciales tradicionales de San Isidro atraviesan una situación que ya no puede ser considerada un fenómeno aislado. En Martínez, San Isidro, Villa Adelina y Boulogne se observa cada vez con mayor frecuencia una postal preocupante: locales cerrados, galerías prácticamente vacías, comercios que abandonan sus ubicaciones tradicionales para trasladarse hacia espacios más pequeños o más alejados de las principales arterias y una creciente cantidad de inmuebles que permanecen disponibles durante largos períodos.

El fenómeno no se limita a la falta de carteles de alquiler. Muchos locales que históricamente eran ofrecidos a través de inmobiliarias ahora aparecen publicados directamente por sus propietarios y aun, bajo esa modalidad, encuentran enormes dificultades para conseguir nuevos ocupantes.

Esta situación produce un efecto que va mucho más allá de cada comerciante individual. Cuando un comercio abandona una arteria principal y se traslada a una ubicación secundaria para reducir costos, no solamente cambia de domicilio: se debilita progresivamente el centro comercial en su conjunto. Menos locales abiertos significan menos circulación, menos actividad y menor atractivo para nuevos emprendimientos.

Así, se genera un círculo difícil de romper: la caída del consumo afecta al comerciante, el comerciante reduce costos o abandona el local, el centro comercial pierde actividad y esa pérdida de actividad termina afectando también a los comercios que todavía permanecen allí.

A esto se suma otro problema: la pérdida de identidad de nuestros centros comerciales. Comercios históricos y establecimientos emblemáticos que durante décadas formaron parte del paisaje cotidiano de los barrios van dejando lugar, en muchos casos, a grandes cadenas comerciales o a productos cada vez más genéricos y de baja calidad por la apertura indiscriminada de las importaciones del gobierno nacional. El riesgo es que nuestros centros comerciales terminan pareciéndose cada vez más entre sí, perdiendo parte de esa identidad propia que los convirtió en lugares de encuentro y referencia para los vecinos por su variada impronta.

El deterioro del espacio público tampoco es un dato menor. La menor actividad comercial durante determinadas franjas horarias deja calles y galerías con menos circulación de personas y genera una situación de abandono que contribuye a aumentar hechos delictivos, especialmente durante la noche. A esto se agregan problemas vinculados con la limpieza y la recolección de residuos, que favorecen la aparición de roedores y profundizan el deterioro de zonas cada vez más abarcativas en este panorama de merma generalizada.

Esa espiral de contracción económica se profundizará aún más con megaproyectos de concentración comercial como el que se está gestando en el Unicenter Shopping con la construcción de casi 90 locales nuevos. El pequeño y mediano comerciante local no puede competir con esos niveles de inversión y concentración. La diferencia de espalda financiera y de posibilidad de vidriera es cósmica. Estamos hablando de cientos de locales de vecinos a lo largo del distrito que están sufriendo para subsistir.

Frente a esta realidad, consideramos necesario que el Estado municipal acompañe al comercio local en lugar de limitarse a observar las consecuencias de la crisis. Por eso, desde el Concejo Deliberante hemos impulsado un proyecto de alivio fiscal sobre la tasa de comercio, entendiendo que cuando las ventas caen de manera significativa no puede exigirse al comerciante el mismo esfuerzo económico que en una situación de normalidad.

Se trata de una medida de excepción y socorro frente a una situación extraordinaria y, ni más ni menos, de generar herramientas concretas que permitan sostener puestos de trabajo, locales abiertos y centros comerciales con vida y movimiento.

Controlar sí, maltratar no

En paralelo, existe otra situación que merece una consideración especial: el modo en que se desarrollan determinadas inspecciones municipales sobre los comercios.

Nadie plantea que un comercio deba estar por encima de la ley. Las normas de seguridad, habilitación, higiene y funcionamiento deben cumplirse y el Estado tiene la obligación de controlarlas.

Pero controlar no significa maltratar

En un contexto social marcado por la incertidumbre económica, la caída del consumo y un profundo malestar, resulta especialmente preocupante que algunos comerciantes denuncian procedimientos llevados adelante con formas prepotentes, autoritarias o innecesariamente cargadas de violencia.

Un inspector puede y debe señalar aquello que debe corregirse. Pero entre señalar una irregularidad y generar una situación de intimidación existe una diferencia sustancial.

Existen casos en los que se observan cuestiones que pueden requerir tiempo, dinero y profesionales para su regularización: actualización de planos, croquis de locales firmados debidamente por arquitectos, adecuaciones edilicias o determinadas condiciones de seguridad. También pueden existir observaciones tan específicas como la colocación de un elemento antideslizante en un escalón o la señalización de una salida en la única puerta de un local pequeño.

Todo aquello que corresponda cumplir debe cumplirse.

Lo que cuestionamos es que, frente a una irregularidad subsanable, la primera respuesta termine siendo una clausura que deje al comerciante sin posibilidad de continuar trabajando mientras realiza las adecuaciones necesarias.

El Estado debería poder ejercer su función de control sin transformar cada inspección en un enfrentamiento. Debe existir una lógica de acompañamiento, prevención y adecuación cuando la situación lo permita, sin resignar los estándares de seguridad.

Porque detrás de cada persiana hay una persona que invierte un ahorro, tiempo, trabajo y que está peleando por atravesar esta crisis de consumo que ya suma largos meses. Hay empleados, familias, proveedores y cadenas de pago. Hay años de esfuerzo y, muchas veces, una historia comercial que forma parte de la identidad de un barrio.

Recuperar la actividad, no profundizar el conflicto

San Isidro necesita discutir qué centros comerciales quiere para los próximos años.

No alcanza con preocuparse cuando un local cierra. Hay que preguntarse por qué cierra, qué condiciones enfrenta el comerciante y qué puede hacer el Estado para evitar que una crisis individual termine convirtiéndose en el deterioro de diversos corredores de paseo y actividades económicas locales.

También necesitamos recuperar una cultura de convivencia entre el Estado y quienes trabajan todos los días en nuestros barrios de la forma más amena posible.

En momentos de crisis, las respuestas institucionales no pueden alimentar nuevos conflictos. Necesitamos salir del círculo de malestar, confrontación y deterioro para construir respuestas positivas: alivio fiscal cuando sea necesario, controles razonables, acompañamiento para la regularización, mejores servicios urbanos, limpieza, seguridad y políticas que incentiven nuevamente la apertura y permanencia de comercios.

Defender nuestros centros comerciales es defender mucho más que una actividad económica. Es defender el empleo, la identidad barrial, el espacio público y una forma de vivir la ciudad.

La crisis existe y no puede ignorarse. Pero tampoco podemos resignarnos a que las persianas bajas, los carteles de “liquidación por cierre" y “local en alquiler” se conviertan en parte permanente y extendida del paisaje de San Isidro.

Esta versión deja planteados los dos proyectos mencionados: alivio fiscal y repudio al accionar prepotente en inspecciones por parte de la municipalidad como partes de una misma mirada: utilizar herramientas al alcance de la mano del gobierno local para sostener y acompañar al emprendedor sanisidrense y recuperar la vitalidad de nuestros centros comerciales.

*Federico Meca: economista, concejal y presidente del bloque PJ-Frente Renovador