Reforma laboral, destrucción del sistema previsional y la batalla silenciosa por el sentido

El proyecto que impulsa el gobierno nacional no es un hecho aislado ni una respuesta técnica a problemas económicos. Es parte de un proyecto deliberado que apunta a desarmar el entramado de derechos construido durante décadas y vaciar los mecanismos de solidaridad social, empezando por el sistema previsional.

Columna de Opinión

Centro de Estudios Arturo Sampay Zona Norte

No hay reforma laboral sin una reforma previa, más profunda y silenciosa: la que se hace en la cabeza de la sociedad. Ninguna ley que arrase derechos históricos podría avanzar si antes no se hubiera preparado el terreno subjetivo, si no se hubiera trabajado -pacientemente- sobre miedos, frustraciones, culpas, deseos y expectativas. La política no gobierna sólo con decretos, votos o mayorías parlamentarias: gobierna sentidos comunes, emociones y formas de percibir el mundo.

La reforma laboral que hoy se impulsa no es un hecho aislado ni una respuesta técnica a problemas económicos. Es parte de un proyecto deliberado que apunta a desarmar el entramado de derechos construido durante décadas y, en ese mismo movimiento, vaciar los mecanismos de solidaridad social, empezando por el sistema previsional. No se trata de errores, improvisaciones ni ingenuidades. Se trata de una estrategia consciente para transferir riesgos desde el Estado hacia los individuos y recursos desde la sociedad hacia el capital concentrado.

Pero para que ese desplazamiento sea posible, antes hay que lograr algo más difícil que sancionar una ley: convencer a amplios sectores de la sociedad de que perder derechos es, en realidad, ganar libertad.

Ahí entra en juego lo psicológico. Y también lo cultural. Y, sobre todo, lo político en su dimensión más profunda.

El miedo es el primer motor. Miedo a quedarse afuera del mercado laboral, miedo a no llegar a fin de mes, miedo a caer definitivamente. A ese temor histórico se le suma hoy otro, más difuso pero igual de potente: el miedo a ser reemplazado por la tecnología, la robótica y la inteligencia artificial, presentadas como fuerzas inevitables ante las cuales no habría alternativa más que adaptarse o desaparecer. El mensaje es claro: nadie es indispensable, nadie tiene garantizado su lugar.

En contextos de incertidumbre, el miedo achica el horizonte. Ya no se piensa en trayectorias de vida, en jubilación, en derechos colectivos o en futuro. Se piensa en sobrevivir al mes siguiente, en no quedar obsoleto, en no ser descartado. Desde ese lugar, cualquier promesa de “flexibilidad”, reconversión o “modernización” aparece como salvación, aunque implique precarización. El miedo -amplificado por el discurso tecnocrático- desactiva la imaginación política y vuelve aceptable lo que antes resultaba inadmisible.

El segundo elemento es la culpa. No surge de manera espontánea: se fabrica. Es una pedagogía del ajuste que apela a escenas cotidianas, a gestos domésticos, para convertir decisiones macroeconómicas en faltas morales individuales. Basta recordar cuando se afirmaba que “no se puede estar en remera en invierno con el aire acondicionado prendido”, mientras se eliminaban subsidios a las tarifas para los hogares, pero se mantenían -o incluso ampliaban- los beneficios a grandes empresas y grupos concentrados. El mensaje era transparente: el problema no era la estructura económica, sino el comportamiento de la sociedad.

Ese desplazamiento es central. Se instala la idea de que la población vive por encima de sus posibilidades, que consume demasiado, que reclama demasiado, que espera demasiado del Estado. Así, el acceso a derechos básicos -energía, transporte, salud, educación, trabajo protegido, jubilación- deja de ser entendido como parte de un proyecto colectivo y pasa a ser presentado como un exceso, una carga, una irresponsabilidad. La culpa funciona como una tecnología política: reemplaza la pregunta quién se queda con la riqueza por la pregunta quién “se porta mal”.

Psicológicamente, esta narrativa es profundamente disciplinadora. Convierte conquistas sociales en cargas morales y naturaliza el ajuste como penitencia. El sufrimiento deja de percibirse como injusticia y pasa a vivirse como corrección. Ya no hay responsables políticos ni económicos que deban rendir cuentas: hay ciudadanos que deben aprender a “hacer sacrificios”. Mientras tanto, los verdaderos privilegios -los subsidios al capital concentrado, las ventajas fiscales, las transferencias regresivas- permanecen fuera de discusión, invisibilizados por una moral selectiva que siempre mira hacia abajo.

El tercer componente es la desesperanza. Se machaca, una y otra vez, con que no hay alternativa. Que el mundo es así. Que el mercado es una fuerza natural. Que toda experiencia colectiva fracasó. La desesperanza no paraliza sólo por tristeza: paraliza porque desarma la voluntad. Una sociedad sin esperanza no discute proyectos: administra resignaciones. Y una sociedad resignada es terreno fértil para cualquier retroceso.

A este trípode -miedo, culpa y desesperanza- se suma un cuarto elemento decisivo: la saturación de información. El bombardeo permanente de estímulos, escándalos, provocaciones y consignas simples genera agotamiento cognitivo. No se busca convencer: se busca cansar. Confundir. Saturar. Cuando todo es ruido, pensar se vuelve un esfuerzo y el pensamiento crítico aparece como un lujo.

Todo esto suele agruparse bajo el rótulo de “batalla cultural”, aunque muchas veces se la reduzca a polémicas superficiales en redes sociales. La verdadera batalla cultural se libra en otro plano: en la aceptación resignada de que el futuro es un problema individual y no colectivo; en la naturalización del sálvese quien pueda; en la internalización de que organizarse es inútil o sospechoso.

En ese marco se instala la ilusión de la libertad individual absoluta. Se exalta la figura del trabajador solo, sin sindicato, sin Estado, sin red. “Vos decidís”, “nadie te obliga”, “el mercado te premia”. Esa promesa conecta con un deseo genuino de autonomía, pero encierra una trampa: cuando se desarman las protecciones colectivas, la libertad se transforma en intemperie. Lo que se presenta como emancipación es, en realidad, una transferencia masiva de poder hacia el capital y de riesgo hacia el individuo.

Este proceso no golpea sólo al trabajador formal o al jubilado. Golpea con fuerza a una mayoría social fragmentada: monotributistas, cuentapropistas, pequeños comerciantes, trabajadores de plataformas, profesionales independientes, jóvenes que aún no logran insertarse en el mercado laboral o que encadenan empleos precarios. A todos ellos se les promete autonomía mientras se los deja solos frente a un sistema cada vez más concentrado. La fragmentación no es un daño colateral: es el corazón del modelo.

Por eso el ataque al sindicalismo no es casual. Allí opera con claridad el viejo principio de dividir para reinar. Un trabajador aislado es siempre más vulnerable que uno organizado. Un individuo negociando solo frente a una empresa es infinitamente más débil que un colectivo con reglas, historia y herramientas de defensa. Cuanto más fragmentada está la sociedad, más fácil resulta dominarla.

Pero el sindicalismo molesta por algo más profundo: porque constituye una infraestructura social alternativa al mercado. Las obras sociales sindicales, los espacios de recreación, la capacitación, la asistencia solidaria y el acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad son expresiones concretas de bienestar colectivo que no responden a la lógica del lucro. Allí donde el mercado selecciona, estas estructuras incluyen; donde el mercado excluye, organizan.

Por eso el ataque es integral. Se busca desacreditar a los sindicatos como “corporaciones” y, al mismo tiempo, desmantelar los mecanismos solidarios. El ataque a las obras sociales sindicales y el vaciamiento del sistema previsional forman parte de la misma ofensiva: romper la idea de que la sociedad puede organizar colectivamente el cuidado, la salud y la vejez. Primero se deteriora el sistema; luego se lo declara inviable. No es casualidad: es diseño.

Dividir para reinar también implica romper la temporalidad colectiva. El sistema previsional y la organización sindical conectan pasado, presente y futuro. Esa continuidad es incompatible con un modelo que necesita individuos encerrados en el presente, angustiados por el mes siguiente, sin horizonte común. Sin futuro compartido, no hay organización posible.

En este contexto, el odio cumple una función política precisa. Canaliza frustraciones hacia enemigos construidos -jubilados, trabajadores, sindicatos, movimientos sociales- y desvía la atención de las verdaderas relaciones de poder. Divide a los de abajo mientras los de arriba avanzan sin resistencia coordinada.