Que no se enteren los terraplanistas: la diputada Aparicio presentó Ley de protección de Fauna

Se trata de una legislación que prohíbe el tránsito de trofeos y la caza de especies en peligro de extinción. Acompañamiento del Ministerio de Ambiente de la Nación

No ha de existir cuestión más tediosa que explicar lo obvio. Que dos más dos son cuatro. Sin embargo, por estas horas, es frecuente escuchar a dirigentes políticos –verdaderos terraplanistas de la ignorancia- con pretensiones presidencialistas asegurando que “contaminar los ríos no genera inconvenientes” y, que “el calentamiento global es un invento”. Dicho esto, mientras la naturaleza se encuentra seriamente amenazada, y miles de seres mueres producto del calentamiento global y el daño ambiental que ocasionan empresas y países que laxos en controles ambientales. Mientras esto sucede, la sensatez y sentido común continúa primando en el horizonte y conciencia de millones de personas. Dentro de esta saga, como es el cuidado del medio ambiente, un paso importante está dando la diputada nacional y vecina de San Fernando Alicia Aparicio quien acaba de presentar un proyecto de Ley que “prohíbe el tránsito de trofeos y la caza de especies en peligro de extinción”. El proyecto fue acompañado por el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié.

“El cuidado del ambiente requiere la participación de todos los sectores de la sociedad”, sostuvo la legisladora. Se trata de un proyecto de ley que prohíbe la importación, exportación y tránsito interjurisdiccional de cualquier tipo de trofeo de caza, así como también la caza deportiva de monumentos naturales y animales en peligro de extinción. El acto se llevó a cabo en la cartera de Ambiente. El proyecto, por su parte, ya fue presentado en el Congreso de la Nación.

Durante la presentación, Aparicio afirmó: “Este proyecto que presentamos fue trabajado en conjunto con el Ministerio de Ambiente y en consulta permanente con muchas instituciones y fundaciones que se dedican al cuidado del ambiente”

Además, la legisladora sanfernandina detalló: “Proponemos un endurecimiento de las penas y un sistema de multas de actualización automática que tutele y reconozca a los animales como personas no humanas, sintientes y con derecho ante la ley”.

Además, recordó que la Ley de Fauna “surge en 1981 y hoy, a 40 años de democracia, creo que nos debemos un debate abierto, libre y de cara a la sociedad que nos permita solucionar aquellas quejas que con mucha razón la ciudadanía nos está pidiendo resolver”.

“Nosotros queremos que esta discusión se dé en el Congreso nacional”, aseguró, por su parte, el ministro Cabandié y puntualizó que si bien el tráfico internacional de trofeos de caza está prohibido “queremos darle otra categoría, que sea ley, que tenga la fuerza de una ley”.

Del acto también participó Gabriel Tato, director General de Políticas Ambientales del Municipio de San Fernando, además de distintas autoridades y organizaciones de la sociedad civil vinculadas al cuidado del medio ambiente.

La iniciativa presentada busca modificar la Ley 22421 a través de la generación de importantes restricciones vinculadas a la caza. Por un lado, prohibiendo la importación, exportación y tránsito interjurisdiccional de todo trofeo de caza; la caza deportiva de animales declarados como monumentos naturales y aquellos en peligro de extinción y la cacería con perros. Y además, incrementando los montos y las penas para que sean de prisión efectiva.

En caso de reincidencia, las sanciones aumentarán un 20 %. Para quienes cacen animales que sean monumento natural o se encuentren prohibidos por la autoridad de aplicación las penas aumentarán de tres a seis años de prisión con inhabilitación especial de hasta diez años. Para quienes cacen animales silvestres en campo ajeno sin autorización, las penas aumentarán a seis meses y dos años de prisión con inhabilitación especial de hasta tres años. En situaciones en las que esta acción se lleve a cabo de manera organizada o con concurso de tres o más personas o con armas, artes o medios prohibidos, la sanción se incrementará de cuatro a ocho años de prisión con inhabilitación especial de hasta 15 años.