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Panamericana intervenida judicialmente: investigan corrupción de Juntos por el Cambio

Así lo dispuso el juez Pico a partir de una investigación administrativa impulsada por el Ministro Katopodis. Macri pagó 500 millones de dólares a la empresa que, hasta el día anterior, pertenecía a su familia cuando nada hacia imperioso semejante desembolso.

Épocas felices para Macri y su ministro Guillermo Dietrich


Tras un largo proceso en busca de una contundente política de transparencia pública y en defensa del internes de la población, en este caso, de los usuarios de la Panamericana, iniciado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Obras Públicas, el juez federal en lo Contencioso Administrativo, Enrique Lavié Pico, designó el pasado miércoles a un interventor para que revise la renegociación del contrato de concesión de autopistas celebrado entre la empresa Autopistas del Sol S.A. (Ausol) y el gobierno de Mauricio Macri en 2018. Además, dispuso la suspensión del mecanismo de compensación destinado a la recuperación de una supuesta deuda por cerca de 500 millones de dólares. En más de una oportunidad, el Ministro Katopodis ha marcado la necesidad de anular, no sólo el “perjudicial contrato” sellado entre el gobierno de Juntos y la concesionaria de AUSOL (Panamericana), también avanzó sobre la concesión del Acceso Oeste.


La historia reciente recuerda que, el 11 de octubre último el Gobierno nacional presentó un escrito en la Justicia para que se declare la nulidad del Acuerdo Integral de Renegociación con Autopistas del Sol (Ausol) de 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri, por entender que comprometía al Estado "con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios".


El acuerdo objetado "establecía una deuda cuya existencia no se encuentra comprobada, una dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años", sostuvo en su momento el Ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis.


El Gobierno advirtió que para cubrir la deuda la tarifa de peaje "debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte". Esto significaría que el costo por circular rondaría los 1.000 peso.


La presentación judicial se hizo a instancias de Vialidad Nacional que depende del Ministerio de Obras Públicas y "con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación".


Los contratos renegociados para la concesión del Acceso Oeste con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO) también fueron observados por el Gobierno, causa que hasta el momento no avanzó en la Justicia.


Según información del Ministerio de Obras Públicas, en 2018 Ausol y GCO "firmaron con el Gobierno anterior acuerdos que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) de u$s813.143.839,52, (u$s540.522.269,52 para el caso de Ausol y u$s272.621.570 para el caso de GCO)".


En este sentido, la cartera explicó que "se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares de 8% anual" que "era capitalizable, y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda".


Cabe recordar que los vínculos contractuales fueron firmados por el expresidente Mauricio Macri y sus ministros Guillermo Dietrich (Transporte) y Javier Iguacel (Energía) en 2018, y fijaban la dolarización de las tarifas de los peajes.


Desde Lo Nuestro, en el 2018, cuando el gobierno de Juntos por el Cambio privilegiaba los intereses de los amigos del poder, relevábamos, prácticamente en soledad informativa, que la nueva concesión “se extendía hasta el 2030”, y que tendría “aumentos garantizados por arriba de la inflación, y ganancias del 8% en dólares”. Además, “se terminaba el libre paso por esperas desmedidas”. Detrás de semejante y ruinosa concesión estaban las manos del macrismo, más precisamente del Grupo Macri; ampliar nota en siguiente link: Escandalosa renovación en la concesión de Autopista del Sol.


"La tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que el ordenamiento jurídico vigente así se lo prohibía, generando subas aún mucho mayores", apuntó el Ministerio, y planteó que "cada cuota anual no se completó en los términos de los acuerdos, por lo que la suma comprometida por el Estado en 2018 aumentó a valores cercanos a los u$s2.000 millones".


A partir de lo resuelto por el Poder Judicial, el interventor en Ausol será el contador José Luis Perrone, y tendrá como tarea "ejercer la supervisión, inspección y auditoría de la renegociación del Contrato de Concesión aludido, teniendo a su cargo la fiscalización y control de todos los actos de administración habitual que puedan afectar la normal prestación del servicio público que resulta objeto de la concesión".

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