Nieta 139: lucha por la memoria frente al negocionismo oficial y la destrucción del Estado

Desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y despidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación abonan al plan de “destrucción planificada” orquestado  por el gobierno.

Foto NA

Columna de opinión: José “Pepe” Armaleo*

En un contexto cada vez más adverso, las Abuelas de Plaza de Mayo siguen luchando incansablemente por la restitución de los bebés robados durante la dictadura, enfrentándose a un gobierno que intenta borrar la historia y obstruir la justicia. Pese a las múltiples dificultades impuestas por el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, el anuncio de la restitución de la nieta número 139 es un recordatorio de que la memoria no puede ser silenciada.

Este hallazgo es un triunfo de la perseverancia de las Abuelas, quienes, a pesar de las trabas del Ejecutivo, continúan con su misión de encontrar a los niños y niñas apropiados por la dictadura. El hallazgo de la nieta 139, anunciado por las Abuelas en su cuenta de X, reafirma que la verdad siempre encuentra su camino.

Sin embargo, este logro no llega sin un precio. El gobierno de Milei ha desmantelado la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), creada en 1992, y ha restringido el acceso a los archivos necesarios para continuar con la búsqueda de los apropiados. Asimismo, ha recortado fondos al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), debilitando una de las herramientas más cruciales para la identificación de los nietos y nietas apropiadas.

La reciente ola de despidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), que ha afectado a más de 250 trabajadores, y el cierre arbitrario del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, son sólo algunos ejemplos de los ataques sistemáticos a las políticas de memoria, verdad y justicia. La presencia de la Policía Federal para controlar los accesos a la Secretaría sólo refuerza el clima de represión que parece imponerse desde el gobierno.

Frente a estos intentos de borrado, la respuesta del Centro de Estudios de la Realidad Social y Política “Arturo Sampay” es clara: “la historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia y la soberanía no se entrega”. Las Abuelas y los organismos de derechos humanos siguen de pie, luchando por la verdad y la justicia, sin rendirse ante los ataques ni ante las amenazas de quienes buscan enterrar la memoria.

El futuro de nuestra democracia depende de nuestra capacidad de recordar, de exigir justicia y de proteger la soberanía de nuestras políticas de memoria. Este es el legado que debemos preservar y transmitir a las generaciones venideras.

Por una democracia sin miedo, con memoria y justicia.

José “Pepe” Armaleo: Abogado, Magister en Derechos Humanos, integrante del Centro de Estudios Arturo Sampay de Zona Norte.