Navidad con crisis económica, institucional y de valores

Datos oficiales y privados dan cuenta de un año negativo en términos económicos para el ciudadano de a pie, para quien produce y trabaja. Sin embargo, el mayor daño se registra en lo institucional (corrupción) y en la naturalización de la agresión y violencia libertaria. Los grandes beneficiarios de la fiesta: los de siempre, los ricos.

IA: Aníbal Arroyo

Por: Tano Armaleo.- "La gente no compra todos los medicamentos que le recetan”. Así lo denunciaron, ante Lo Nuestro, farmacéuticos de La Lucila, Martínez y Victoria, respectivamente, al momento de ser consultados. Restaurantes tradicionales de la Zona Norte, donde la típica clase media suele concurrir, registran, según sus dueños, caídas de entre un 15 y 20%. La gente no tiene plata y esto se siente en el consumo. Sacrifican salidas y algo peor, invertir en la educación de sus hijos.

Sin embargo, el peor cuadro, el peor daño, así lo advierten gobernadores, intendentes, religiosos, sociólogos y dirigentes sindicales y políticos, emana de la violencia y corrupción institucional: caso #LIBRA, NarcoEspert, “Karina Coimas”, fuga de barras de oro del Banco central, insultos a opositores y apaleo a jubilados y discapacitados. Todo esto en un país donde sobran boludos útiles. 

Lo más terrible es que el presidente de la nación se enorgullece y goza frente a tanta crueldad. Y más grave aún es la naturalización de estos “valores” que son presentados como parte de una nueva construcción democrática. Todo esto se naturaliza frente a gente “ilustrada”, empresarios y una buena porción de la población que, sea por codicia, odio o sometimiento algorítmico, también termina siendo víctima de una fiesta que, más temprano que tarde, terminará.

Recuperar la tolerancia, el respeto, el diálogo, la búsqueda de consenso, llevara años. Todo indica que comienza a nacer un nuevo contrato social democrático que procura ponerle límite a semejante degradación humana.

Como se observa, el principal desafío es recuperar al individuo, al hombre común. El resto es materia conocida: la crisis socio-económica.

En este sentido, y de acuerdo con el gremio de docentes privados, SADOP Zona Norte que conduce el profesor José Luis Casares, atrasos salariales y mejoras en el ingreso alimentan la crisis que vive el sector. En esta línea, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) se ha cansado de quejarse de la situación por la que atraviesan. Esto es el “fruto de las secuelas del modelo de la ultraderecha gobernante”, argumenta SADOP. Producto de las políticas aplicadas por el gobierno de Milei, no pocos colegios privados de la Zona Norte debieron cerrar sus puertas. Los magros salarios que perciben, en general, padres de alumnosn hace más que juegar contra el negocio educativo: no pueden pagar las cuotas

Efecto en números

A modo de dimensionar y avaluar de qué se habla cuando se describe que el modelo que impulsa el gobierno libertario está pensado para los ricos, bien vale considerar los siguientes datos, que trae, por ejemplo, la reforma laboral impulsada por el gobierno:

Situación del empleo: entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron 224 mil puestos de trabajo asalariado registrado. El empleo privado cayó en 138.600 puestos y el sector público en 60.500. A su vez, el 43,3% de los trabajadores en Argentina se encuentra en la informalidad. El problema de la creación de empleo de calidad es el modelo económico.

Costo fiscal y financiamiento: el proyecto oficial implica un costo fiscal de mínima de 5,6 billones de pesos (0,7% del PBI). Con el Fondo de Asistencia Laboral se propone usar 3 puntos de las contribuciones patronales (0,4% del PBI) para despidos del sector privado reduciendo los aportes a la ANSES en un 16%. Esto equivale a aumentar en un 120% el bono que cobran los jubilados de la mínima, llevándolo a $154.000.

Impacto en la salud: la reducción de la contribución patronal a las Obras Sociales del 6% al 5% genera una caída del 11% en los recursos del sistema y del Fondo Solidario de Redistribución.

Inconstitucionalidad de forma: el proyecto ingresó por el Senado, violando el artículo 52 de la Constitución Nacional que reserva a la Cámara de Diputados la iniciativa de leyes sobre contribuciones.

Retroceso en derechos: se cuestiona la violación del principio de no regresividad, la afectación del principio protectorio y la limitación de la libertad sindical.

Trabajadores de plataformas: el proyecto elimina la presunción de relación de dependencia para repartidores y conductores, obligándolos a inscribirse como monotributistas y asumiendo ellos sus aportes de salud y jubilación.

Restricción del derecho a huelga: se amplía la lista de "servicios esenciales" con una prestación mínima obligatoria del 75% y se crea la categoría de "servicios de importancia trascendental" con una cobertura mínima del 50%.

Indemnizaciones y juicios: se excluyen premios y el aguinaldo de la base de cálculo indemnizatorio. Se permite el pago de sentencias judiciales en hasta 12 cuotas mensuales para PyMEs.