Mientras el desempleo aumenta al igual que la inflación y la pobreza, los Planes Sociales registran millones de beneficiarios

Recorrido histórico de un programa que nació de la mano de Raúl Alfonsín para cobijar a millones de seres afectados por la dictadura cívico-militar. Los planes bajaron como nunca antes bajo la presidencia de Cristina Fernández, llegaron a 220.000 en 2015 cuando entregó el poder. En estos momentos superan el millón de personas.

Por: Claudio Leveroni*

Los planes de ayuda social, bajo distintas metodologías y formas de aplicación, forman parte de la realidad argentina a partir de 1983. El primero fue un plan alimentario masivo que se realizó en el país y tuvo fuerza de ley. Se trató del Plan Alimentario Nacional, presentado al Congreso Nacional apenas asumió Raúl Alfonsín, en diciembre de 1983.

Las negociaciones con la oposición, que giraban sobre el manejo de las Cajas PAN, hicieron que su aprobación se demorara cuatro meses. La ley fue aprobada el 15 de marzo de 1984 y establecía que esta ayuda se mantendría solamente por dos años. Era el tiempo que imaginaban, las autoridades de entonces, demorarían en terminar con la extrema pobreza. Sin embargo, las cajas PAN tuvieron vigencia hasta el final del gobierno de Alfonsín.

Las primeras cajas PAN se entregaron en abril de 1984, en zonas del gran Buenos Aires y de las provincias de Misiones y Santiago del Estero. El plan necesitó una inversión de 2.700 millones de australes, el equivalente al 0,12 por ciento del Presupuesto Nacional. Fondos que fueron transferidos directamente del Tesoro. Cada caja PAN contenía alimentos equivalentes al 30% de las calorías mensuales necesarias para un grupo familiar tipo. Dos kilos de harina, leche en polvo, dos kilos de azúcar, dos litros de aceite, tres kilos de fideos, dos kilos de arroz, un kilo y medio de corned beef, lentejas y porotos, fueron los alimentos que traían las primeras 800 mil cajas repartidas entre los sectores más carenciados de la población. Lejos de disminuir, con el correr del tiempo el número de cajas aumentó hasta llegar a 1.400.000.

Carlos Menem, a partir de 1989, puso en práctica el programa llamado “Bono solidario”, destinado a reemplazar las cajas PAN. Consistía en la entrega de bonos, distribuidos por la CGT, a familias seleccionadas. Bonos que podían ser canjeados por alimentos y prendas de vestir. Para recibirlos era necesaria una declaración jurada que constatase el estado de necesidad alimentaria. Trámite que había que realizar en municipalidades u organismo específicos. El Bono solidario fracasó rápidamente por la forma de distribución discrecional del mismo a través de diputados y senadores. Un fracaso que llevó a que algunas provincias desarrollen planes propios.

En 1990, la Provincia de Buenos Aires puso en marcha el Programa Alimentario Integral y Solidario reconocido bajo la sigla PAIS. Estaba focalizado hacia personas que, además de tener las necesidades básicas insatisfechas, no estuvieran cubiertas por otro programa similar. Según datos oficiales, este plan tuvo 770.000 beneficiarios, que además de ayuda alimentaria eran alentados a la realización de microemprendimientos productivos. El programa Pais se mantuvo con un funcionamiento dispar hasta 1994, para ese entonces el gobierno nacional ya había lanzado el Plan Trabajar, para reemplazar al fracasado Bono Solidario. No fue el único. Desde distintas áreas se lanzaron planes de ayuda con características propias.

A partir de 1993, la provincia de Buenos Aires implementó el programa VIDA – Comadres, que tuvo como objetivo reducir la mortalidad materno-infantil. Los alimentos fueron destinados a madres y niños de 0 a 5 años y consistieron en leche, huevos y cereales varios. Este programa se inspiró en la organización territorial propia de los manzaneros llevados adelante en programas sociales de Cuba y Chile. Fue así que se armó una red de voluntarias denominadas “manzaneras” o “trabajadoras vecinales”. Una por cada cuatro manzanas, con la función de distribuir alimentos y hacer una tarea de relevamiento de las distintas necesidades de los habitantes.

Según las autoridades bonaerenses de aquel entonces, el programa Vida-Comadres tuvo la participación de 37.000 trabajadoras vecinales, distribuidas en 24 distritos bonaerenses. Necesitó para su funcionamiento de 180 millones de pesos, el equivalente en su momento al 50% del presupuesto de un organismo nacional como el Consejo de la Familia y Desarrollo Humano.

El gobierno que encabezó Fernando De la Rúa apuntó a centralizar los programas sociales que existían al momento de asumir. Eran 65 en total y devoraban, anualmente, 3.700 millones de pesos de los cuales unos 680 provenían de acuerdos suscriptos con el Banco Mundial y el BID. La caída de Fernando De la Rúa terminó de correr el telón que dejó ver un país empobrecido como nunca. Ahora también la poderosa clase media, con cacerolas en sus manos y estafada en sus ahorros, lo sufría como nunca antes. La hambruna llevó a los saqueos.

En 2002, cuando Eduardo Duhalde se tuvo que hacer cargo de la presidencia, se puso en marcha un plan de emergencia social y alimentaria. Entre el 4 de abril y el 17 de mayo de ese año, dos millones de personas se inscribieron en el programa Jefes y Jefas de hogar Desocupados para ser asistidos con 150 pesos por mes. Una radiografía argentina de aquel entonces mostraba, según un relevamiento de UNICEF, que más del 60% de los chicos argentinos estaban por debajo de la línea de la pobreza y 3 de cada 10 directamente en la indigencia.

El Plan Jefes y Jefas de Hogar representó para el presupuesto anual del 2004 una erogación de 2.472 millones de pesos, 570 millones más de lo invertido en el 2003. En octubre del 2004 Néstor Kirchner formalizó un cambio en los planes sociales mediante la firma del decreto que reformuló el programa Jefas y Jefes de Hogar. El cambio más sustancial fue el traspaso progresivo al Plan Familias de 750 mil madres con tres o más hijos. Además, se implementó el cobro a través de tarjetas magnéticas con la intención de desalentar la manipulación de los planes.

Este traspaso de beneficiarios a otros programas estuvo relacionado a la evolución de los mismos y a un debate que desde hace tiempo se viene potenciando. ¿Cuál debe ser la contraprestación que debe dar quien accede al plan?. Del debate surgió la propuesta oficial de plantear formación educativa a cambio de un subsidio. Es decir, sostener los planes Jefas y Jefes de Hogar aunque el beneficiario tenga otro ingreso, pero a cambio de horas aula, de cursar estudios. Los Planes bajaron como nunca antes bajo la presidencia de Cristina Fernández, llegaron a 220.000 en 2015 cuando entregó el poder.

Durante la gestión de Mauricio Macri volvieron a aumentar los planes hasta llegar a los 780.000 en 2019 cuando dejó la Casa Rosada. Cifra que continuó aumentando bajo la presidencia de Alberto Fernández quien dejó a 1.600.000 personas cobrando en 2023 el potenciar Trabajo.  En la actualidad, y según informó el ministerio de Capital Humano, los planes sociales en Argentina ascienden a más de 1.200.000 millones a través de dos programas recientemente reformulados: el Programa Volver al Trabajo y el Programa de Acompañamiento Social.

*Claudio Leveroni: director del portal causa pendiente