La rabona de Pepsico y Bagley le cuesta un 50% más al consumidor

Utilizando artimañas empresariales, introdujeron leves modificaciones sobre productos al sólo objeto de poder sacudir los bolsillos. La Secretaría de Comercio Interior de la Nación analiza millonarias multas

Una nueva práctica comercial abusiva, lindante con la estafa, investiga la Secretaría de Comercio Interior de la Nación que a través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores al observar que importantes empresas alimenticias aumentaron considerablemente vario de sus productos luego de introducir mínimas modificaciones. Las firmas fueron imputadas por "presuntas infracciones que refieren a la comercialización de productos con rótulos prácticamente idénticos a otros ya existentes en las góndolas, que se venden a precios diferentes".


"La metodología que utilizaron estas empresas al modificar mínimamente una propiedad y/o el contenido neto de algunos de sus productos, para luego poder incrementar sustancialmente sus precios", explicó el Ministerio de Desarrollo Productivo en un comunicado.

Matías Kulfas agregó que "por un lado, no se estaría informando de manera cierta, clara, y detallada las diferencias existentes entre bienes de igual categoría, marca y sabor. Por el otro, estas prácticas pueden confundir al consumidor sobre la naturaleza del producto y sus principales características, motivando al error, y promoviendo la adquisición de un bien no deseado".

En concreto, a Bagley se le imputa la presentación de una nueva versión de las galletitas Sonrisas en un paquete que contiene 10 gramos más que la versión original, pero con un precio de venta un 30% más alto.

En el caso de Mondelez, la empresa comercializó una versión de las galletitas "Pepitos Original" con un gramo más que la versión clásica y con "chispas Cadbury", pero con un precio 50% mayor.


Pepsico puso en venta en las góndolas dos versiones diferentes de los palitos salados Pehuamar con una diferencia de 6 gramos, pero con una suba del 15% en el precio final.

Multas que podrían alcanzar los 550 millones de pesos.

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