La paradoja del “custodio”

¿Libertad, derechos humanos o excepcionalismo imperial?

Columna de Opinión

Por: José "Pepe" Armaleo*.-

¿Puede un país erigirse en custodio de las libertades mientras se niega a rendir cuentas ante el derecho internacional?. El caso de Estados Unidos expone el doble estándar que atraviesa el sistema global de derechos humanos y pone en cuestión la legitimidad de un orden basado más en la fuerza que en la ley.

Estados Unidos se presenta desde hace décadas como el guardián del orden democrático global, el custodio de las libertades y los derechos humanos. Esa autoimagen -repetida hasta el cansancio en discursos oficiales, informes diplomáticos y operaciones mediáticas- ha funcionado como un pilar simbólico del liderazgo estadounidense. Sin embargo, cuando se observa con atención su relación concreta con el derecho internacional, esa narrativa empieza a resquebrajarse. Y lo que aparece no es una contradicción menor, sino una paradoja estructural: quien se arroga el rol de árbitro global es, al mismo tiempo, uno de los principales evasores de las reglas comunes.

Mientras países como Argentina incorporaron los tratados internacionales de derechos humanos a su Constitución y aceptaron la jurisdicción de tribunales supranacionales -incluso cuando ello implicó revisar decisiones propias, reparar injusticias o exponerse a fallos incómodos-, Estados Unidos persiste en una lógica de excepcionalismo. No ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni reconoce la competencia de la Corte Interamericana. Tampoco acepta la jurisdicción plena de la Corte Penal Internacional. Sus ciudadanos, paradójicamente, carecen de instancias internacionales de apelación que sí existen para buena parte del resto del continente.

La gravedad de esta situación no reside sólo en la ausencia de firmas o ratificaciones. El problema central es el doble estándar. Washington emite informes anuales evaluando la situación de los derechos humanos en otros países, señala déficits institucionales, cuestiona políticas internas y recomienda reformas, mientras se niega sistemáticamente a someter su propia conducta al mismo escrutinio. El derecho internacional, así, deja de ser un marco común y se convierte en una herramienta de presión selectiva.

Ese “techo de cristal” jurídico tiene consecuencias muy concretas. Permite que el Estado estadounidense evite responsabilidades internacionales frente a violaciones graves, desde políticas migratorias que vulneran derechos básicos hasta prácticas de violencia institucional que han generado protestas masivas dentro y fuera de sus fronteras. El mensaje implícito es claro: las normas rigen para los demás; el poder, para unos pocos.

Durante 2025 y comienzos de 2026, este excepcionalismo dejó de ser una crítica marginal para convertirse en un foco explícito de cuestionamiento internacional. La salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue interpretada como un rechazo abierto a cualquier forma de supervisión multilateral. A ello se sumaron las sanciones y presiones directas contra la Corte Penal Internacional, precisamente cuando avanzaba en investigaciones sensibles que involucraban a aliados estratégicos de Washington.

En paralelo, organismos internacionales y bloques regionales cuestionaron los recortes abruptos de la ayuda humanitaria estadounidense, que afectaron programas de salud, alimentación y protección de derechos en vastas regiones del mundo. Mientras se proclamaba el compromiso con la democracia, se debilitaban deliberadamente las herramientas materiales que la sostienen. La contradicción se volvió inocultable.

También desde el interior del sistema de Naciones Unidas surgieron advertencias sobre las maniobras para limitar investigaciones independientes sobre violaciones a los derechos humanos. En los hechos, Estados Unidos comenzó a compartir con otras grandes potencias una misma lógica: aceptar el derecho internacional sólo cuando no interfiere con los intereses estratégicos propios.

Los episodios más recientes -acciones militares unilaterales con decenas de víctimas civiles, secuestros de dirigentes políticos, escaladas de violencia regional- volvieron a colocar a Estados Unidos en el centro del debate. Ya no como garante de estabilidad, sino como actor que se reserva el derecho de actuar sin rendir cuentas. La pregunta dejó de ser retórica: ¿con qué legitimidad puede juzgar quien se niega a ser juzgado?.

Este escenario empieza a erosionar un consenso histórico. Cada vez más Estados que sí cumplen con las normas internacionales, que sí aceptan fallos adversos y que sí se someten a mecanismos de reparación, se preguntan hasta cuándo seguir ocupando el rol de alumnos evaluados por un examinador que jamás rinde examen. El problema ya no es sólo jurídico: es político, ético y cultural.

Porque aquí se juega algo más profundo que una discusión técnica sobre tratados. Se disputa el sentido mismo de la legalidad internacional. Si la ley es sólo una herramienta para disciplinar a los débiles, deja de ser ley y se transforma en instrumento de dominación. Si la soberanía se invoca únicamente para eludir responsabilidades, deja de ser autodeterminación y se convierte en privilegio.

Someterse a la ley no es una pérdida de soberanía. Es, por el contrario, el acto más alto de civismo internacional. Implica reconocer que ningún Estado está por encima de los principios que dice defender. Si Estados Unidos pretende seguir presentándose como el custodio de las libertades, debería empezar por custodiar las reglas comunes, sin excepciones, sin atajos y sin dobles estándares.

La pregunta que queda abierta no interpela sólo a Washington. Interpela al conjunto de la comunidad internacional: ¿hasta cuándo se aceptará que el árbitro juegue sin reglas? Porque cuando eso ocurre, lo que está en juego no es sólo la credibilidad de un país, sino la posibilidad misma de un orden internacional basado en el derecho y no en la fuerza.

"La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse."

*José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro Arturo Sampay y de Primero Vicente López.