La nueva dependencia: datos, algoritmos y poder

En un mundo atravesado por la inteligencia artificial y las plataformas digitales, el problema ya no es sólo tecnológico sino político: quién define las reglas. La experiencia reciente -precarización laboral, concentración y daño social- muestra los costos de innovar sin regulación. Pero en países como la Argentina, regular sin desarrollar también implica resignación. En esa tensión se juega hoy la soberanía.

Columna de Opinión

Por: José "Pepe" Armaleo.-

En medio del vértigo tecnológico que atraviesa el mundo, hay algo que resulta cada vez más evidente: no es que no haya poder, es que el poder se está desplazando. Y lo está haciendo a una velocidad que las instituciones públicas no logran seguir.

La inteligencia artificial, las plataformas digitales y la economía del dato no son fenómenos aislados. Son parte de una misma transformación: la consolidación de un nuevo orden donde el conocimiento, los algoritmos y la infraestructura tecnológica concentran poder económico, político y cultural.

Pero antes incluso de discutir los riesgos futuros de la inteligencia artificial, conviene mirar lo que ya ocurrió con las plataformas.

La llamada “uberización” de la economía -expresada en empresas como Uber o Rappi- no sólo transformó la forma de trabajar: redefinió las reglas del trabajo. Bajo la promesa de flexibilidad e independencia, millones de personas quedaron atrapadas en esquemas de alta precarización, sin derechos laborales básicos, sin estabilidad y con ingresos variables determinados por algoritmos que nadie controla ni comprende del todo.

Pero el impacto no se agota en el mundo laboral.

Para muchos jóvenes, estas plataformas dejaron de ser un complemento para convertirse en el horizonte posible. No como elección, sino como límite. La promesa de progreso se reemplaza por la lógica del “rebusque” permanente, mediado por aplicaciones que asignan tareas, tiempos y recompensas en función de criterios opacos.

Al mismo tiempo, las plataformas digitales (a modo de ejemplo, Meta o YouTube) moldean subjetividades. No sólo organizan el tiempo libre, sino también la autoestima, los vínculos y las expectativas de vida. El reciente fallo judicial en Estados Unidos, que las responsabiliza por los efectos dañinos de sus diseños adictivos sobre menores, expone con crudeza algo que durante años se naturalizó: la explotación sistemática de la atención, incluso a costa del bienestar psicológico.

Lo que emerge de este doble proceso -precarización laboral y captura de la subjetividad- es un modelo de sociedad donde las plataformas no sólo median la vida: la estructuran.

Y todo esto ocurrió, en gran medida, sin regulación efectiva.

En ese contexto, el debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial (desde los más inmediatos hasta los más extremos) suele quedar atrapado en una falsa dicotomía: o el alarmismo apocalíptico o el optimismo tecnocrático. Pero ambos enfoques comparten un problema: dejan en segundo plano la pregunta central, que es, quién decide.

Porque mientras algunos piden frenar la inteligencia artificial y otros acelerar su desarrollo, las grandes corporaciones tecnológicas siguen avanzando. No esperan. No deliberan. No consultan. Compiten.

Y en esa competencia, el principio que domina es simple: el que llega primero, gana.

Ahí es donde la ausencia, o la debilidad, del Estado deja de ser un problema técnico para convertirse en un problema político.

Pero en países como la Argentina el problema adquiere otra dimensión. Porque no se trata sólo de regular tecnologías desarrolladas en otros lados, sino de la dificultad estructural para producirlas.

Mientras los países centrales discuten cómo gobernar la inteligencia artificial, en la periferia se discute cómo no quedar completamente subordinados a ella.

La fragilidad del sistema científico-tecnológico, los recortes presupuestarios y la falta de una estrategia sostenida de desarrollo hacen que instituciones como el CONICET o las universidades públicas queden atrapadas en una lógica defensiva: resistir el ajuste antes que proyectar futuro.

El resultado es conocido: fuga de talentos, dependencia tecnológica y pérdida de capacidad de decisión.

Porque en este terreno, depender no es sólo comprar tecnología afuera. Es aceptar que los criterios que organizan la producción, el trabajo, la información y hasta la vida cotidiana se definan en otros centros de poder.

Por eso, regular sin desarrollar es administrar la dependencia. Pero desarrollar sin regular -como ya mostró la experiencia de las plataformas- es abrir la puerta a nuevas formas de explotación.

Entre esos dos límites se juega una discusión estratégica que la Argentina todavía no está dando en profundidad.

No se trata solo de tener más ingenieros o más startups (una startup es una empresa emergente, con base tecnológica, y con vínculos con la industria tech y con la digitalización).

Se trata de definir si la tecnología va a ser una herramienta para ampliar derechos o un mecanismo para profundizar desigualdades.

Si el Estado va a intervenir para orientar ese desarrollo o si va a seguir corriendo detrás de hechos consumados.

Si la sociedad va a participar de esa discusión o si va a quedar reducida al rol de usuaria -y rehén- de sistemas que no controla.

Porque cuando el Estado se retira -o se debilita- no desaparece el poder. Cambia de manos.

Y en ese desplazamiento silencioso se juega mucho más que una discusión tecnológica: se juega la soberanía.

La inteligencia artificial no es el futuro. Es el presente en disputa.

Y en esa disputa, no hay lugar para la neutralidad.

"La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse."

*José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro Arturo Sampay y de Primero Vicente López.