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La gilada compra mientras el gobierno saca a pasear 1000 elefantes

Entre el decretazo y la Ley de reforma del Estado, Milei y JxC no hacen más que confundir y evitar que la gente de bien, el pueblo, la oposición debata el tema con seriedad y responsabilidad. Mientras tanto, el daño institucional y social podría ser inconmensurable


En horas de la mañana de hoy, el presidente junto a su gabinete saludando, al vacío, en el balcón de la Rosada


Dos cosas fundamentales aprendieron los poderes hegemónicos: que no necesitan golpes de Estado para consolidar sus negocios y, por otra parte, les alcanza con poner a sus gerentes en el Poder Ejecutivo para gerenciar el país. La llegada de Javier Milei a la presidencia es la coronación de una avanzada del mundo empresarial, nacional e internacional, que confirma esta premisa. Si la dictadura necesitó matar a 30 mil personas, al actual gobierno le bastará con que se apruebe el DNU o algunas de las principales leyes (más de 300) que acaba de mandar al Congreso para aseverar que el país está a pasos de ingresar a un preocupante deterioro institucional y democrático; además del daño económico para “la gran casta”, la gente, el ciudadano de a pie.

 

La libertad ya no será como se la conocía. Estará custodiada por un corralito de púa desplegado por el gobierno. Algunos dirán que esto podría asemejarse a un campo de concentración. O una gran cárcel donde nadie puede reclamar, mucho menos organizarse para manifestar. Esta no es una apreciación subjetiva, mucho menos caprichosa. Dentro del paquete de leyes que mandó el gobierno de La libertad Avanza y Juntos por el Cambio, se encuentra aquella que prohíbe el “encuentro de tres o más personas en espacios públicos”.

 

Cabe recordar que el Gobierno envió al Congreso el proyecto denominado Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, en la que se incluye una amañada reforma del Estado, que cuenta con 664 artículos y 351 páginas. Entre estas se ubican reformas al Código Penal que, de prosperar, atentan contra valores esenciales de la democracia: el derecho a manifestarse y peticionar a las autoridades.  

 

El punto nodal que limita el reclamo social, popular, dice:  ARTÍCULO 331.- Reunión o manifestación. A efectos de este Capítulo de la ley, entiéndase por "reunión" o "manifestación" a la congregación intencional y temporal de tres (3) o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente.

 

Quienes puedan manifestarse en las calles, siempre de acuerdo con las modificaciones que se le quieren practicar al Código Penal, y organicen, por ejemplo, marchas callejeras, serán sancionados con detención y prisión que puede alcanzar varios años de cárcel. Por lo tanto, quienes sean organizadores de marchas o “coordinen una reunión o manifestación,

convoque a otras personas a participar de la reunión; coordine a personas para llevar a cabo la reunión; provea cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión o pase lista, registre las presencias o las ausencias por cualquier medio escrito o de grabación de imágenes”, además de poder ser detenido pende la amenaza de prisión efectiva.

Como se desprende, es un verdadero cambio de paradigma en términos políticos que implica un breve retroceso en cuanto a la construcción democrática y formación y conciencia política.

 

Sin ánimo de hurgar tanto en la historia, bien vale recordar que gracias a las movilizaciones y a las luchas organizadas por diferentes sectores políticos, la dictadura del 76 cayó. Otra hubiera sido la historia si aquellos millones de personas no ganaban las calles. Calles donde la ex Montonera de Barrio Norte, ahora devenida a Ministra del Control de la Conciencia, Patricia Bullrich, la vieron desplazarse y gritar. También fueron las movilizaciones las que ganaron espontáneamente las calles en el 2001 al grito de “que se vayan todos”.

 

Si algo ha caracterizado al país es el espíritu movilizador, el ganar las calles a la hora de procurar cambios y consolidar la DEMOCRACIA. Así fue como a través de décadas, cada partido político, cada organización gremial o social fue nutriéndose de gente y formando conciencia cívica. De estos movimientos salieron dirigentes con capacidad de conducción y construcción política. De todos los colores políticos. De derecha, de centro, de izquierda y también la ultraderecha anarcocapitalista.

 

Sin embargo, en este falso relato de “poner orden en las calles”, el gobierno lo que está intentando es poner una lápida a una manera de construir política que, a la luz de los acontecimientos y a lo largo de la historia, ha demostrado lo útil que ha resultado para los intereses del país; de la población, de la gente de bien. Empero los poderes hegemónicos, los mercados, quieren otra cosa: orden. Palabra hueca que, por sí misma, no dice nada si no se le da sustento. Y, depende quién fije las reglas, puede ser orden o desorden.


Nadie discute que cada tractorazo o corte de calles perjudica a otros; seguro. Pero sin estas manifestaciones en las calles, sin rebeldía, que no es romper todo -esto no sucede, bastaría analizar cada marcha, cada movilización-, seguramente la revolución de Mayo o la revolución francesa (Toma de la Bastilla) no hubiesen existido. Conociendo a quienes hoy gobiernan de verdad el país, que no es precisamente Milei, no es extraño pensar que este “estado de orden” es lo que reclama el mercado. Un mercado concentrado en grandes grupos económicos en desmedro de las Pymes locales, que procura salarios más pauperizados que los actuales, pérdida de haberes jubilatorios, merma en el consumo doméstico. Un modelo ideológico que por la propia dinámica que genera abre las puertas a múltiples reclamos sociales, populares, de gente de bien. Justamente esto es lo que el gobierno quiere impedir: los reclamos callejeros, el fortalecimiento de los partidos políticos, la construcción democrática.


Mientras tanto, el gobierno, desplegando una habilidad -algunos podrán decir maligna- manifiesta en el terreno político, presenta sobre la mesa un cúmulo de proyectos de Ley que por su complejidad insumen varios meses de análisis y estudios. Pero no, el oficialismo prefiere poner quinientos elefantes en el escenario y así lograr pasar los 100: en realidad quieren pasar. 100. La intención no es otra que la gente de bien, que la oposición, que el pueblo en general no tenga tiempo para elaborar pensamiento crítico. Estudiar con el debido tiempo cada una de las reformas que pretende meter por la fuerza.  


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