La educación pública en su peor tercer momento de los útimos 40 años: juntan firmas para que se cumpla con la Ley
Así lo destacan Clara Gómez y Paula Sosa del gremio de SUTEBA de Vicente López. Un distrito en el cual los fondos educativos, dicen las dirigentes, no se ven reflejados en las escuelas.
Sosa y Gómez en la redacción de Lo Nuestro
Por: Miguel "Tano" Armaleo.- El panorama por el que atraviesa la comunidad educativa en su conjunto es preocupante. Alarmante, en tanto y en cuanto la educación pública es objeto de un serio recorte presupuestario y eliminación por parte del gobierno de los hermanos Milei de partidas (dinero) que impide a cada provincia, a cada municipio atender el normal funcionamiento en las aulas.
Alumnos, padres y, lógicamente, docentes se ven seriamente afectados. En particular, los docentes dañados en su bolsillo, condiciones laborales, pero no así en el ánimo por “dar batalla cultural contra un modelo político que ya conocemos, sabemos cómo termina, lo estamos viviendo, y quiénes pierden y quiénes ganan”, confió ante Lo Nuestro Jorge Pérez, Consejero Escolar por Unión por la Patria de Vicente López. En boca de las docentes Clara Gómez, Secretaria general de Suteba Vicente López, y Paula Sosa, Secretaria Gral. Adjunta, está poner en valor real el daño que está causando el modelo político en la educación pública. No por casualidad, docenes universitarios -rectores incluidos- de todo el país, junto a la Federación Universitaria de Buenos Aires, estarán marchando al Congreso el 23 de abril. Lo harán acompañados por la CGT y la CTA, y lógicamente por todos los gremios docentes, para que el gobierno cumpla con la Ley y entregue los fondos que la educación pública tiene asignados.
En lo que respecta al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), al igual que el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, Sosa detalla que “el gobierno nacional no está enviándolos a la provincia”, lo que traducido en cifras esto implica que “cobremos entre un 15 y 20% menos de nuestro salario”. Tomando en cuenta que el valor de una canasta básica total (CBT) alcanzó en enero los $596.823, según el INDEC, y que el salario promedio de las y los docentes apenas roza dicha cifra, no es complejo imaginar lo que impacta recibir entre un 15 y 20% menos de salario, producto de una decisión política, en este caso, dispuesta por el gobierno nacional.
Sosa y Gómez también manifiestan preocupación por el manejo discrecional que realiza el municipio de Vicente López del Fondo de Infraestructura Educativa, destinado al mantenimiento de escuelas, reparación, mejoras, ampliaciones, por caso. Según detallan ante la consulta de Lo Nuestro, el fondo que la provincia remite al municipio, 1.727 millones de pesos, no termina de llegar al destino prefijado por ley. Con el conocimiento que les da estar día a día en las aulas y recorriendo distintas escuelas del distrito, sugieren que Lo Nuestro haga una recorrida por algunas escuelas y “corroborar si en verdad esos 1700 millones de pesos están en las escuelas”.
Al respecto, días atrás, desde estas mismas páginas reflejábamos la marcha de docentes y estudiantes secundarios, junto a padres, al Consejo Escolar de San Isidro. La idea no era otra que reclamar por la falta de obras no consumadas: techos rotos, falta de gas, humedad. La provincia remite los fondos y, por lo denunciado, no siempre ese dinero termina volcado en las escuelas.
Otro aspecto que las dirigentes gremiales resaltan es la preocupación de los “papis”. Al respecto, Gómez dice que los padres “nos confiaron su preocupación por la suba del boleto de colectivos y los precios de los útiles, en muchos casos se les torna imposible acceder si no es con ayuda de otros familiares, la situación es preocupante”. “A esto -añade Sosa- sumále que las boletas de luz, agua y gas se fueron por las nubes”.
Como se observa, el panorama que atraviesa la comunidad educativa no es distinta a loque padecen millones de personas. No obstante, y sacando esa histórica entereza que las mujeres suelen tener cuando las papas queman, y así como en los 90, también bajo un gobierno que produjo estragos significativos como los de Macri y ahora de Milei, el gremio docente, ampliamente conducido por maestras, sale a la calle en busca de firmas para que el gobierno cumpla con la ley: garantizar la educación pública. Además de paritarias libres, la juntada de firmas impulsa que se de cumplimiento a la Ley del FONID y el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, al igual que el gobierno se apegue a la Ley de Financiamiento Educativo, “que se destine el 6% del PBI a educación pública”.
Un petitorio razonable, cargado de sentido común que no hace más que buscar el bienestar general. Mejorar la calidad de vida a través de la educación pública. Ni más ni menos, lo que hacen los países que velan y cuidan a su gente, al pueblo. Educación pública, vale recordar, que formó a tres premios Nobel y a escritores como Jorge Luis Borges. También a energúmenos que pretenden destruir todo, socavar institucionalidad, eliminar valores esenciales que hacen a una república y avanzar amparados en una supuesta honestidad como si ésta fuera una verdad absoluta.
