Juicio Político: corrupción con nombre y apellido

Cerca de 3 mil millones de pesos que no aparecen, pago de favores entre cortesanos, jueces y empresarios, y amenazas, son parte de una trama denunciada en la Comisión de diputados y en sede judicial.

Cada jornada en que la Comisión de Juicio Político, que encabeza la diputada Carolina Gaillard (Frente de Todos), recaba y toma testimonios a cada uno de los o las citadas a declarar, es una nueva ratificación de la compleja y corrupta trama que empaña a Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Poder Judicial en general. El encubrimiento de cortesanos frente a denuncias de corrupción administrativa, al igual que el pago de favores a jueces a cambio de favorecer a magistrados, continúa siendo el eje central de un complejo andamiaje en que jueces, empresarios y dirigentes de Juntos por el Cambios son pare de un mismo engranaje, de la misma corporación.

La contundencia de los datos aportados en el Comisión, al igual que lo ratificado en sede judicial, tal el caso del ex funcionario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Héctor Daniel Marchi -era el responsable administrativo; fue desplazado a partir de sus reiteradas denuncias- , de algún modo confirma que el andamiaje de promiscuidad, dádivas, connivencia entre magistrados, pago de favores entre empresarios y sectores de la derecha nacional con funcionarios judiciales sería parte de una alquimia cotidiana.

Bajo este marco, fue que el pasado jueves se retomaron las declaraciones testimoniales referidas a la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

En primer lugar, brindó testimonio la jueza Federal de San Martín, Martina Forns, afiliada de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. “Las peores circunstancias de mi vida fueron cuando necesité de esa prestación porque mi marido estaba enfermo y me dejaron abandonada”, dijo.

“Me comuniqué con la secretaria del juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, ya que él era el encargado de la obra social judicial, pero nunca nadie se contactó para ayudarme”, indicó.

Además, la magistrada declaró: “Recibo continuamente amparos de salud por incumplimientos e irregularidades en el manejo de la obra social y la mayoría de los casos se relacionan con abandono de persona”.

A su turno, el ex funcionario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Héctor Daniel Marchi, prestó su testimonio por segunda vez en la Comisión, con el objetivo de ampliar su declaración en torno a las supuestas irregularidades en el manejo de la obra social.

Marchi dijo que “estaba aquí porque me interesa la seguridad jurídica de la mujer y del hombre de a pie”. “No estoy aquí por la bronca de un traslado, estoy porque me citaron como testigo de informes que hice hace bastante tiempo, totalmente técnicos y profesionales, y para defender al Poder Judicial de la Nación”, sostuvo.

Asimismo, dijo que era “la tercera vez que decía presente”, ya que declaró dos veces en la Comisión de Juicio Político y una en juzgado federal. “Los que tienen que dar la cara brillan por su ausencia, dos ministros y dos funcionarios que todavía no fueron citados”, reclamó.

“Preferí quedarme sin trabajo, pero jamás perder la dignidad y la autoridad, sabía que iba a pasar porque me negué a encubrir a -Mariano- Althabe y a Silvio Robles”, dijo en referencia al titular del directorio de la obra social y al vocero del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

Sobre la gestión de la obra social, Marchi reiteró que “no existe organización sin contabilidad integrada, es el escenario perfecto para cualquier hecho de corrupción, una negligencia grave que abarca la gestión de Maqueda y de Rosatti, que no se corresponde con los deberes de un funcionario público”.

Ante los diputados, Marchi también denunció el “posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos” y señaló “a Silvio Robles por orden del doctor Rosatti”. “Esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra Rosatti por un ex chofer de la municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses”, declaró.

El último testimonio de la jornada fue el de Nicolás Jacinto Serafini, contador público, quien trabajó como auditor de la obra social del Poder Judicial. “Estaba hecho el balance 2005, que no tenía una auditoría, esa era la última información contable que había en la obra social. El del 2005 no cumplía con las formalidades de un balance, por lo tanto, no lo podíamos dar por bueno”, dijo.

Como parte de las irregularidades en la obra social, Serafini indicó también que “el sistema informático contable era vulnerable, ya que podía ser modificado luego de cerrado un ejercicio, pudiendo ser alteradas las registraciones en cualquier momento”. Asimismo, aseveró que “no había seguridad de que todas las operaciones estén registradas en el sistema”.

Durante la reunión, realizada en el Anexo de la Cámara de Diputados, también se analizó la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan, dictada hoy por la Corte Suprema de Justicia.

El diputado Leopoldo Moreau (FdT) calificó el episodio como “un hecho de gravedad institucional”. En el mismo sentido, el titular del bloque del oficialismo, Germán Martínez, también criticó el fallo y dijo: “Vamos a estar al lado de cada uno de los diputados de estas provincias para que la vida democrática en San Juan y Tucumán esté plenamente resguardada”.

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