En medio del revoleo de coimas libertarias, el Partido Igualar pide un milagro

A través de su presidenta, Carmela Moreau, solicita que el Congreso repare el daño causado por el gobierno contra personas con discapacidad.

Foto. Gentileza IzqWEB

Recogiendo el guante de lo que familiares y el ciudadano de a pie denominan “plan de crueldad contra personas con discapacidad”, el Partido Igualar acaba de solicitar que el Congreso repare el daño causado por el gobierno de Milei y sus socios del PRO y la UCR, contra personas que viven con esta realidad a cuestas.

“Desde el Partido Igualar expresamos nuestra máxima preocupación ante los gravísimos hechos que han salido a la luz en torno a la gestión de las pensiones no contributivas por invalidez llevada adelante por el actual Gobierno Nacional”, expresa el comunicado del partido provincial Igualar, que a nivel local conduce la sanisidrense Carmela Moreau.

Además, señala que “las recientes filtraciones de audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, no sólo confirmarían un esquema de presuntas coimas y direccionamiento de fondos públicos, sino que también evidencian con claridad que la auditoría impulsada desde el Poder Ejecutivo fue diseñada deliberadamente para restringir el acceso a derechos esenciales”. Y agrega el PI, que todo esto es factible a partir de “la instrucción directa del ministro Federico Sturzenegger y con conocimiento de otros altos funcionarios”.

En este sentido, y ante tanto daño ocasionado y mientras la corrupción cubre a todo el gobierno y a encumbrados empresarios ligados a la ultraderecha, desde Igualar reclaman que el Congreso “impulse una Ley de Reparación Integral, que asegure justicia para las víctimas de este ajuste encubierto y sancione con firmeza a los responsables políticos y administrativos del fraude cometido desde el Ejecutivo”.

También exige que “restituya de manera inmediata y sin condiciones todas las pensiones por invalidez laboral que fueron dadas de baja o suspendidas como resultado de una auditoría viciada de nulidad impulsada por el Gobierno Nacional”.