Diputados en Comisión: nuevas universidades y blanqueo de capitales
Legisladores de la Comisión de Educación y de Presupuesto y Hacienda, respectivamente, dieron dictamen a ambos proyectos. La derecha rechazó crea más universidades. La ilusión de traer parte de los 400 mil millones de dólares depositados y fugados
La Comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda dictaminaron el establecimiento de tres casas de universidades nacionales. Mientras que la Comisión de Presupuesto y Hacienda di dictamen a un nuevo blanqueo de capitales procurando atraer parte de los cerca de 400 mil millones de dólares depositados en el exterior; en su mayoría de manera ilegal.
En cuanto a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda dictaminaron el establecimiento de tres casas de universidades nacionales: la universidad Madres de Plaza de Mayo en C.A.B.A, la universidad de Saladillo, y la universidad de la Cuenca del Salado, con sede en Cañuelas. Las mismas integran un paquete de ocho altas casas de estudio prontas a fundarse, dispuestas por dictamen para su tratamiento en la HCDN.
Al igual que en oportunidades anteriores, los sectores de la derecha nacional, Juntos por el Cambio y Libertada Avanza, rechazaron crear más casas de altos estudios. Consideran que estas cuestiones educativas las deben resolver el sector privado.
Se trata del potencial nacimiento de la universidad Madres de Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de la universidad de Saladillo en la localidad homónima, y de la Cuenca del Salado, teniendo por sede central el distrito de Cañuelas. Esto sucede mientras las universidades del Delta y Pilar, por caso, no encentran que los y las legisladores la aprueben en el recinto debido al rechazo de JxC y La Libertad Avanza.
Fue el diputado Daniel Arroyo (FdT) quien señaló que las tres entidades académicas integran un paquete de ocho futuras universidades, también con dictamen favorable: la universidad Juan Laurentino Ortiz de Paraná (Entre Ríos), de Río Tercero (Córdoba), y del Delta y del Pilar (PBA) “No se está creando universidades de la nada – recalcó Arroyo -: acá hay tradición, desarrollo académico, institutos terciarios, es decir, universidades provinciales que hoy pasarán a ser nacionales”. “La Argentina necesita más universidades”, ponderó el diputado del Frente de Todos, en tanto “universidad significa desarrollo, investigación, conocimiento y oportunidades para los jóvenes”.
En la suma de los beneficios socio-educativos, y de aquellos vinculados al conocimiento científico, Arroyo soslayó que “las universidades potencian el crecimiento económico del país, porque es evidente que va a haber más desarrollo tecnológico, más capacidad productiva y más cadenas de valor, en la medida que haya más universidades vinculadas con su medio”.
Por el contrario, la diputada Victoria Morales Gorleri (JxC) manifestó su rechazo al impulso de nuevas universidades nacionales, al considerar como “una farsa” el sostenimiento de las mismas mediante el presupuesto nacional, “en un momento de profunda crisis educativa, y donde los datos del sistema educativo son alarmantes y dolorosos”.
A modo ilustrativo, la diputada opositores citó el informe 2020-2021 presentado por el Ministerio de Educación de la Nación, donde observó que “más o menos 12 millones de alumnos componen el sistema de educación obligatorio, de los cuales 4 millones asisten al nivel medio, y sólo la mitad logran terminar la etapa escolar”. “Son 681.00 los alumnos inscriptos en la etapa universitaria, y sólo 137.500 logran terminar la universidad”, precisó Morales Gorleri en su diagnóstico. “En este momento de nuestro país, donde la educación se cae a pedazos, plantear la creación de 8 universidades nuevas, es una estafa”, sentenció la legisladora de Juntos por el Cambio.
Finalmente, la diputada del Frente de Izquierda, Romina del Plá, instó a mejorar el proyecto de ley partiendo de dos problemáticas ligadas al ámbito universitario. “El primero es que estas universidades se están creando sin establecer las condiciones de sus trabajadores y trabajadores, es decir, qué va a regir en cuanto al convenio colectivo de trabajo de docencia universitaria. Y el segundo aspecto – prosiguió del Plá -, es que estas universidades se crean bajo una Ley de Educación Superior, aprobada en el año 1995, y que ha dado lugar a los reclamos de organismos como el Banco Mundial o el FMI, que pretenden avanzar en mayores niveles de mercantilización de la educación universitaria”.
Blanqueo
En cuanto a una nueva Ley de Blanqueo de Capitales, la medida contempla el “establecimiento de un régimen general de declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado” y “un régimen simplificado de declaración”.
Según el proyecto, las disposiciones “complementan los avances globales en materia de intercambio de información tributaria que se vienen llevando a cabo en aras de garantizar una transparencia fiscal internacional”.
Desde la oposición, la diputada Germana Figueroa Casas (PRO) se refirió al contexto del proyecto y dijo que “se estima que un 45% de la economía está en la informalidad, esto hace que haya movimientos de dinero y de bienes fuera de circuito”.
“Con la gran presión tributaria, sumada a la inflación, hay muchos negocios, personas y empresas que una parte, o el total, las lleva hacia la informalidad. A esto se suman las restricciones a la compra de dólar”, añadió
“¿Cómo hacemos para formalizar esa economía? El blanqueo es una herramienta. El tema es que, para que un blanqueo tenga éxito, se tiene que generar confianza, no en un gobierno que se está terminando, donde la economía está muy complicada”, manifestó la diputada del PRO.
Por su parte, el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos) explicó los alcances del intercambio de información con Estados Unidos, logrado a fin del año pasado. “Muchos de los fondos en paraísos fiscales se fueron desplazando hacia los Estados Unidos, por eso es importante avanzar con el intercambio de información con la principal potencia”, dijo.
“El gobierno propone este proyecto por el cual se plantea, previo a ese intercambio de información, este régimen de declaración voluntaria del ahorro argentino. Da la posibilidad de que quienes tengan activos no declarados puedan presentarse con el pago de un impuesto que es reducido al inicio y creciente a lo largo del tiempo”, explicó Casaretto.
“El objetivo es que ingresen voluntariamente, si se los detectara habría que litigar para cobrar el capital, los intereses y las multas”, resumió.
Por último, el titular de la Comisión, Carlos Heller (Frente de Todos) dijo que se estima que hay 435 mil millones de dólares no declarados en el exterior. “El régimen de intercambio de información con Estados Unidos es una enorme posibilidad que tiene la Argentina de lograr el reingreso de esos fondos”, explicó.
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